Colombia condenó la brutal embestida contra la libertad de prensa en Venezuela: “El mundo unido debe incrementar la presión contra la dictadura”

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela desmanteló ayer dos sedes del canal de televisión independiente VPITV y clausuró una sede del diario Panorama, al mismo tiempo que el portal de noticias Tal Cual fue hackeado y la cadena oficialista Globovisión acusó a los medios Efecto Cocuyo, Caraota Digital y El Pitazo de ser “financiados para derrocar al gobierno”.

Tras tamaña embestida contra los medios independientes en Venezuela, Colombia, uno de los países que se mantiene firme en su presión contra la dictadura chavista, rechazó “los ataques, la incautación de equipos de transmisión, y el cierre de sedes por parte del régimen ilegítimo a varios medios de comunicación”.

En un comunicado, el ministerio de Relaciones Exteriores, calificó los ataques como actos contra la libertad de prensa y constató nuevamente los niveles de agresión y de intimidación que usa la dictadura contra la prensa libre. “La comunidad internacional debe unirse en el rechazo a estos actos y continuar incrementando la presión contra la dictadura en Venezuela”, exigió.

La embestida de la dictadura provocó fuertes reacciones de dirigentes políticos que condenaron las maniobras del chavismo para silenciar las voces disidentes en Venezuela.

La embajada británica en Caracas publicó un comunicado donde señaló que “el Reino Unido está comprometido con la libertad de expresión en Venezuela y el mundo”. El texto con fecha 8 de enero de 2021 declara que “la libertad de expresión y los medios de comunicación libres son necesarios para la democracia” y que “el Reino Unido seguirá apoyando a la sociedad civil venezolana en la promoción de los valores democráticos y los derechos humanos”.

“La dictadura de Maduro, vía Conatel y Seniat, arremete contra VPITV, uno de los pocos medios libres que resiste en Venezuela. Les roban equipos para transmisión y trabajo. Nuestra solidaridad con todo el personal de VPI que no ha dejado de reseñar cruda realidad de nuestro pueblo”, escribió en Twitter Carlos Vecchio, el embajador de Venezuela en EEUU designado por el presidente interino Juan Guaidó.

La Asamblea Nacional de Venezuela liderada por Guaidó también repudió los acontecimientos al replicar declaraciones del Comisionado para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, y del Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores, Julio Borges.

Prado señaló que la irrupción de 13 funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) en las instalaciones de VPITV corresponde a una violación a la libertad de expresión e información y afirmó que el caso fue puesto en conocimiento del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE) y a la Oficina de la Alta Comisionada de los DDHH Michelle Bachelet.

Borges, por su parte, alertó a la comunidad internacional sobre los ataques recibidos por los medios independientes en el país y expresó que la dictadura continúa su esfuerzo por ocultar la grave crisis humanitaria y la violación de DDHH que comete contra la ciudadanía.

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, escribió en su cuenta de Twitter: “Procedimientos disfrazados de legalidad contra la prensa libre. Así el régimen de Maduro ha quebrantado sistemáticamente la libertad de expresión. Cerrar medios y robarse sus equipos es parte de la guerra no declarada de la dictadura contra los ciudadanos. #InformarNoEsDelito”.

Los datos sobre el avasallamiento de la libertad de prensa en la venezuela de Maduro son abrumadores.Reporteros Sin Fronteras, El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, la prestigiosa ONG Espacio Público, por ejemplo- arrojan un mismo escenario: uno en el que los periodistas son perseguidos por las fuerzas de seguridad, los órganos censores rastrean hasta las comas de lo que se opina en las redes sociales, los medios críticos pierden sus licencias, se quedan sin papel para imprimir o les roban sus equipos, los periodistas son encarcelados y torturados, muchos se ven forzados al exilio y la sociedad de un momento a otro se queda sin conexión a internet.

“La violencia contra los periodistas no tiene costo en Venezuela. Si un policía golpea a un periodista en la calle no vas a encontrar a ningún funcionario que lo condene o lo cuestione. Hay una tarea de intimidación permanente”, explicaba semanas atrás a Infobae Carlos Correa, presidente de Espacio Público, la ONG que promueve la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en los medios. La organización, una referencia sobre el asunto en Venezuela, documenta los ataques a los periodistas y alerta sobra la situación a diario.

Las víctimas preferidas del régimen son los medios críticos locales, pero también las grandes plataformas consolidadas mundialmente, como Infobae que lleva seis años censurado en Venezuela.

Durante las últimas décadas, el chavismo se ha servido de los recursos del Estado para imponer su voz. Primero recurrió a estrategias convencionales, como disponer de los recursos públicos -principalmente los de PDVSA, la petrolera estatal- para dar y comprar espacios en los medios de comunicación que se iban comprometiendo con su línea editorial.

Una vez que tuvo medios sumisos, fue por más y comenzó a comprar los medios más antiguos y grandes del país a través de testaferros. Los que se resistían, como Radio Caracas de Televisión, se toparon con la fuerza del régimen y fueron obligados a cerrar. “Hoy son cientos los medios impresos y radiales que han cerrado o les han arrebatado, expropiado y robado sus equipos. Y a medida que surgen nuevas formas de voces digitales, entonces el régimen incrementa la persecución y la represión. Persigue, apresa y tortura periodistas”, asegura Machado.

Cuando comprar los medios no fue suficiente, comenzó a limitarse la distribución de papel para los periódicos. Las restricciones de acceso a ese insumo básico para los diarios, justificadas en la falta de divisas, llevaron a que, con el cese de la edición impresa de El Nacional en 2018, ya no quede ningún diario en papel de alcance nacional no alineado con el chavismo.

Además, en Venezuela los periodistas y los medios sobreviven en un ecosistema dominado por el terror, donde la autocensura es una mecanismo de defensa habitual. En 2017, Maduro sumó otro método de censura: la ley contra el odio. Aprobada por unanimidad por la Asamblea Constituyente erigida para quitarle poder a la Asamblea Nacional con mayoría opositora, la norma fija penas de hasta 20 años de cárcel y otras sanciones como multas a empresas y medios electrónicos, proscripción de partidos políticos y clausura de medios de comunicación a quienes difundan mensajes de odio.

Cuando no se silencia a quienes dan la información, entonces van por los que quieren informarse y bloquean internet. “Apagar el país” es la herramienta más frecuente del último año. De hecho, el Gobierno dejó sin conexión a todo el territorio venezolano en numerosas ocasiones, y en todas el objetivo fue evitar la difusión de una protesta en su contra, un discurso detractor o la sanción de una ley en el Parlamento.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: