Un obispo venezolano defendió a los indígenas que participaron en la Operación Aurora: “Cayeron en la trampa del oro fácil”

“Estoy consciente que estos indígenas tuvieron su culpa. Pero estoy seguro de que no eran ‘traidores a la Patria’, ni ‘derrocadores de ningún gobierno’. Está muy lejos Luepa de Caracas, el centro del poder. Sencillamente cayeron en la trampa del oro fácil. Se aprovecharon de ellos y les cargaron toda la culpa”, lo dice Monseñor Felipe González González, Vicario Apostólico del Caroní en el estado Bolívar.

El obispo se refiere a los trece indígenas que participaron, el 23 de diciembre de 2019, en la Operación Aurora, como se llamó el asalto al 513 Batallón de Infantería Selva “GD Mariano Montilla”, ubicado en el sector Luepa, municipio Gran Sabana del estado Bolívar. Unos se entregaron y otros fueron detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), trasladados a Caracas y después enviados a la cárcel El Rodeo II; el 3 de enero de 2021 murió uno de ellos, Salvador Fernando Franco Pérez, de 44 años.

Relata monseñor González que “finalizando el año 2019, por estos días de Navidad, tuvo lugar el hecho. A un grupo de indígenas pemones, en medio de la celebración del fin de año, “alguien’ les ofreció 15″‘gramas’ de oro por un trabajo. Eran reservistas que habían hecho su servicio militar en el Fuerte de Luepa y conocían perfectamente el lugar y las instalaciones”.

Revela que los indígenas “no sabían qué tenían que hacer ni dónde. Los embarcaron en un camión y en el trayecto a Luepa (a unos 40 Km. de distancia) les hacen ponerse ropa militar camuflajeada. Pensaban que, por ser días de Navidad y haber soldados de permiso, los llamaban para suplirlos”.

“Al llegar al Fuerte, sin ninguna oposición e impedimento les conducen directamente al lugar donde están las armas. Sacan una cantidad (cuántas, de qué clase). En aquel momento dieron un número exacto considerable. Y se marcharon con el armamento confiscado en el camión. Luego vino la alarma, la persecución y la recuperación de alguna de las armas. Y por supuesto, a los indígenas, medio mareados todavía por las libaciones de fin de año, los pusieron presos por ‘traidores a la Patria’ e intento de ‘derrocar el gobierno constitucional’”, dice el clérigo.

“Esta es mi versión de los hechos. No soy investigador ni juez del caso. Es sencillamente la apreciación y comentarios de las personas cercanas a los hechos. Todo ello exige una verdadera investigación y una dilucidación de lo que allí pasó”.

“Ha transcurrido un año y no ha habido juicio sobre la realidad. Estos ‘indios’ tenían que ser los chivos expiatorios que pagaran las culpas de los verdaderos “chivos grandes”, tanto civiles como militares involucrados, desde la oscuridad, en estos hechos”.

Monseñor destaca que se ha hecho muchas preguntas para las que no encuentra respuesta: “¿Quién contrató, con el señuelo de las 15 ‘gramas’, a estos alegres celebradores del fin de año? ¿De quién era el camión que los llevó a Luepa y cargó el armamento secuestrado? ¿Dónde estaban los vigilantes del Fuerte que no prendieron las alarmas, al llegar estos invasores desarmados? ¿Quién tenía la llave del lugar del arsenal para abrirlo sin hacer ruido? ¿Qué tan profundo era el sueño del gran número de soldados que vivían en el Fuerte y nadie se despertó ni oyó nada durante el trasiego del armamento al camión?”, se pregunta el prelado.

¿Y las autoridades?

Monseñor Felipe González nació en Madrid, España, hace 77 años y desde muy joven ha pertenecido a la Orden de los Frailes Menores Capuchinos: en 1985 lo designan Obispo de Tucupita, estado Delta Amacuro, hasta hace casi siete años que es Obispo del Vicariato de Caroní, estado Bolívar, donde ha tenido contacto estrecho con los indígenas de la zona. El 22 de febrero de 2019 acompañó a los pemones en el reclamo que hicieron por la masacre de indígenas por parte de militares venezolanos.

El Obispo se pregunta, en referencia al caso de los pemones de la Operación Aurora: “¿Los sabuesos investigadores qué han hecho?”, a la vez que agrega: “A los gordos no se les puede tocar, pero, sí enterrar a los ‘marginales indios’. Después de un año no ha habido tiempo de investigar, juzgar y culpar los delitos de cada uno. Ya Salvador Franco no necesita juicio. El Señor juez justo ya le habrá juzgado y estoy seguro de que, como al buen ladrón, le habrá ofrecido su compañía en el Paraíso”.

Como una dura crítica pregunta: “¿Dónde están las autoridades indígenas de la zona? ¿Capitanes locales y generales del sector? Los dejaron a merced de las fieras gubernamentales. Tenían que guardarse las espaldas para que no se les opusiera el injusto gobierno y los declarara ‘capitanes rebeldes’ de ‘comunidades rebeldes’”.

No hay respuesta válida a sus preguntas que hace a las autoridades indígenas: “¿Qué han hecho durante este año para que se juzgara a estos hermanos indígenas con dignidad y justicia? ¿Qué han hecho para atender las necesidades básicas de los presos en los distintos lugares de reclusión? ¿Qué van a hacer ahora con el cuerpo del difunto? ¿Permitirán que lo entierren en una fosa común como un perro callejero o van a ayudar para traerlo y enterrarlo dignamente en su comunidad?”

Monseñor destaca que “según me dicen, en San Francisco Kumarakapay ya no hay familiares de los presos porque los han perseguido y han tenido que huir. Si esto es verdad, la situación es política y más grave”.

“Hace días Salvador estaba enfermo (¿por malos tratos en la prisión?). Tenía una orden judicial para trasladarlo a una revisión médica. ¿Por qué no se hizo este traslado? ¿Quién lo impidió? ¿La Ministra o algún gerifalte de más abajo? Señora Ministra cuide a ‘sus’ presos. Esa es su obligación constitucional y además el día que tenga que sacarlos a la calle para defender al gobierno revolucionario no va a contar más que con enfermos y escuálidos”, finaliza diciendo Monseñor Felipe González.

Lo dejaron morir

A pesar de los gritos de auxilio para que se cumpliera la orden del juez Macsimino Márquez García, desde el 27 de noviembre, para su traslado a un centro hospitalario, el domingo 3 de enero de 2021 murió el indígena Salvador Fernando Franco Pérez, después de un año preso por la Operación Aurora. La ministra de Asuntos Penitenciarios Mirelys Zulay Contreras no dio la autorización para que el pemón con tuberculosis y desnutrido fuera llevado al médico.

El 27 de diciembre la comunidad indígena Pemón de Kumarakapay hizo público un comunicado en el cual solicitaban la atención de la ONU, la OEA; de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet; del relator de Pueblos Indígenas de la ONU, Francisco Cali Tzay; de la relatora de pueblos indígenas de la Organización de Estados Americanos, Antonia Urrejola Noguera, entre otros.

Solicitaron a Nicolás Maduro “que tenga un gesto de humanidad para con nuestro familiar Salvador Fernando Franco Pérez y de ser posible ordene su liberación, ya que tememos por su vida y en caso de ocurrir lo peor, sería el único responsable de ese hecho”.

Gonzalo Himiob, abogado y defensor de derechos humanos, reveló que “según Certificado de Defunción emitido después de la autopsia, Salvador Franco murió a causa de Edema Cerebral, Shock séptico y otras reacciones producto de la Tuberculosis y desnutrición que padecía desde hace meses, cuadro que empeoró fatalmente por falta de atención médica”.

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