“Esto es un asesinato de la dictadura. Es un patrón de este régimen la persecución, el secuestro, la tortura y hasta el asesinato político y por eso están señalados como criminales de lesa humanidad e investigados por la justicia internacional”, afirmó Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Tendremos justicia”, prometió el líder opositor reconocido por más de 50 países del mundo.
La ONG Foro Penal denunció este domingo la muerte por falta de atención médica del indígena de la etnia pemón Salvador Franco, detenido a finales de 2019 por su presunta implicación en el asalto a un cuartel militar en el sur del país y considerado por la oposición como un “preso político” del régimen de Nicolás Maduro.
“Fue como a las 8.00 de la mañana (12.00 GMT), falleció en la enfermería del Internado Judicial El Rodeo. Fueron sus familiares quienes nos informaron”, dijo a Efe el Coordinador Nacional de Pueblos Indígenas del Foro Penal, Olnar Ortiz. Ortiz añadió que los problemas de salud de Franco estaban documentados y que un juez con competencia en terrorismo había ordenado a finales de noviembre pasado que fuera trasladado a un hospital para que su salud fuera atendida, algo que finalmente no ocurrió.
“Nos dijeron que esperaban por autorización del Ministerio (para el traslado)”, dijo Ortiz. “Pero nunca supimos si necesitaban la autorización del ministerio de Prisiones o del ministerio de Pueblos Indígenas”, prosiguió.
En un informe médico de la prisión, a Franco se le diagnosticó anemia y bajo conteo de plaquetas, dos dolencias que Ortiz atribuyó a una posible “desnutrición”.
Asimismo, el Coordinador Nacional de Pueblos Indígenas del Foro Penal dijo a Efe que, además, Franco presentaba “síntomas” de covid-19 y sufrió durante meses de enfermedades gastrointestinales relacionadas con la insalubridad del recinto penitenciario. “En los últimos meses perdió bastante peso”, aseveró.
Franco fue apresado en diciembre de 2019, tras ser acusado de participar en el asalto a un cuartel militar en el sureño estado de Bolívar ocurrido el día 22 de ese año. En el ataque, dijo en enero de 2020 el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, los asaltantes cargaron con “131 fusiles, 9 cañones, 5 lanzagranadas, 5 escopetas, 2 ametralladores, 209 granadas, 99 bayonetas y miles de cartuchos con municiones para todas estas armas”.
Por el asalto fueron imputadas 18 personas, 13 pemones -todos apresados- y 5 militares.
“Condenamos la muerte por tortura del preso político venezolano de la etnia Pemón Salvador Franco. Otro crimen de la dictadura en Venezuela. Nuestras condolencias a su familia y allegados”, escribió el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en su cuenta de Twitter.
Leopoldo López también recurrió a su cuenta de Twitter y responsabilizó al régimen. “A Salvador le negaron el derecho a la salud; a pesar de tener una orden del tribunal le negaron el traslado a un hospital. Maduro y sus cuerpos represores siguen sumando delitos a sus expedientes criminales; hoy Salvador Franco murió bajo su tutela”, afirmó. Y agregó: “Cada muerte, tortura, preso político, cada violación de derecho recibirá justicia”.
En las últimas semanas, el Foro Penal y varios líderes indígenas habían iniciado una campaña para exigir la atención médica de Franco, en vista del notable deterioro de su salud. “Está escupiendo sangre, no puede respirar bien, está en estado de desnutrición”, había denunciado su hermana Liset Franco días atrás
“La salud del preso político indígena pemón Salvador Franco se ha deteriorado gravemente. Ya hoy no puede ni siquiera alimentarse por sí mismo. Su vida y su salud son responsabilidad directa de quienes lo mantienen injustamente encarcelado”, dijo en Twitter el Foro Penal el pasado 24 de diciembre.
Venezuela inició el nuevo año con 354 presos políticos señalados por conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro: 227 son civiles y 127 son militares.
Con información de EFE
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