La ONG venezolana Provea denunció este lunes la puesta en marcha de una “operación de maquillaje” de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB), cuerpo que ha sido acusado de numerosos abusos al punto que la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, recomendó su disolución en su informe sobre la crisis del país caribeño.
“Extraoficialmente se conoció el inicio de una operación (de) maquillaje de las FAES. Ratificamos (que) deben ser disueltas y sus altos mandos rendir cuentas por los cientos de ejecuciones y abusos principalmente contra los más pobres del país”, publicó Provea en su cuenta de Twitter.
En un video que acompaña la acusación, el coordinador de investigación de la organización, Marino Alvarado, indicó que recién el pasado 16 de noviembre el fiscal general Tarek William Saab anunció que investiga varias denuncias contra ese cuerpo. “Expresa preocupación tardía sobre los abusos que vienen cometiendo las FAES”, aseveró Alvarado acerca de los anuncios del fiscal.
Además, subrayó que el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, “guarda absoluto silencio”, una conduta que “cuesta vidas”, mientras “los abusos policiales se extienden en todo el país”.
En esa línea, Alvarado recordó que “la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas estableció que, entre 2017 y 2020, las FAES perpetraron 925 presuntas ejecuciones en el país y recomendaron también demoler a las FAES”.
Por eso, destaca que los miembros del cuerpo son “una maquinaria de terror, un escuadrón de la muerte que siembra sufrimiento en las zonas populares de Venezuela”.
En un hilo de Twitter, la organización indicó que, como parte de esa “operación de maquillaje”, las unidades de las FAES en las regiones “pasarían a ser DIE (Dirección de Inteligencia y Estrategia)”. “En la Gran Caracas seguirían las FAES pero también operaría el DIE. Ya en algunas sedes de las FAES los logotipos cambiaron a DIE”, apostilló.
Sin embargo, afirmó que se tratan de “puros cambios superficiales”, ya que “siguen los mismos directivos con sus prontuarios de presuntos crímenes de lesa humanidad y sus integrantes, muchos de ellos, con las manos manchadas de sangre por las ejecuciones”.
“Afortunadamente, se avanza lentamente pero a paso firme para que los responsables de los crímenes rindan cuentas ante la justicia”, concluyó.
Tras su visita a Venezuela en junio de 2019, Bachelet pidió al régimen de Nicolás Maduro disolver las FAES, señaladas por presuntas ejecuciones extrajudiciales y abusos a los derechos humanos.
Y en septiembre del año pasado, la ex presidenta chilena afirmó en su actualización del informe sobre Venezuela que su oficina “ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país”, al tiempo que lamentaba que no se hubiera seguido su recomendación de disolver ese cuerpo.
En la misma línea se pronunció la fiscal general de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, quien en su último informe encontró fundamentos razonables para creer que en el país caribeño se cometieron crímenes de lesa humanidad, y señaló a la FAES como una de las fuerzas de seguridad sospechosa de haberlos perpetrado.
No obstante, en diciembre de ese mismo año, Maduro rechazó lo que calificó como una “campaña mundial” para que se elimine esa fuerza policial, a la que ofreció “todo” su respaldo público y defendió como “una necesidad para la paz, la seguridad y la unión” de Venezuela.
Sin hacer alusión a estas declaraciones de Maduro, Saab dijo que “es mentira” que el FAES, que cuenta con entre 800 y 1.000 funcionarios activos. Pese a estas presuntas críticas del fiscal general, desde la oposición indicaron en varias oportunidades que se trata de una manera de mostrar cambios en el brazo armado del chavismo ante la comunidad internacional, más que una convicción de lo que está ocurriendo en Venezuela.
El pasado mes de septiembre, una misión de la ONU afirmó que Maduro y los ministros más importantes de su régimen están vinculados con posibles “crímenes de lesa humanidad”. “La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales -incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura- constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas, citada en un comunicado.
“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, agregó.
Tras ese contundente informe, Saab se refirió a la posibilidad de una “reestructuración” de las fuerzas de seguridad del régimen: “Es el momento de una reestructuración, no solo del FAES, sino de varios cuerpos policiales”.
Con información de EFE
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