No hubo justicia. Es la coincidencia a la que llegan varios de los familiares de los comandantes condenados por el llamado Movimiento de la Dignidad del Pueblo. Así contradicen al presidente de la Corte Marcial, mayor general (Ej) Edgar José Rojas Borges, quien dijo que “se hizo justicia”. Celebran que tres de los imputados iniciales hayan sido liberados, pero no se explican las razones legales para que a los otros cinco los hayan condenado.
“Todo fue un montaje para pretender ver que hubo justicia, siendo falso. Para que Michelle Bachelet diga que le están cumpliendo los acuerdos y hay justicia en los tribunales”.
“Empezando, el juicio no fue público. Ninguno de los comandantes admitió los hechos, a pesar de la presión contra la mayoría de ellos. Nada se hizo con relación a la denuncia de torturas de quienes le dijeron al juez cómo sucedió la tortura. Se ordenó una investigación que nadie va a hacer. Ese es un juicio con muchos vicios”.
Mientras el comandante del Ejército Igbert José Marín Chaparro, es el número uno o alférez mayor de la promoción 1999 “Coronel Miguel Antonio Vásquez”, su acusador y detractor, el ahora coronel Boris Millán Rudman Jiménez, es el número 87 de la misma promoción.
Rosalba Palmentieri, tía del teniente coronel Juan Carlos Peña Palmentieri, cataloga al coronel Rudman Jiménez como el “testigo estrella de la Fiscalía, que solo supuso, pensó, creyó que su compañero pensaba diferente a él y por eso los denunció con sus superiores”.
A su juicio, “él mintió en la audiencia, juró ante los jueces no haber sido detenido y esposado durante dos días con sus compañeros (hoy condenados) en la DGCIM, mintió al decir que fue voluntariamente y no recordaba qué pasó en esos dos días. Queda demostrado, en actas del juicio, que mintió, se contradijo y nada confirmó sobre los hechos que la Fiscalía Militar acusó a los comandantes”.
Destaca Palmentieri que “debió aplicarse el efecto extensivo a los demás comandantes que tienen los que fueron exculpados”.
Por su parte, la esposa de uno de los militares criticó que el juez Chacón Ramírez dijera que no podía subsanar los errores de la fase de control, “pero sí podía haber suspendido el juicio y que la causa volviera a control, al estado de investigar los mismos hechos”.
El juicio
Para un caso tan delicado, que trunca la carrera y la libertad de cinco comandantes del Ejército venezolano, fue un juicio casi exprés, que comenzó el 6 de noviembre de 2020 y concluye el 16 de diciembre de 2020.
Desde el principio del juicio se habló de las pruebas de una reunión que comprometía a los comandantes y del video que respaldaría la acción militar que supuestamente los oficiales habían planificado contra Nicolás Maduro. Las dos cosas fallaron; el video nunca apareció y las pruebas se limitaban a declaraciones incoherentes del testigo Rudman Jiménez y del funcionario de la Dgcim, alias Piraña.
De Rudman a Piraña
El coronel Rudman Jiménez confundió el estrado del tribunal con el del parlamento. Lanzaba discursos políticos que obligaron al juez a llamarle la atención no menos de quince veces. El compañero de promoción de los ahora comandantes condenados desviaba la mirada, mezcló varios casos, lo que evidencia que es un testigo preparado, que no tenía claro si estaba en el caso de los drones, de Paramacay o en el del 2 de Marzo.
Repetía que él quería a sus compañeros, pero que ellos pensaban diferente porque él se considera un “oficial revolucionario” y los otros no. El cuento de Rudman Jiménez, palabras más palabras menos, es que a él nunca lo invitaron a la supuesta reunión conspirativa, nunca lo invitaron y él llegó a saludar a Marín Chaparro pero “presentí que iba a pasar algo, tuve una extraña sensación de que algo monstruoso iba a ocurrir”, dijo. En la fase de preguntas y respuestas, Rudman estuvo seis horas respondiendo más o menos en el mismo estilo.
No hubo prueba alguna de la reunión, más allá de la palabra de Rudman, quien aseguró que lo que le hizo presumir que habría un golpe es que los oficiales hablaron de las despensas vacías en los cuarteles. Y aseguró que todo el plan se lo relató el comandante Deibis Esteban Mota Marrero, quien poco después desmintió haber tenido esa conversación con el delator. El juez se vio obligado a desestimar las dos pruebas documentales de la DGCIM que eran unas actas.
Por su parte, el capitán Jonathan Becerra, alias Piraña, incluyó elementos como: Marín Chaparro era el líder del Movimiento, basado en su cara, modo de caminar, de sonreír o quien sabe qué otra cosa. Calificó a Peña Romero como “mano derecha de Marín, por el caudal de dinero que manejaba”.
Lo insólito es que Piraña trasladó al comandante Marín Chaparro al juicio, en un carro particular propiedad de un privado de libertad. Es decir, sirve de violador de derechos humanos, de chofer en un vehículo que no tiene derecho a usar y traslada al comandante Marín Chaparro bajo riesgo. Eso fue del conocimiento del presidente de la Corte, del Juez y del Fiscal.
El juez
El juez Yoffer Javier Chacón Ramírez liberó a un comandante, un primer teniente y un sargento. Lo inexplicable es por qué condena a cinco comandantes que estaban en la misma causa, con las mismas imputaciones, por los mismos delitos, las mismas pruebas y los mismos hechos.
Esos oficiales estuvieron detenidos y sin juicio desde marzo de 2018, y por más de dos años y medio. Fueron condenados el miércoles 16 de diciembre de 2020 a 7 años 6 meses:
1. Tcnel (Ej) Igbert José Marín Chaparro, quien era jefe de la Caballería Motorizada GB Juan Pablo Ayala de Fuerte Tiuna.
2. Tcnel (Ej) Deibis Esteban Mota Marrero, jefe del Batallón GD Pedro León Torres. 104.- Alferez Deibis Esteban Mota Marrero
3. Tcnel (Ej) Erick Fernando Peña Romero, estaba adscrito al Hospital Militar de Caracas. 42.- Alférez Eric Fernando Peña Romero
4. Tcnel (Ej) Víctor Eduardo Soto Méndez, de la Caballería Blindada GJ José Laurencio Silva. 91.- Alferez Victor Eduardo Soto Mendez
5. Tcnel. Juan Carlos Peña Palmentieri, que cursaba Maestría en el Instituto de Estudios Estratégicos de la FANB. 20.- Alférez Juan Carlos Peña Palmentieri.
Los oficiales que quedaron en libertad: Tcnel. (Ej) Henry José Medina Gutiérrez, del Batallón GB Juan Antonio Paredes, el sargento Julio César Gutiérrez y el 1Tte Jeiber Josué Ariza Apolinar.
No solo es el coronel Rudman Jiménez que declaró contradicciones o incoherencias, es también la comparecencia como testigo principal contra los comandantes del capitán Jonathan Becerra alias Piraña, habiendo sido reconocido como torturador en la DGCIM y está denunciado por cometer delitos de lesa humanidad, por violación a los derechos humanos.
Finalmente, el juez ordenó otra vez el traslado de Marín Chaparro para la cárcel de Ramo Verde, pero la Dirección General de Contrainteligencia Militar lo mantiene en los inmundos sótanos en Boleíta.
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