La ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), que promueve y defiende los derechos humanos en Venezuela, denunció el recrudecimiento de las acciones represivas en contra de las organizaciones humanitarias que tuvo lugar en el país caribeño durante noviembre.
La organización reportó que el mes pasado se registraron “33 nuevos ataques e incidentes de seguridad” relacionados. El 82 % de las víctimas de las agresiones fueron organizaciones de derechos humanos, mientras que el 18 % personas individuales que realizan tareas similares por cuenta propia.
“Avanza la criminalización a la defensa de los derechos humanos y al trabajo humanitario como Política de Estado”, indica un párrafo de la denuncia de la ONG. A lo largo de 16 páginas, el documento detalla, entre otras cosas, que de las agresiones documentadas “19 fueron actos de estigmatización; cinco de intimidación y hostigamiento; cuatro amenazas; dos allanamientos; dos detenciones arbitrarias y un ataque digital”.
La organización no gubernamental afirmó además que, del total de los ataques documentados durante el mes pasado, “27 estuvieron dirigidos hacia las organizaciones de derechos humanos”, mientras que “seis de los hechos fueron individualizados contra personas defensoras de derechos humanos”.
En cuanto a los responsables de las agresiones cometidas contra quienes defienden y exigen derechos humanos en Venezuela, la ONG afirmó que el 40% provienen de medios de comunicación gubernamentales, un 15 % de funcionarios públicos, otro 15 % de organismos de seguridad, un 12 % de instituciones públicas y el restante 18 % de otros actores.
“Las nuevas acciones tomadas durante el mes de noviembre por el Estado evidencian la institucionalización de la Doctrina de la Seguridad Nacional que sitúa a quienes defienden y exigen derechos humanos como ‘enemigos internos’ que deben ser neutralizados”, denunció la ONG.
Y siguió: “Las medidas legales y fácticas impuestas han perfeccionado la Política de Criminalización de la defensa de derechos humanos y la estigmatización a quienes la ejercen. El derecho a defender derechos humanos de forma libre y sin represalias se ve amenazado por mayores restricciones y obstáculos, acciones que se suman a la precariedad de los servicios básicos y condiciones sociales que afectan y condicionan aún más el trabajo de los defensores y la plena operatividad de sus organizaciones”.
Luego señaló que la cooptación institucional y la falta de independencia de poderes “facilita la represión en distintos niveles del Estado y los organismos nacionales que deberían pronunciarse en favor de la promoción del trabajo de los defensores, se mantienen silentes frente a las agresiones contra defensores y algunos se suman a los actores responsables, por acción u omisión de la Política de Criminalización”.
“En un contexto cada día más adverso para la defensa de derechos humanos, el CDJ continúa acompañado, documentando y denunciando las agresiones contra los actores humanitarios, defensores de la salud, líderes sindicales, líderes sociales y organizaciones que realizan acciones de documentación, denuncia y difusión de las violaciones a derechos humanos y crímenes cometidos en Venezuela”, agregó la ONG.
Por último, reiteró el llamado a los distintos mecanismos creados para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, tanto en el seno de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano a “exhortar al Estado venezolano a cesar la Política de criminalización”.
“Defender derechos y realizar acción humanitaria no es delito. Ante la desprotección y riesgos a los cuales se enfrentan las personas y organizaciones que defienden derechos humanos, continuaremos trabajando en la construcción de entornos propicios y seguros, que permitan que el derecho a defender derechos humanos pueda ser ejercido sin injerencias arbitrarias y sin represalias”, manifestó la ONG.
Y concluyó: “Desde el CDJ reafirmamos nuestro compromiso por la aplicación efectiva la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos; conocida como la Declaración de Defensores, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998″.
El documento fue publicado solo un día después de que Human Rights Watch realizara una denuncia propia sobre el mismo tema, diciendo que “las autoridades venezolanas están acosando y procesando penalmente a las organizaciones de la sociedad civil que están realizando una labor esencial para hacer frente a la actual emergencia humanitaria en el país”.
La organización no gubernamental recordó los últimos casos de ataques contra grupos humanitarios, como el sufrido por Alimenta la Solidaridad el pasado 23 de noviembre, cuando la Procuraduría General de la República emitió una orden de captura contra seis cooperantes de la organización benéfica que administra 239 comedores que proporcionan alimentos a 25.000 niños y entrega 1.500 comidas diarias gratuitas a los trabajadores de la salud que prestan asistencia durante la pandemia, y del grupo internacional Save the Children. “Los cargos son lavado de dinero y pertenencia a una asociación ilícita. Los activistas no han tenido acceso al expediente penal en el caso contra ellos”, indicó sobre la avanzada del régimen sobre las entidades.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, se pronunció al respecto: “Al bloquear el trabajo de las organizaciones de ayuda en medio de una emergencia humanitaria, con niños que pasan hambre y pacientes de Covid-19 que necesitan un tratamiento adecuado, las autoridades venezolanas están demostrando que se preocupan más por reprimir a su gente que por ayudarla”.
El informe completo
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