Human Rights Watch denunció la persecución del régimen de Nicolás Maduro contra organizaciones humanitarias en Venezuela

Human Rights Watch (HRW) denunció este lunes la persecución del régimen de Nicolás Maduro contra organizaciones de la sociedad civil que se dedican a brindar asistencia humanitaria a una población que está atravesando la peor crisis de su historia.

“Las autoridades venezolanas están acosando y procesando penalmente a las organizaciones de la sociedad civil que están realizando una labor esencial para hacer frente a la actual emergencia humanitaria en el país”, señaló HRW en un nuevo reporte al respecto, publicado el lunes.

La ONG con sede en Nueva York remarcó que la persecución de la dictadura está dirigida por Maduro y es llevada a cabo por las fuerzas de seguridad que responden al régimen chavista.

“Han llevado a cabo una campaña sistemática contra los grupos de derechos humanos y humanitarios que operan en el país, que incluye la congelación de cuentas bancarias, la emisión de órdenes de detención y el allanamiento de oficinas, así como la detención de algunos miembros para su interrogatorio”, denunció Human Rights Watch por medio de un comunicado.

“Mientras tanto, las autoridades bancarias están imponiendo restricciones que limitan la capacidad de los grupos de la sociedad civil para operar en el país, y el Gobierno no ha proporcionado a los principales organismos de ayuda humanitaria permisos para que el personal internacional pueda entrar en el país”, agrega el texto.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, se pronunció al respecto: “Al bloquear el trabajo de las organizaciones de ayuda en medio de una emergencia humanitaria, con niños que pasan hambre y pacientes de Covid-19 que necesitan un tratamiento adecuado, las autoridades venezolanas están demostrando que se preocupan más por reprimir a su gente que por ayudarla”.

En esa línea, instó a la comunidad internacional a presionar a la dictadura venezolana “con fuerza y urgencia” para que permita a los grupos humanitarios “operar y evitar más pérdidas de vidas evitables”.

HRW recordó que el pasado 18 de diciembre expertos en derechos humanos de la ONU también instaron a las autoridades chavistas “a poner fin a su represión contra las organizaciones de la sociedad civil”. “De acuerdo con el derecho internacional, los gobiernos deben garantizar que los defensores de los derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin represalias, amenazas, intimidación, acoso, discriminación u obstáculos legales innecesarios”.

La organización no gubernamental recordó los últimos casos de ataques contra grupos humanitarios, como el sufrido por Alimenta la Solidaridad el pasado 23 de noviembre, cuando la Procuraduría General de la República emitió una orden de captura contra seis cooperantes de la organización benéfica que administra 239 comedores que proporcionan alimentos a 25.000 niños y entrega 1.500 comidas diarias gratuitas a los trabajadores de la salud que prestan asistencia durante la pandemia, y del grupo internacional Save the Children. “Los cargos son lavado de dinero y pertenencia a una asociación ilícita. Los activistas no han tenido acceso al expediente penal en el caso contra ellos”, indicó sobre la avanzada del régimen sobre las entidades.

Al día siguiente, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN) allanaron las antiguas oficinas de la ONG, en Caracas, sin “ninguna orden” judicial.

El caso más reciente es el de la ONG Convite. El 15 de diciembre, agentes de la Fuerza de Acción Especial (FAES), una unidad especial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), allanaron las oficinas de la organización que vela por los derechos de las personas mayores en Venezuela y ha distribuido ayuda humanitaria a 4.500 personas en varios estados. “Los oficiales mostraron al personal de Convite lo que dijeron que era una orden de registro que les permitía buscar explosivos, armas y actividades relacionadas con el terrorismo, pero no proporcionaron una copia de la misma”.

Los uniformados incautaron tres computadoras y dos teléfonos celulares durante varias horas, y llevaron al director de Convite, Luis Francisco Cabezas, y a su gerente administrativo, Patrizzia Latini, a la sede de la FAES para interrogarlos.

“La FAES ha sido implicada en abusos atroces, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha expresado su preocupación por el hecho de que las autoridades puedan haber utilizado a los agentes de la FAES para generar temor entre las poblaciones locales mediante el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las operaciones de seguridad, el allanamiento de morada, la toma de pertenencias personales y la perpetración de actos de violencia”, sostiene Human Rights Watch.

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