La población de la Güiria, en el estado venezolano de Sucre, rechazó este sábado la visita de funcionarios chavistas que intentar repartir donativos, como muestra del repudio a lo que consideraron un intento por acallarlos tras la muerte de decenas de personas que intentaban huir por mar de la crisis del país.
La delegación del régimen chavista, encabeza por el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, intentó distribuir colchonetas, alimentos y medicamentos, pero enfrentaron las críticas de la población local.
“Así corrió la gente de Guiria a representantes del gobierno que querían callar a la población”, describió el periodista local Junior Parra, junto a videos que muestran el descontento de los ciudadanos. En esa misma jornada, la ministra de Interior venezolana, Carmen Meléndez, elevó a 29 la cifra de personas fallecidas en los naufragios de los intentos por llegar a Trinidad y Tobago.
La ciudad lleva varios días de protesta, ya que consideran que el chavismo no hizo intentos por fiscalizar la situación y tampoco puso todos los recursos necesarios para buscar a posibles sobrevivientes.
En Güiria, una población costera desde la cual suelen zarpar precarias embarcaciones ilegales, no se habla de Navidad por estos días. Ataúdes de madera en la plataforma trasera de camiones son la imagen recurrente de diciembre. Se respira duelo.
Los primeros cuerpos aparecieron cinco días después durante un recorrido de rutina de un patrullero guardacostas. Más de un centenar de personas han muerto o desaparecido en esta travesía desde 2018.
La Fiscalía venezolana sostiene que estos zarpes ilegales están relacionados con “mafias” de tráfico humano, un delito que llevan años denunciando diputados del Parlamento y familiares de desaparecidos en naufragios anteriores.
Tadira Mata, profesora de educación física, aseguró que la respuesta oficial llegó muy tarde. “Desde el momento en qué pasó esto aquí no hubo quien ayudara, quienes salían a buscarlos eran los pescadores con su poquita gasolina”, dijo a la AFP esta mujer que asegura perdió a 10 exalumnos en el naufragio.
Hace unos días, una marcha llegó hasta el comando de la Guardia Nacional, que es responsable del tránsito de las embarcaciones. “La corrupción es terrible en la Guardia Nacional, solo les interesa el dinero que le lucra la entrada y salida de los botes”, criticó por su parte Carla, de 40 años, habitante del pueblo y presente en la protesta.
Las autoridades venezolanas han detenido hasta el momento a dos personas por el caso: el dueño de la embarcación y el propietario de la hacienda de la cual partió. El Ministerio Público también pidió capturar a otros cuatro civiles y a siete militares. Estos agentes, según las averiguaciones, habían detenido al dueño de la embarcación cuando traía a varias personas desde Trinidad y, para no reportar este hecho ante la Fiscalía, le cobraron 4.500 dólares.
La ONU estima que más de cinco millones de venezolanos dejaron su país desde 2015 y que unos 25.000 llegaron a Trinidad y Tobago.
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