Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y reconocido por más de 50 países como presidente interino , pidió a los gobierno de Argentina y México condenar las violaciones a los delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
En un adelanto de la entrevista con Oppenheimer Presenta, de la cadena CNN, el opositor venezolanos criticó la falta de determinación de Andrés Manuel López Obrados y Albertos Fernández: “Hoy, los que fingen o tratan de aparentar neutralidad en la crisis que atraviesa Venezuela, simplemente colaboran con un régimen con crímenes de lesa humanidad”.
Los gobiernos de México y Argentina modificaron sus posturas cuando asumieron los nuevos gobiernos: López Obrador en 2018 y Férnández en 2019. La asunción al poder de ambos mandatarios cambiaron radicalmente la postura de sus antecesores -Enrique Peña Nieto y Mauricio Macri- que lideraban la condena internacional contra el régimen de Maduro.
Ambos, de hecho, invitaron a funcionarios chavistas en sus ceremonias de investidura. Fernández, al ministro de comunicaciones Jorge Rodríguez, y AMLO fue mucho más allá y recibió con honores al propio Maduro y a su esposa Cilia Flores.
Más allá de las polémicas fotos y reuniones, tanto México como Argentina suelen abstenerse de votar en contra de Maduro en al OEA o de condenar sus actos explícitos de avasallamiento a la democracia.
Durante la campaña, Fernández fue un poco más crítico del chavismo, lo que le valió amenazas públicas del número dos del PSUV, el buscado por narcotráfico Diosdado Cabello, pero también problemas internos: el Presidente argentino sabe que cualquier definición que adopte provocará enojos en la coalición gobernante, integrada por dirigentes que condenan la dictadura chavista y por otros -el kirchnerismo- que respaldan a Maduro incondicionalmente.
Pero Guaidó es claro en su mensaje: califica a la neutralidad como “aparente” y asegura que quien se crea neutral sólo está colaborando con un régimen que comete delitos de lesa humanidad.
Su análisis tiene sustento. Esta semana se conoció que Fatou Bensouda, fiscal ante la Corte Penal Internacional, anunció que evalúa presentar una acusación formal contra “autoridades civiles y miembros de las fuerzas armadas” venezolanas, tras haber encontrado fundamentos razonables para creer que “al menos desde abril de 2017 (...) han cometido crímenes de lesa humanidad”.
Según la misión especial de la ONU para Venezuela “las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad”.
“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, agregó la presidenta de la misión, Marta Valiñas.
La misión investigó el accionar del SEBIN y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y documentó detenciones que en realidad eran “desapariciones forzadas de corta duración”, que incluían “torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual” para “obtener confesiones o como castigo”. Según Cox, los organismos de inteligencia sometieron a opositores o disidentes “a violencia sexual”, así “como palizas y descargas eléctricas en los genitales”.
Francisco Cox, miembro de la delegación, declaró ante la prensa que los investigadores encontraron evidencias de que Maduro había ordenado en ocasiones personalmente al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) a quién vigilar y detener. “Tenemos participación y contribución al crimen de Maduro, ya sea directamente a través de la cadena de mando” o en ocasiones “dando órdenes directas”, afirmó. “Tenemos motivos razonables para creer que esto es una política de Estado [...] para sofocar a la oposición”, sostuvo.
La misión investigó “16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales”, además de “2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad” entre 2015 y 2017.
Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dijeron a la misión que “era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular ‘enfrentamientos’”. “Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen”, dijo Valiñas.
En julio pasado, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ya había presentado un informe denunciando “detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso” y casos de “tortura y desapariciones forzadas”.
En esa ocasión, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela investigó 223 casos, 48 de ellos en profundidad, en un exhaustivo informe de 443 páginas. Además, estudió otros 2.891 casos para “corroborar los patrones de violaciones y crímenes”, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.
La Organización de Estados Americanos (OEA) fue contundente. En su último informe -una ampliación del de 2018- concluyó que hay una base razonable para creer que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El documento señala, además, que desde la publicación del informe de 2018, los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han aumentado en escala, alcance y gravedad, al tiempo que el país enfrenta una crisis humanitaria causada por una agitación política y económica sin precedentes, junto con una escasez de productos alimenticios y médicos.
Los datos de la investigación son abrumadores. Identifica 18.093 ejecuciones extrajudiciales realizadas por fuerzas de seguridad del Estado o colectivos desde 2014. También contabiliza 15.501 casos de detención arbitraria u otras instancias de privación severa de libertad desde 2014. Documenta 724 casos de desaparición forzada en 2018 y 2019. Identifica 653 casos documentados de tortura desde 2014. Asegura que la violación y la violencia sexual han sido convertidas en armas por el régimen, incluso como método de tortura.
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