Expertos en derechos humanos de la ONU instaron este viernes al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a poner fin a la represión contra las organizaciones de la sociedad civil.
Los relatores especiales Clément Voule, Irene Khan, Mary Lawlor y Fionnuala Ní Aoláin firmaron el escrito en el que condenan que “desde noviembre de 2020 Venezuela ha estigmatizado y perseguido sistemáticamente a las organizaciones de la sociedad civil, a las voces disidentes y a los defensores de los derechos humanos, y esto debe terminar”.
“Dada la preocupante situación socioeconómica en la que se encuentra el país, que empeoró durante la pandemia, las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales son más esenciales que nunca para garantizar el acceso a las necesidades y los servicios básicos respetando los derechos humanos”, dijeron.
Además, señalaron que su papel en la protección de los derechos humanos y en la asistencia a las poblaciones vulnerables “debe ser protegido, no socavado”.
Los expertos hicieron un llamado a los miembros de la nueva Asamblea Nacional elegida la semana pasada para que aprueben leyes que protejan a las ONG y a los defensores de los derechos humanos, de acuerdo con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que Venezuela ha asumido.
También alentaron a la nueva Asamblea Nacional, cuya toma de posesión está prevista para el 5 de enero de 2021, a abolir la vigente legislación restrictiva, en particular la “Ley contra el odio” de 2017 que, según los expertos, ha sido utilizada para silenciar a los defensores de los derechos humanos y las voces críticas.
“La libertad de asociación y la libertad de expresión son pilares esenciales de una sociedad democrática”, dijeron. Y acotaron: “Venezuela debe dejar de intentar controlar a las organizaciones de la sociedad civil y dejar de estigmatizar públicamente a sus líderes y de criminalizar el trabajo de la sociedad civil y de los defensores de los derechos humanos”.
Luego sostuvieron que “parece” que la nueva Asamblea Nacional dará prioridad a la aprobación de una ley que restringiría significativamente el acceso de las organizaciones no gubernamentales a la financiación extranjera. “Estas medidas han tenido efectos paralizantes en las ONG que prestan apoyo humanitario a las poblaciones vulnerables, lo que ha dado lugar a que se agraven las violaciones de los derechos económicos y sociales de las personas que estas ONG ayudan”, enfatizaron.
Luego, los relatores compartieron sus preocupaciones de que leyes tales como la “Ley contra la Delincuencia Organizada y la Financiación del Terrorismo” puedan ser utilizadas para limitar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.
“La sociedad civil desempeña un papel clave en la promoción y protección de los derechos humanos”, subrayaron.
Y concluyeron: “Ahora más que nunca, la situación humanitaria y de los derechos humanos en Venezuela exige que la sociedad civil, incluyendo los defensores de los derechos humanos, sea apoyada y protegida”.
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