El nuevo reporte de la OEA sobre la crisis humanitaria en Venezuela arrojó estremecedoras cifras sobre los crímenes cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. Entre ellos sobresalen las más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales cometidas por sus fuerzas desde 2014, así como más de 15.000 detenciones arbitrarias y cientos de casos de tortura. No obstante, aseguran que esta última cifra es probablemente mayor “ya que informes confiables destacan que muchas de los miles de personas detenidas han sido víctimas” de este tipo de tratos.
El informe, de 153 páginas, urge desde el título a tomar acciones internacionales contra la dictadura chavista y critica lo que considera la inacción de la Corte Penal Internacional (CPI) con respecto a las denuncias elevadas contra la dictadura chavista: “Fomento de la impunidad: el impacto del fracaso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, la frase que lo encabeza.
El reporte amplía la evidencia presentada en el documento publicado en 2018 por un Panel de Expertos Independientes convocados por la OEA, el cual concluyó que había una base razonable para creer que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Desde entonces, “los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han aumentado en escala, alcance y gravedad”, indica el nuevo reporte del organismo multilateral.
En cuanto a la situación general del país caribeño, el reporte la describe que “sigue siendo calamitosa”. No cesa de aumentar la pobreza, la hiperinflación, el enorme desabastecimiento y las enfermedades, y el país se enfrenta a grandes escaseces”, relata el documento, que considera que la situación política “también sigue siendo convulsa”, al apuntar que Maduro “intenta ahora controlar la Asamblea Nacional” a través de los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre, desconocidos por la oposición y la vasta mayoría de la comunidad internacional.
Los principales hallazgos:
-El reporte identificó 18.093 ejecuciones extrajudiciales realizadas por fuerzas de seguridad del Estado o colectivos desde 2014.
-15.501 casos de detención arbitraria u otras instancias de privación severa de libertad desde 2014.
-653 casos documentados de tortura desde 2014.
-724 casos de desaparición forzada entre 2018 y 2019.
-La violación y la violencia sexual han sido convertidas en armas por el régimen, incluso como método de tortura.
-Destaca que decenas de millones de personas han sufrido o han sido objeto de lesiones graves debido a la actual crisis humanitaria creada por el régimen: 7 millones de personas necesitadas y más de 100,000 niños menores de 5 años afectados por desnutrición aguda severa. En base a informes de la ONU y organizaciones internacionales, la desnutrición alcanza al 52% de iños y el 24% de embarazadas.
-Con bajas tasas de vacunación y medicamentos limitados, ha habido brotes de sarampión y difteria y al menos 400.000 casos de malaria, el más alto de América Latina. Se reportan casi 1.000 muertos por falta de medicamentos contra la malaria.
El informe también presenta presuntos delitos que no formaban parte del informe de 2018, incluidos “actos inhumanos” cometidos intencionalmente que han resultado en gran sufrimiento o muerte. Estos incluyen acciones del régimen de Maduro que han facilitado y prolongado el empeoramiento del desastre humanitario de Venezuela.
Con respecto al rol de la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, indicaron que muestra un “fracaso en realizar su examen preliminar de manera expedita, así como en abrir una investigación a pesar de la abrumadora evidencia de crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte”.
Por ello, le recomienda proceder lo más rápidamente posible para abrir una investigación sobre la situación en Venezuela y, mientras tanto, solicitar acceso inmediato, pleno y abierto a Venezuela, emitir una declaración pública detallada sobre el deterioro de la situación en Venezuela y resaltar el verdadero alcance y gravedad de la situación en Venezuela en su próximo “Informe de Actividades de Examen Preliminar 2020”.
Bensouda declaró a inicios de mes que considera que existen “fundamentos razonables para creer” que se han producido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La Fiscalía de la CPI ha solicitado a Venezuela información sobre “los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma”, la carta fundacional de la corte internacional.
En noviembre, el fiscal chavista Tarek William Saab viajó a La Haya para intentar impedir que la CPI avanzara a la siguiente etapa del proceso judicial. Sin embargo, Bensouda le dijo que ya lo había hecho.
El reporte de la OEA concluyó que “los crímenes perpetrados en Venezuela y sus repercusiones en la población civil van de mal en peor”. Y en una conferencia virtual, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció que “se ha permitido al régimen de Venezuela operar con impunidad durante demasiado tiempo”. “No hay excusa para las acciones del régimen de Maduro”, finalizó.
El documento completo:
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