“El que no vota, no come”: la amenaza de Diosdado Cabello de cara a las elecciones parlamentarias convocadas por el chavismo en Venezuela

A pocos días de las elecciones parlamentarias venezolanas convocadas por la dictadura de Nicolás Maduro, este lunes el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavista, Diosdado Cabello, lanzó una fuerte amenaza a la población con el objetivo de que concurran a las urnas para participar de los comicios que no cuentan con el reconocimiento de gran parte de la comunidad internacional.

“El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”, sostuvo el dirigente chavista, durante un acto de campaña del Gran Polo Patriótico en el estado Carabobo.

La amenaza de Cabello está principalmente dirigida a los sectores más vulnerables del país, que en gran medida dependen de las ayudas provistas por el Estado.

Pese a la falta de reconocimiento internacional, y a la negativa a participar por parte de la oposición liderada por Juan Guaidó, la dictadura de Maduro celebrará de todas formas las elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre. Ante este contexto, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) reiteró este lunes que los comicios, considerados un fraude, agravarán la crisis que vive el país caribeño.

“Ratificamos lo que anteriormente señaláramos al decir que el evento electoral convocado para el próximo 6 de diciembre, lejos de contribuir a la solución democrática de la situación política que hoy vivimos tiende a agravarla”, reza un comunicado de la CEV.

Además, subrayan que estos comicios “no ayudarán a resolver los verdaderos problemas del pueblo”.

La Conferencia Episcopal también envió un “llamado urgente a todos quienes dedican sus esfuerzos a la política y a las diversas organizaciones de la sociedad civil a fin de continuar haciendo esfuerzos en conjunto para restablecer los derechos democráticos de la nación”.

En este sentido, la CEV considera “necesarias e importantes” todas las iniciativas, entre ellas la consulta popular a la que ha convocado Guaidó.

La consulta, que se celebrará del 5 al 12 de diciembre, preguntará a los ciudadanos si rechazan “el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento”.

Asimismo, les cuestionará si exigen “el cese de la usurpación de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables”.

Finalmente, el tercer punto inquiere a los venezolanos si “ordenan” hacer “las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad”.

Respecto a esta consulta, la Conferencia Episcopal sostuvo que “el pueblo tiene pleno derecho a expresarse por los legítimos canales garantizados por la Constitución”.

Para la CEV, los venezolanos no deben dejarse “vencer por el desaliento”, sino “continuar haciendo todo lo posible y trabajar por la unidad, la paz y la prosperidad de la nación, anteponiendo el bien común como prioridad a cualquier otro interés”.

“El pueblo venezolano anhela, ciertamente, un cambio pacífico de la situación, para lo cual quiere expresarse con el voto, en condiciones justas, equitativas y de igualdad para las partes”, afirman.

El pasado viernes, Guaidó llamó a la población venezolana a permanecer en sus hogares el próximo domingo: “El 6 de diciembre deben quedarse en sus casas y dejar sola a la dictadura. Es en la calle donde se defienden los derechos y allí los vamos a defender. Tenemos que ir calle a calle”.

“Maduro sigue usurpando funciones en Miraflores, pero nosotros estamos en el lugar que nos hizo mayoría, en el que se nos permite defender los derechos… en la calle, donde vamos a seguir”, agregó el presidente interino de Venezuela, durante una recorrida por el bulevar de Sabana Grande, en Caracas.

La oposición venezolana, liderada por Guaidó, rechaza las elecciones porque, entre otros temas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) intervino varios partidos críticos con el régimen, y puso a su frente a antiguos militantes que habían sido expulsados por actos de corrupción y por sus vínculos con la dictadura. En tanto, los comicios también fueron cuestionados por la mayoría opositora del país, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), pues consideran que serán una “farsa”.

El régimen allanó una organización benéfica alimentaria

Las palabras de Cabello toma un cariz más amenazador al considerar que días atrás el régimen allanó la sede y congeló las cuentas de Alimenta la Solidaridad, una entidad benéfica que provee ayuda vital a decenas de miles de niños del país caribeño que no tienen otra fuente de acceso a alimentos.

El régimen ha acusado a la organización de canalizar donaciones extranjeras para la subversión política, sin presentar pruebas de la supuesta ofensa. La organización sin fines de lucro y sus aliados calificaron las acusaciones y las redadas como una cruel táctica política que pone en riesgo la vida de los ciudadanos más vulnerables del país.

Según consignó The New York Times, muchos de los niños obtienen su única comida diaria de la organización y muchos de ellos comen una parte de sus comidas para poder llevarle el resto a sus familiares.

“Las consecuencias de esto serán brutales”, aseguró Susana Raffalli, una destacada nutricionista y activista venezolana. “A partir de ahora todos los trabajadores sociales tendrán miedo de seguir trabajando”.

Cuando la economía de Venezuela comenzó a derrumbarse bajo el mandato de Maduro, la dictadura recortó de manera drástica el gasto en educación, atención médica e incluso ayuda alimentaria, lo que hizo que las organizaciones sin fines de lucro tuviesen que llenar ese vacío. El año pasado, solo el cuatro por ciento de los venezolanos ganaron lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, según una encuesta realizada por las universidades públicas más prestigiosas del país.

Además, la encuesta concluyó que la inseguridad alimentaria alcanzó el 100 por ciento de la población en aproximadamente 20 municipios de Venezuela. La coordinadora de la Encovi, Anitza Freites, dijo a su vez que en esos mismos municipios también hay un “100 por ciento de hogares en situación de pobreza” y “un 100 por ciento de hogares con deficiencias en los servicios públicos”, por lo que se pueden considerar como zonas en “situación extrema en cuanto a condiciones de vida adversas”.

Con información de EFE

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