Autoridades de Trinidad y Tobago informaron este sábado de la deportación de 160 venezolanos a los que acusó de ingresar al país caribeño “ilegalmente”, pocos días después de una polémica repatriación por vía marítima que incluyó a 16 menores de edad.
“El Ministerio de Seguridad Nacional desea informar que la deportación de ciento sesenta (160) ciudadanos venezolanos, quienes ingresaron ilegalmente a Trinidad y Tobago, se ha realizado hoy en conjunto con las autoridades venezolanas”, indicó un comunicado, haciendo alusión al régimen de Nicolás Maduro.
La decisión se produce luego de la deportación el pasado 22 de noviembre de 26 migrantes venezolanos, entre ellos 16 menores, que más tarde fueron retornados a Trinidad y Tobago, luego de permanecer varias horas en altamar.
El grupo obtuvo un indulto por un juez del Tribunal Superior, que ordenó detener la deportación y dictaminó que los menores sean puestos en libertad bajo la custodia de sus padres una vez finalizada la cuarentena por covid-19.
Trinidad y Tobago advirtió que “continuará aplicando las leyes y hará todo lo que pueda para asegurar las fronteras y prevenir la entrada ilegal”.
El miércoles, el primer ministro trinitense, Keith Rowley, señaló que el país de 1,3 millones de habitantes se encuentra bajo “asalto” de migrantes ilegales que “usan niños inocentes” para sus fines.
Ese día, el régimen de Nicolás Maduro pidió un encuentro con autoridades de Trinidad y Tobago para “revisar temas de seguridad, movilidad humana, lucha contra la delincuencia y narcotráfico”.
David Smolansky, delegado del líder opositor Juan Guaidó ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), denunció por su parte, que “no pudieron deportar a 16 niños durante la semana, gracias a la presión de la sociedad y la comunidad internacional, pero ahora usan una puerta giratoria de deportaciones” con el respaldo del régimen de Maduro.
Naciones Unidas estima que más de cinco millones de venezolanos salieron desde finales de 2015, forzados por una crisis que lleva al país con las mayores reservas de petróleo a transitar hacia su séptimo año de recesión. Rowley sostiene que su país ha facilitado el registro a 16.000.
Protección de los venezolanos
Hoy el comisionado de la policía de Trinidad y Tobago, Gary Griffith, garantizó que se implementarán las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de los venezolanos en ese país. Esto mientras se espera la decisión de las autoridades locales respecto a los 16 niños de esa nacionalidad, de un grupo de 26 venezolanos, que esperan asilo tras ser inicialmente deportados.
Griffith dio dicha garantía tras reunirse con Carlos Amador Pérez, embajador por el régimen de Venezuela en Trinidad y Tobago, quien realizó una visita de cortesía a las oficinas centrales de la Policía en Puerto España, la capital.
Pérez mostró además su deseo de una mejor colaboración entre los dos países en iniciativas contra el crimen.
Encuentro entre ministros
El viernes, el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, anunció que mantendrá una reunión con su homólogo venezolano.
El funcionario de Trinidad y Tobago matizó que la reunión será virtual, pero no precisó la fecha.
Young dijo que el grupo fue escoltado fuera de las fronteras de Trinidad y Tobago.
La última información disponible señala que familiares de los 16 menores venezolanos del grupo de al menos 26 que fue detenido la semana pasada y habían sido inicialmente deportados de Trinidad y Tobago, permanecieron casi dos días perdidos en el mar y que volvieron finalmente al país caribeño, permanecen a la espera de la decisión de las autoridades locales sobre el futuro de los niños.
Hoy la justicia ha determinado que un grupo de ellos puede, por el momento permanecer sobre territorio de Trinidad y Tobago.
Los 26, incluidos 16 niños, el más joven un bebé de cuatro meses, la semana pasada retornaron a ese país y detenidos en una estación de la Policía.
El domingo pasado salieron en una embarcación rumbo de vuelta a Venezuela, pero tras cerca de 2 días en paradero desconocido regresaron a Trinidad y Tobago en estado muy deteriorado.
En 2019, Trinidad y Tobago entregó documentación por la que se legalizaba la situación a 16.000 venezolanos. Esto les ha permitido trabajar y residir legalmente.
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