Desde que los delegados que Michelle Bachelet envió a Venezuela recomendaron salir de los juicios de presos políticos civiles y militares, los tribunales pasaron del retardo procesal a acelerar juicios, a puertas cerradas. Los testigos: uno de ellos ha sido torturador, otros son funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Contra muchos procesados no hay ni siquiera pequeñas pruebas.
Dos juicios ya arrancaron, el de Paramacay II y el de los Comandantes del 2 de Marzo. Hoy viernes se prevé que, a las 9 de la mañana, se inicie el de la Operación Armagedón con un Tribunal itinerante de Maracay, a cargo del coronel (GNB) José Milano Rincones. Tienen el mismo patrón. Mientras les prohíben a los familiares el ingreso, sí se los permiten a otros jueces o funcionarios de la Dgcim sin relación alguna con el juicio.
Cómo será que a quienes están usando como testigos o expertos contra esos militares imputados y otros es a funcionarios de la Dgcim, el mismo organismo donde a varios de ellos los han tenido o los tienen presos e incluso los han torturado.
Esos militares en juicio tienen años de retardo procesal, fueron secuestrados, detenidos y sus viviendas allanadas sin orden judicial, muchos de ellos torturados e incluso presentados así ante los jueces, muchas veces incomunicados, sin derecho a llamadas telefónicas, suspendidas durante meses visitas familiares y de abogados, sin la asistencia médica debida.
Paramacay II
Hay que resaltar que los oficiales que aparecen en la causa Paramacay II fueron detenidos sin orden de aprehensión y para su audiencia preliminar presentaban evidentes signos de tortura.
En este caso hay seis militares del Ejército, todos imputados por Instigación a la Rebelión y Contra el Decoro Militar:
1. Teniente Coronel (Ej) Freddy Alberto Mogollón Rojas, detenido desde el 8 de mayo de 2018.
2. Teniente Coronel (Ej) Carlos Eduardo Urbina Vásquez, detenido el 14 de mayo de 2018.
3. Mayor (Ej) Richard Rafael Carrasquel Rondón, detenido el 11 de mayo.
4. Capitán (Ej) Julio Raúl Pulido Gómez, detenido el 8 de mayo.
5. Primer Teniente (Ej) Yonnatan Ezardo Méndez Chacón, detenido el 8 de mayo de 2018.
6. La Sargento Mayor de Primera (Ej) Genys Waldemar Muñoz Martínez, detenida el 8 de mayo de 2018.
7. En esa causa también está el Primer Teniente José Luis Párraga Cañizalez, a quien le dieron medidas cautelares, luego de que su esposa murió al dar a luz a una niña.
En el caso del comandante Mogollón Rojas su abogado es una defensora pública, la capitana de fragata Carelys Alexándra Araujo Torín, quien se ha dedicado a pedirles a quienes debe defender que asuman los hechos “para que salgan de eso”.
En plena audiencia del juicio le cambiaron el sitio de reclusión a Mogollón Rojas, quien estaba preso en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde. No se sabe para dónde se lo llevaron los funcionarios de la DGCIM. Una persona alcanzó a escuchar cuando le dijeron que sería llevado a Fuerte Tiuna, pero no se sabe si a la cárcel de máxima seguridad o a Policía Militar.
Con lo ocurrido hay desaparición forzosa y violación de los derechos contemplados en los artículos 44, 49 y 83 de la Constitución, así como los artículos 8, 9 y 19 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), relacionado a que el juez debe velar por el imputado.
Por otra parte, se viola la orden del Tribunal que determinó, desde la audiencia de presentación, que el centro de reclusión preventivo es la cárcel de Ramo Verde mientras dure el juicio.
En la audiencia del caso, realizada el miércoles 18 de noviembre, los testigos de la Fiscalía no se presentaron. Eso habría impulsado el traslado del comandante para presionarlo con mayor énfasis y que admita los hechos para que sea condenado sin más juicio.
El oficial, que tiene un baypass gástrico y sufre de diabetes, debe alimentarse regularmente, porque de lo contrario podría tener consecuencias graves para su salud.
El juez de este caso es José Lucindo de la Cadena Toledo, quien en julio de 2020, según la resolución 36644, fue ascendido de número 32 a general de Brigada del Ejército. En ese tribunal no permiten el ingreso de los familiares; no es casual que la mayoría de los procesados tenga defensores públicos.
Los dos testigos que presentaron contra los imputados por Paramacay II son de la Dgcim.
La próxima audiencia es el martes 24 de noviembre.
Los comandantes
En el juicio de los comandantes del 2 de Marzo o Movimiento Transición a la Dignidad del Pueblo, hay seis oficiales, todos detenidos el 2 de marzo de 2018, solo uno de ellos, Marín Chaparro, ha permanecido siempre detenido en los sótanos de la Dgcim, los otros están en la cárcel de Ramo Verde. Son los siguientes oficiales:
1. Teniente Coronel Igber Marín Chaparro.
2. Teniente Coronel Henry José Medina Gutiérrez.
3. Teniente Coronel Deibis Esteban Mota Marrero.
4. Teniente Coronel Víctor Eduardo Soto Mendez.
5. Teniente Coronel Juan Carlos Peña Palmentieri.
6. Primer Teniente Geibert Ariza Apolinar.
7. Sargento Supervisor Julio César Gutiérrez.
A la lista hay que añadir otros detenidos que tienen medidas, como el Teniente Coronel Erick Fernando Peña Gutiérrez, que está en su vivienda por medidas cautelares.
Como la mayoría de los presos políticos, fueron detenidos sin orden de aprehensión, presentados torturados ante el juez. Aunque los abogados de esa causa solicitaron, ajustados a derecho, el decaimiento de la pena ante el tribunal de juicio les fue negada.
Este juicio tampoco es público. El juez Presidente es el coronel Yoffer Javier Chacón Ramírez. Lo primero que hizo el Tribunal fue declarar que la celebración del juicio sería de forma cerrada por la connotación del caso, alegó lo contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), Título II “Del Juicio Oral”, Capítulo I Normas generales:
1) Si afecta el pudor o la vida privada de algunas de las partes.
2) Perturbe gravemente la seguridad del Estado o las buenas costumbres.
3) Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial.
4) Declare un menor de edad.
5) Cualquier otra circunstancia que a criterio del juez perturbe el normal desarrollo del juicio.
En realidad, nada justifica que el juicio no sea público y por ello la excusa es el punto 5, es decir “cualquier otra”. Quizá lo que le preocupa es la presentación de testigos sin pruebas y sin convicción, como ocurrió con uno con un militar delator quien pidió protección alegando que la periodista Patricia Poleo, quien vive desde hace años en Estados Unidos, lo amenazó con un tuit.
Lo que no se entiende es cómo a la sala del juicio sí se ha permitido el ingreso de funcionarios de la Dgcim que nada tienen que ver con el caso y otros jueces como De La Cadena, que tampoco tienen injerencia con esa causa.
Hay hechos qué destacar. El juicio aparece con inicio el 6 de noviembre, pero en realidad inició el 9. Las acusaciones del Ministerio Público son por: Instigación a la Rebelión y Contra el Decoro Militar, todos en grado de autor. Aún no ha aparecido ningún instigado.
La fiscalía se refiere a un video que no ha presentado, pero insiste en que las intenciones de los oficiales era impedir las elecciones del 20 de mayo de 2018.
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