Apresuran juicios, presionan a detenidos y pasan barniz a los centros de tortura: la estrategia de Maduro contra las denuncias por violaciones a los DDHH

Sin duda que la visita a Venezuela de Jesús María Aranaz, jefe de la división de las Américas, Europa y Asia Central de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, le colocó el pico más importante para disminuir la imagen del régimen venezolano como violador de Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad contra civiles y militares. Acelerar juicios, presionar a los detenidos para que admitan los hechos, condenarlos y después Nicolás Maduro le dará liberación, en diciembre, a 106 detenidos, entre civiles y militares; “la lista ya está elaborada” dijo a Infobae una fuente de justicia militar.

En plena expansión de la pandemia por el covid-19, los tribunales fueron abiertos, pero no para todo, solo para salir de casos que estaban congelados desde hace años: uno de los casos a los cuales se le aplicó el acelerador es el de los drones, es decir el del intento de Magnicidio ocurrido el 4 de agosto del año 2018.

En ese caso están presionando a los imputados para que admitan los hechos y así los condenan rápido. Lo inaudito es que unos abogados les recomiendan a sus “defendidos” acogerse a esa figura, “porque usted sabe cómo es este Gobierno, mejor acepte que es culpable y le darán solo unos años, porque en caso contrario van a ser condenados a mínimo ocho años y hasta 25 años”.

En realidad, esa es una estrategia promovida por el Gobierno porque condenaría a gente inocente pero que dice en el Tribunal que es culpable y le permitirá a nivel internacional decir que a quienes han encarcelado, torturado y violentado en sus derechos en realidad participaron para asesinar a Nicolás Maduro.

A la prensa no le permiten entrar, ni siquiera a los familiares. La grabación del juicio se está haciendo con un teléfono. No hay una demostración fehaciente de aplicar justicia, sino de sacar rápidamente todos esos juicios que son una clara demostración de la violación al debido proceso.

Pretenden que ya no importe el tiempo de tortura física y psicológica, del miedo, de las amenazas contra ellos y sus familias. La liberación de casi 50 detenidos, el 1 de septiembre de 2020, con la figura de indultos, le demostró al régimen y a los órganos de tortura, que quienes salen de esas mazmorras ni siquiera tienen aliento para denunciar; solo casos excepcionales como los de Vasco Da Costa manifestaron lo que ocurre en esos lugares infernales del SEBIN y Dgcim.

El familiar de uno de los detenidos dice que “cuando comenzó el inicio del juicio de inmediato surgieron las arbitrariedades. En la etapa de pruebas, no le permitieron promover las diligencias de investigación que desvirtúa la acusación fiscal, es decir, sólo interpretarán a los expertos de la fiscal. Todos los de cualidades y reposición fueron desechados por el juez”.

“El único que promueve pruebas es el Ministerio público, porque las pruebas que nosotros promovimos en su oportunidad (diligencia de investigación) y solicitadas por la defensa ayer nuevamente, fueron negadas. Así que van en estado de indefensión, vulnerando sus derechos a la defensa, al debido proceso y todas las garantías Constitucional a la tutela efectiva”.

Ni la Ley

Ya el caso de los Drones y el de los comandantes del 2 de Marzo ha venido transcurriendo, incluso violando el Código Orgánico Procesal Penal que estipula que los juicios son orales y públicos. Los están haciendo orales, pero no públicos. El juicio al general Raúl Isaías Baduel por fin parece que lo van a realizar; él está preso desde abril 2009 hasta hoy, con un intervalo desde agosto 2015 a enero 2017 cuando estuvo en libertad, un primer juicio por corrupción y desde el 2017 por múltiples delitos políticos como Traición a la Patria.

Los juicios no solo empezaron con el criterio de exprés, a algunos los han convencido de darles medidas de presentación para que vayan a sus casas y después sigan el juicio.

El 7 de noviembre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó en sus redes sociales que “cumpliendo instrucciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia y de la Sala de Casación Penal, magistrado Maikel Moreno, todos los tribunales penales en funciones de juicio de los Circuitos Judiciales del país, serán habilitados de manera ininterrumpida durante las semanas de radicalización y flexibilización decretadas por el Ejecutivo Nacional con motivo de la pandemia por covid-19, con el objeto de garantizar la atención de los privados de libertad, en resguardando de los principios de celeridad procesal y tutela judicial efectiva establecidos en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Indica que “en cada una de las audiencias de juicio que se desarrollarán en los diferentes Circuitos Judiciales Penales del territorio nacional se cumplirán todos los protocolos especiales de bioseguridad e higiene”.

Finaliza diciendo: “La publicidad es la regla. La privacidad es la excepción. Los juicios de adolescentes son privados”.

Esa decisión del TSJ es reveladora porque deja intacta la norma del Código Orgánico Procesal Penal que dentro de sus principios señala que los juicios serán “públicos y orales”.

Quiénes son

Los presos políticos, civiles y militares, están principalmente a órdenes de los siguientes jueces y fiscales:

- Mayor (Ej) Claudia Carolina Pérez de Mogollón, Juez del Tribunal Militar Primero de Control, desde el 13 de junio 2016. Ha llevado la mayoría de los casos de militares emblemáticos, violentando el debido proceso a muchos de ellos, negándose a dejar asentadas las denuncias de tortura que los detenidos han sufrido, imponiendo defensores públicos y omitiendo las diversas solicitudes de abogados o familiares ante su tribunal.

- Coronel Rafael Mejías López, Juez a cargo del Tribunal Militar Segundo de Control; ante su juzgado donde presentan torturado al Mayor Lenin Falcon.

- Capitán (GNB) Mickel Enrique Amézquita Pion, Juez del Tribunal Militar Tercero de Control desde el 17 de noviembre de 2016; fue el juez del caso del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien fue llevado torturado y moribundo ante su presencia, muriendo en el Tribunal como lo reveló Amnistía Internacional. “Aunque el juez encargado de la causa debió haber iniciado inmediatamente una investigación sobre la muerte y las lesiones visibles que presentaba Acosta Arévalo -posiblemente instruyendo la investigación por tortura-, el juez se limitó a pedir que fuera trasladado al Hospital Vicente Salias, para luego continuar con la celebración de la audiencia para el resto de imputados”, destaca Amnistía Internacional.

- Norelys León Zaa, es la Juez del Trigésimo Sexto Tribunal de Control Circuito Penal de Caracas.

- Carol Bealexis Padilla Reyes de Arretureta, Juez del Tribunal Especial de Primera Instancia en Funciones de Control y con Competencia en Terrorismo.

- Teniente Keyla Emilse Ríos Lara, Fiscalía Militar Novena.

- Teniente Israel Alfredo Echenique López, Fiscalía Militar Novena.

- Hennit Carolina López Mesa, juez 27 civil de terrorismo en funciones de juicio.

- Farid Mora Salcedo, fiscal.

- Dinorah Bustamante, fiscal.

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