Con excesos y abusos inhumanos: así funcionan los centros de detención por coronavirus en el régimen de Maduro

Las cifras de contagio por coronavirus en Venezuela son de las más bajas en América Latina y el Caribe, con el puesto 14 de 18 en la región. Hasta este sábado se registran apenas 94.000 contagios y 819 muertos; son cifras que solo superan a Paraguay, El Salvador, Haití y Jamaica, países que tienen considerablemente menos habitantes.

Nicolás Maduro, líder del régimen, ha sido estricto con la entrada de extranjeros al país, ya que esto pondría en riesgo al país de incrementar sus cifras. Al principio de la pandemia, Maduro no dudó en llamar a los migrantes que volvían a Venezuela “bioterroristas”. “Vamos por los ‘trocheros’, a ubicarlos para cortar las cadenas de transmisión de la enfermedad que algunos pudieran traer”, indicó. Por su parte, el ministro de Interior, Néstor Reverol, pidió denunciarlos y añadió: “Le hemos declarado la guerra a los trocheros para garantizar la salud de nuestro pueblo”.

Posterior a esto, el cuestionado presidente de Venezuela tuvo que retractarse de sus declaraciones. Sin embargo, varios testimonios apuntan a que la guerra contra el Coronavirus que lucha el régimen venezolano es una batalla coercitiva.

El New York Times reveló que la manera en la que el país ha afrontado la pandemia es “con el despliegue de su represivo aparato de seguridad”. Además, aseguró que el gobierno de Venezuela acorrala a miles de nacionales que regresan del extranjero por refugio en la pandemia y los lleva a centros de detención improvisados por temor a que puedan estar infectados.

“Nos dijeron que venimos contaminados, que somos culpables de infectar al país”, dijo Javier Aristizábal, un reingresado desde Colombia, a The New York Times y agregó que fue contenido en uno de los centros por 70 días.

E incluso, en algunas ciudades como San Cristóbal, el partido de gobierno marca las casas de familias sospechosas de COVId-19, haciendo de portar la enfermedad una persecución. Según el medio, los médicos aseguran que la percepción de la enfermedad desde el paciente es parecida a tener un problema judicial o policial.

Según el medio estadounidense, las cuarentenas entre las clases bajas y altas son distintas. En el contexto de los sectores más pobres, uniformados del régimen patrullan las calles para que se cumpla el confinamiento. Por otro lado, el diario informa que viajeros adinerados pagan para saltarse la cuarentena obligatoria.

Según reveló la revista Semana, de Colombia, unos informes de organismos de inteligencia estadounidenses, europeos y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) reportan los excesos inhumanos a los que someten a cerca de 130.000 migrantes que retornan al país por el virus del COVID-19.

El medio afirma que, incluso, el régimen de Maduro se alió con el ELN para poder fortalecer el patrullaje en la zona fronteriza con Colombia para, así, evitar la entrada de trocheros que retornan al país. Según el reporte, en San Antonio, Táchira, frontera con Cúcuta, la guerrilla colombiana estaría ejerciendo actividades de control en la división entre países.

En el estado de Apure, fronterizo con Arauca y Vichada, se reportan abusos, restricciones y robos por parte del ELN a aquellos quienes consideren entrar al vecino país. incluso, han amenazado de muerte a aquellos que pretenden ingresar al país por medicinas o comida.

Según el reporte de Human Rights Watch (HRW), en esta zona también existen pagos extorsivos para permitir el cruce. La organización asegura que el Frente Décimo Martín Villa, disidencia de las Farc, exige pagos entre 32 y 162 dólares para el paso de migrantes a su país de origen.

Incluso, el Sebin tiene documentos en los que afirman que la guerrilla del ELN, con alias Pedro como representante del frente de guerra Nororiental, sugirió la instalación de minas en los principales pasos irregulares como medida de control de entrada de venezolanos a su propio país.

Según narra Semana, los nacionales venezolanos que pretenden un reingreso a su país natal evaden los Puntos de Atención Social Integral (Pasi) para no ser reclutados en centros de detención. En esos lugares, los migrantes son obligados a largas cuarentenas en condiciones paupérrimas y, según Human Rights Watch, si se niegan a aislarse, serían capturados y sometidos con violencia para realizar dicho confinamiento.

En los Pasi se carece de comida, agua y electricidad y, por sus condiciones de hacinamiento y de falta de medidas de sanidad, pueden convertirse en un foco de contagio del letal virus. Además, se restringen a las personas por más tiempo del necesario (14 días). Además, en el caso de querer escapar de estos centros, Semana asegura que el ELN convoca a una cacería en la que se busca al personal y se les vuelve a confinar.

Según HRW, un alto funcionario del estado Táchira señaló que quienes protestaran en los Pasi podrían ser capturados y encarcelados. El funcionario advirtió que “pueden pasar de la cuarentena social a la cuarentena penal”.

La respuesta humanitaria

La oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA) destinará 762,5 millones de dólares para las poblaciones vulnerables en Venezuela, incluídas las que regresan al país. Este esfuerzo como parte del Plan de Respuesta Humanitaria 2020, presupuestó una inversión de 87,9 millones de dólares para la contingencia del COVID-19 en el país.

“El plan tiene como propósito mejorar las condiciones en los Pasi, entre otras cosas, en áreas como albergue y suministro de electricidad, una mejor provisión de servicios de protección para poblaciones vulnerables y suministro de agua, saneamiento y artículos de higiene”, explica la institución.

Además, recalca que la falta de transparencia de las autoridades venezolanas impide evaluar con exactitud las necesidades de los retornados para, así, darle respuesta a lo que requieren. “Esto limita considerablemente la capacidad de las organizaciones humanitarias de ofrecer una respuesta integral”, recalcó.