Le triplicaron la pena a un sargento por haber grabado las deplorables condiciones de su comando

Esta es la historia de un militar venezolano a quien el juez militar capitán Carlos Rafael Rodríguez Vargas lo sentenció a tres años y nueves meses, por haber grabado las deplorables condiciones de un comando de la Guardia Nacional en la frontera con Colombia. Lo inaudito es que la jueza del Tribunal Séptimo de Ejecución, Mayor Yulimar Borges Guitián, asimilada en el año 2009 y sobrina del presidente de la Corte Marcial, MG (Ej) Edgar José Rojas Borges, le impone ocho años y seis meses, porque ella hizo una extraña multiplicación de la pena original.

Tenía 25 años en la institución castrense, cuando el Sargento Ayudante (GNB) Miguel Alexander Bracho Domínguez creyó que era buena idea hacer un video, en el alejado puesto fronterizo en Buena Vista del Meta, para demostrar las condiciones en las que estaba su comando, anegado en medio de la sabana apureña y mencionar que tenían dos meses comiendo solo arroz.

No imaginó el militar que, en Caracas, eso iba a ser visto por el Alto Mando Militar como traición a la patria, porque el video descubre las paupérrimas condiciones de ese comando, lo que contrasta con los discursos edulcorados de los jerarcas militares hablando del apresto operacional.

En la justicia militar venezolana hay una vulgar injerencia del poder Ejecutivo. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó el 18 de agosto 2004 la Resolución N° 2004-0009, creando el Circuito Judicial Penal, que depende “funcionalmente” de la Comisión Judicial del TSJ y administrativamente del Ministerio de la Defensa, en lo relacionado al presupuesto, según la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aun así, el Ministro de la Defensa, según Resolución N° 17.082 del 12 de enero de 2011, dictó el Reglamento Interno del Circuito Judicial Penal Militar, sin tener competencias para ello.

El sargento primero Navarro Galvis, oriundo del Táchira, luego de colocar el video en redes, el 21 de septiembre 2018, huyó del comando y salió del país, pero alguien se lo hizo llegar al Ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López con unas palabras insultantes. Se ofendió el titular castrense.

Los generales

Aun el video no se había hecho público cuando los 15 militares regresan del relevo fronterizo les dijeron que les darían 10 días de permiso. Ellos protestan porque las condiciones en las que estaban eran precarias. Los guardias le muestran el video al coronel Roberto Alexánder Gil Ugas y al general Francisco Alejandro Corona Preciado, para que consideraran la situación en las que estaban en el comando de Buena Vista del Meta.

El 23 de septiembre 2018 al SA Bracho Domínguez y a los 15 militares los llaman desde el comando 351 de la ZODI de San Fernando, capital del estado Apure, para que se presenten de inmediato porque habrá una visita del entonces comandante general de la GNB, MG Richard López Vargas quien les va a imponer condecoraciones y les dará línea blanca y créditos del Banco de la Fuerza Armada (Banfanb).

Los 15 guardias nacionales que llegan al Comando son trasladados a una oficina con el general (GNB) Corona Preciado, entonces jefe del Comando de Zona 35 de la GNB, quien le prometió al SA Bracho Domínguez que por su sol (ahora tiene dos) lo expulsaría del componente y lo metería preso.

Un militar presente contó a Infobae que el comandante general, el MG López Vargas, entró poco después, sin mostrar preocupación por ahondar en las precarias condiciones que tenía el comando de Buena Vista del Meta, sino insultando a los quince militares por el video. “Les dijo que eran indignos, antirrevolucionarios y que quería todo el peso de la ley contra ellos por haber revelado cómo estaba el comando de la GNB en El Meta”. Ordenaron a los oficiales del comando 351 que en ese instante los detuvieran.

Insultados y detenidos

El 23 de septiembre 2018 el Sargento Ayudante (GNB) Miguel Alexander Bracho Domínguez fue detenido y con él 14 guardias nacionales: José Vladimir Luna Moncada, Miguel Ángel Berroterán Belisario, César Arturo Ruiz Segovia, Jhonny José Blanco Ynojosa, Cristian Asdrúbal Farfán Barrios, Carlos Ernesto Guaranato Osto, Anyelo Fabián Ortega Calderón, José Manuel Tovar Corona, Junior Alberto Olivares Lugo, Álvaro José Romero Gualdrón, Carlos Argenis Naranjo Pérez, José Gregorio Arrechider Colmenarez, Ismael Piñuela Acosta y Alfonso Martínez Alvarado.

El 26 de septiembre 2018 lo presentaron en el Tribunal Militar Vigésimo de Control de San Juan de Los Morros a cargo del capitán Carlos Rafael Rodríguez Vargas. El fiscal, Primer Teniente Ángel David Infante Rodríguez, lo imputa de Traición a la Patria. El 13 de diciembre 2018 les realizan la audiencia preliminar. El fiscal solo acusa al S/A Bracho Domínguez por Traición a la Patria. A los restantes 14 imputados les sobreseen la causa y salen en libertad; en la Fuerza Armada a nueve les dan de baja y cinco regresaron a la Guardia Nacional.

Al terminar la audiencia el juez capitán Rodríguez Vargas lo manda a buscar para que sea llevado a su oficina; en presencia del fiscal 1TTT Infante Rodríguez, el defensor militar sargento Gerardo Medina Escorche, el secretario 1TT Cedeño y Marcos Goitía el abogado defensor, el fiscal le dice que los delitos son muy graves y que, en esa etapa del proceso, y de acuerdo con la ley, hay un procedimiento de admisión de los hechos que lo puede beneficiar.

El abogado Marcos Goitía le dice a Infobae que “yo como abogado pregunto en qué lo beneficia y la respuesta es que si él admite que subió el video se le daría prerrogativa para ser condenado a menor tiempo”. Les dijeron que de admitir los hechos le darían tres años y nueve meses. “Le dije a mi cliente que si aceptaba tendría que pagar las dos terceras partes, que es lo que exige la justicia militar”.

Bracho admite los hechos. Destaca Goitía que “la audiencia termina a las 6 de la tarde y lo que sí fue extraño fue la tardanza para firmar las actas, que ocurrió a las 10 de la noche”.

“Yo acepté -le dijo Bracho Domínguez a su familia- porque les creí, porque quién puede imaginarse que un juez y un fiscal, siendo además oficiales de mi Fuerza Armada, no me dirían la verdad”.

El engaño

El sargento ayudante tenía un año preso en la cárcel militar de Ramo Verde, cuando del tribunal llama a su familia. Le solicitan que debe presentar unos requisitos: constancia de residencia, oferta de trabajo y copia de cédula, que le son entregados al 1TTE Sanoti, secretario del tribunal Militar. Pasan tres meses y no hay respuesta de nada.

La esposa de Bracho se presenta al tribunal para preguntar por los cómputos de la pena. La respuesta del secretario es que no están listos porque la condena aumentó a 4 años y 6 meses, y que para que los beneficios salieran más rápido debía revocar al abogado privado Marco Goitía y nombrar un defensor militar para que le pudieran dar un beneficio procesal.

Así lo hacen. Cuando la esposa de Bracho, el 10 de diciembre 2019, lleva el escrito al Tribunal Séptimo de Ejecución de San Juan de Los Morros e insiste en lo del cómputo de la pena, el secretario la lleva a hablar con la defensora militar Teniente Melo quien le confiesa: “Yo le voy a decir la verdad, a su esposo lo engañaron. Él no debió asumir ese delito y la condena que le van a meter en Ejecución es de 8 años y 6 meses, porque al ordenar presidio la condena es doble”.

La esposa del sargento se declaró desconsolada, creyendo que en ese tribunal además de justicia también había compasión. Les dijo que su esposo estaba en tratamiento continuo con un psiquiatra porque desarrolló ansiedad generalizada. Les enseñó una copia del informe médico. La respuesta de Melo y Sanoti fue: “La salud es lo primero”.

Cuando meses después la juez de ese Tribunal Séptimo de Ejecución, Mayor Yulimar Borges Guitián va a Ramo Verde, el sargento Bracho precisa con ella su condena de 3 años, 9 meses y 15 días de prisión. La asombrosa respuesta de la juez Borges fue: “No, su condena es de 4 años y 3 meses, pero como es presidio se paga doble, debe pagar 8 años y 6 meses”.

Hay que recordar que en ese puesto militar, el del video, de Buena Vista del Meta, en septiembre de 1993 el subteniente Francisco Javier León Paulini, en colaboración con guerrilleros colombianos permitió el asalto al parque de armas de esa instalación militar, de donde en tres aeronaves se llevaron dos morteros de sesenta milímetros, cien granadas, veinte fusiles, dos pistolas, abundante munición de diferentes calibres y radios de comunicaciones.

Hoy, 27 años después de ese asalto, las condiciones, del comando de Buena Vista del Meta, no han mejorado ni siquiera después de que el video de septiembre 2019 se hizo viral. Lo único es que metieron preso a quien grabó el video.

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