Tras estar desaparecido por más de 24 horas, el régimen de Nicolás Maduro confirmó la detención del periodista y dirigente de Voluntad Popular Roland Carreño, a quien acusan de supuestos delitos contra “el orden constitucional”.
Así lo anunció el ministro de Comunicación e Información de la dictadura venezolana, Freddy Ñañez, que aseguró que Carreño “fue capturado in fraganti y ha confesado su participación en delitos contra el orden constitucional para alterar la paz de la República”.
El fiscal general, Tarek William Saab, declaró que a Carreño lo sindican de haber entregado “armas de guerra y dinero en efectivo a determinados sujetos para promover acciones violentas en el territorio nacional”.
Por su parte, Voluntad Popular denunció que más de 20 funcionarios de la dictadura chavista allanaron la casa del periodista.
“Modus Operandi para sembrar evidencias que sustancien un expediente falso”, dijo Olivia Lozano, diputada venezolana, quien advirtió que esta es la forma como opera la dictadura para armar causas en contra de los opositores.
Ñañez, por su parte, rechazó una supuesta campaña de descrédito contra “el Estado de Derecho en Venezuela a propósito de la detención del ciudadano Roland Carreño”. Y agregó que “en Venezuela se respetan las garantías, el debido proceso y el derecho a la defensa, sin excepción”. No obstante, la evidencia contradice al ministro chavista ya que existe un enorme caudal de evidencia —el informe Bachelet, por ejemplo— que demuestran las numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro.
El lunes el gobierno interino de Juan Guaidó había denunciado la desaparición de Carreño. “Denunciamos situación irregular con periodista Roland Carreño. Se encuentra desaparecido. Vecinos informaron que Carreño, junto a dos acompañantes, fueron abordado por vehículos negros sin identificación”, informó el despacho de Guaidó.
“Se mantienen 386 presos políticos en Venezuela. Sólo en Los Teques (Ramo Verde + INOF + Las Crisálidas), hay 108 presas y presos políticos. Hoy estuve recorriendo algunas cárceles con familiares y equipo”, manifestó Romero en su cuenta de Twitter.
El abogado denunció que estas personas privadas de su libertad por el régimen de Nicolás Maduro suman ya cinco meses sin visitas de sus abogados ni acceso a los tribunales. Con la excusa de la propagación del coronavirus, el chavismo no permite que los presos políticos tengan contacto con sus afectos.
De acuerdo a lo que informó el portal venezolano La Patilla, a los miembros de la ONG les negaron el acceso a las cárceles.
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