En una nueva maniobra para esquivar las sanciones internacionales, la dictadura de Nicolás Maduro, a través de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavista, aprobó la semana pasada la “Ley Antibloqueo”, que brinda al dictador venezolano potestad para desoír, bajo confidencialidad, normas legales para hacer frente a las sanciones económicas. Sin embargo, el ex ministro de Petróleo y ex presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez, advirtió que Maduro “pretende rematar los activos del país en secreto” con esa legislación.
En entrevista con Sumarium, el ex ministro de Hugo Chávez aseveró que el texto aprobado representa un “fraude constitucional”, que no tiene nada que ver con las sanciones de Estados Unidos y las potencias occidentales.
Ramírez explicó que, aunque Maduro sostenga que todos los recursos del país pertenecen al estado, la realidad es que éstos están en manos privadas. Más precisamente de los principales aliados de la dictadura venezolana. “Tú lo que debes hacer es reforzar tu inmunidad soberana y debes reforzar tus empresas del Estado para protegerlas” en vez de privatizarlas, apuntó.
“Azuzan el tema nacionalista y todo eso para justificar esta barbaridad que no tiene ninguna legalidad y durará lo que dure Maduro en el poder (...) Acabaron con todo en su afán de controlar Pdvsa. Lo hicieron y la destruyeron; ahora dicen que hay que privatizar el petróleo. Lo que hay que hacer es cambiar a Maduro”, sostuvo el ex ministro chavista.
En esa línea, opinó que las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump “le han caído como anillo al dedo” a Maduro porque “han sido una excusa para encubrir su tremenda incapacidad; por ejemplo, en el caso de Pdvsa”.
Ramírez aseguró que el régimen venezolano, en su propósito de aparentar que la industria petrolera permanece en manos del Estado, buscará mantener a la petrolera estatal pública, pero con todas sus filiales privatizadas.
“El truco es que van a dejar Pdvsa como un cascarón vacío. Van a decir que Pdvsa es 100% propiedad del estado pero que todas sus filiales, que son más de 327, están sujetas a privatización”, detalló.
“Todo esto está montado (...) Atraer los capitales que serán los más aventureros y casi capitales piratas, porque todo el mundo sabe que esto que está haciendo Maduro es absolutamente nulo en todo su origen”, agregó.
Alertó, en tanto, que con la Ley Antibloqueo nadie puede ejercer control sobre las maniobras de la dictadura sobre los recursos del país: “¿Tú te imaginas que esta gente vende el (río) Orinoco, entrega el Esequibo y no hay manera de saberlo?”.
Ramírez también se refirió a las elecciones parlamentarias convocadas por el chavismo para el próximo 6 de diciembre, que son consideradas fraudulentas por la oposición y gran parte de la comunidad internacional. Al respecto, se mostró a favor de “no participar”, ya que coincide en que “no hay condiciones” para el desarrollo de comicios libres y transparentes.
“Desde que sacaron Smartmatic, los que hacen la totalización (de votos) son Diosdado y Jorge Rodríguez”, dijo el ex ministro chavista.
Ante este contexto en el que está inmerso el país, envió un mensaje a los chavistas: “Hago un llamado a la reflexión a los chavistas que siguen apoyando a Maduro: esto no tiene nada que ver con el presidente Chávez (…). La oposición no ha dicho nada. ¿Por qué? ¿Porque se van a favorecer de este tema? No se puede destruir los cimientos legales y constitucionales de un país, así te favorezcan o no. Hay que actuar, siempre en el marco de la Constitución”.
También se pronunció sobre el rol de los militares venezolanos: “Por mucho menos que esto, Chávez se levantó el 4 de febrero de 1992. Además, los militares tienen que tomar en cuenta que ellos están faltando a su responsabilidad constitucional. Ojo, que yo no estoy llamando a un golpe de Estado, pero esta gente está violando la Constitución y lo está haciendo de manera descarada”.
La ley, denominada de “antibloqueo para el desarrollo nacional y las garantías del pueblo venezolano”, fue aprobada por la ANC, un cuerpo no reconocido por varios países, luego de un único debate en el que no se discutieron los 44 artículos, sino que tres oradores defendieron la necesidad de darle luz verde con urgencia.
Este marco legal tiene como razón de ser, según su artículo 1, proveer al “poder público” de herramientas jurídicas para “contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición” de sanciones financieras, principalmente las aplicadas por Estados Unidos.
Según el artículo 19, “cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños (de las sanciones)” el Ejecutivo procederá a “inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente”.
El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, insistió en que estas “inaplicaciones” se harán sin violar la Constitución venezolana, aunque la misma ley establece que sus apartados tendrán acción preferente sobre el marco legal preexistente.
Este blindaje “antibloqueo” otorga también facultades al Ejecutivo para la “celebración de todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios” para la protección de activos nacionales, así como para “impedir o revertir actos o amenazas” que atenten contra las riquezas de la república.
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