La Ley Antibloqueo dividió al chavismo: legisladores de su propia asamblea denuncian que viola la Constitución de Venezuela

Si en el chavismo muchos de sus militantes tenían dudas del autoritarismo que desde hace tiempo se ha impuesto en el Gobierno, la aprobación de la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, aprobada el pasado 8 de octubre, no deja lugar a dudas. Desde el momento en que Nicolás Maduro habló de la mencionada Ley hubo alarma en varios sectores del país, por lo que su contenido pudiera representar, es decir la violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Pero a las críticas se sumó un hecho más sombrío. El proyecto de Ley se convirtió en el secreto mejor guardado de Diosdado Cabello y Hermann Escarrá; el primero, un disminuido hombre de poder, quien no ha tenido más opción que doblegarse a los caprichos de Nicolás Maduro, con la amenaza de que le desaparezcan la poca cuota de poder que le queda, incluyendo la influencia que tenía en los cuarteles venezolanos, después de que era señalado como el número dos, y a quien muchos consideran era el verdadero líder de la revolución; Hugo Chávez, se decidió por Maduro, porque gozaba de la simpatía absoluta de los cubanos.

En el caso de Escarrá, presidente de la Comisión para el estudio de la Ley, fue un abogado de la Oposición venezolana, quien actuó con el mismo ímpetu contra Chávez, como ahora lo hace para servirle a Maduro; así lo demostró con el caso del nombramiento de la Asamblea Constituyente, con totalidad de integrantes del chavismo, que solo fue un instrumento para robarle poder a la legal y legítima Asamblea Nacional, después que el chavismo perdió las elecciones parlamentarias.

Varios constituyentes han criticado que ni siquiera se les permitió conocer el texto de la Ley Antibloqueo. Una de las más activas diputadas de la ANC, María Alejandra Díaz Marín, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, dijo en el momento en que salvó su voto, que “ninguna emergencia legislativa puede ni debe estar por encima del principio inviolable, irrevocable e inderogable de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”.

Recordó que solicitaron el proyecto por varias vías, a distintos miembros de la ANC, “hasta esta hora no hemos tenido acceso al mismo, desconociendo por tanto su contenido, lo cual cercena nuestro derecho a conocer de antemano leyes que serán sometidas a nuestra votación”.

Dijo Díaz Marín que salva el voto “por diferir de estos mecanismos inadecuados y debido a que desconozco el fondo y contenido de la misma y si ésta colide o no, con nuestra Constitución vigente”.

Entre las maniobras usadas para que constituyentes como Telémaco Figueroa (PSUV), quien había manifestado que salvaría su voto, no estuvieran en la sesión, es que no le enviaron el vehículo que lo trasladara desde el estado Sucre hasta Caracas. No es casual que Cabello Rondón dijera después que la Ley se aprueba solo con los constituyentes presentes.

Ya basta de imposiciones

Entre los votos salvados también están los de Juan C. Flores, Régulo Reyna y el mencionado Figueroa. Uno de los más significativos fue el de este último, quien recuerda que el fundamento legal de la Patria está en la Constitución. “Todos estamos sujetos a ella y nuestra actuación ante el pueblo venezolano, al cual nos debemos”.

Enfatiza que rechaza “la reiterada actuación de la junta directiva de la ANC de incorporar temas en la agenda de discusión” sin que previamente sean conocidos por los Constituyentes.

Deja constancia de su rechazo a la discusión y aprobación en bloque, sin que se revise a profundidad el articulado de la Ley, “obligando a los miembros presentes a aprobar sin discusión y debate tal documento”.

Figueroa se declara firme al “enfrentar el criminal bloqueo impuesto por el imperio norteamericano y sus efectos inhumanos en contra de nuestro pueblo venezolano”, pero también rechaza “este acto consumado en la sesión celebrada este jueves 08 de octubre de 2020”.

Hay que destacar que, en una entrevista radial, con la periodista Maripili Hernández, el mismo diputado se quejó de lo que ha estado sucediendo en la ANC. “En nombre de la disciplina y la lealtad se ha negado el derecho a la participación de todos los constituyentes. Son más de 400 constituyentes que nunca, en tres años, hemos podido expresar una opinión allí, en nombre de una disciplina, porque lo decide el partido, porque lo decide la estructura y siempre se nos hace llegar el planteamiento de que esa es la decisión y cada uno tiene que cumplirla y respetarla”.

“Ni siquiera estamos permitiendo que nuestros propios militantes, nuestros constituyentes puedan actuar libremente y con conciencia decir las cosas que tienen que decir, de acuerdo con lo que sienten, con lo que clama nuestro pueblo”.

Califica que hay apresuramiento para aprobar esa ley como una justificación, “¿Por qué? ¿Porque estamos muy mal ante la gente, porque no hemos tenido respuesta y porque los resultados, como hasta ahora está previsto, van a salir muy mal el 6 de diciembre? ¿Sobre esa razón vamos a salir corriendo y vamos a cometer esa brutalidad tan grande de pasarle por encima a los artículos, preceptos y principios de nuestra propia Constitución?”.

Le pregunta a la dirigencia del PSUV que si quieren seguir mal. “¿Quieren un mal destino? ¿Quieren que este país no salga adelante por estar asumiendo acciones totalitarias contra la voluntad de la gente?”.

Ratificó que está de acuerdo con accionar “contra los que más tienen, contra los corruptos, contra las mafias, contra la delincuencia política”, dijo a la vez que denunció a la “burguesía revolucionaria que ha asaltado el gobierno”.

“La gente no se va a seguir comiendo el cuento que es sólo Donald Trump. Al imperio lo enfrentaremos, pero el Gobierno tienen que rectificar porque está cometiendo muchos errores, fundamentalmente en el manejo económica e incluso judicial, como la judicialización que se ha hecho ante las protestas y la que se ha venido aplicando contra los trabajadores, contra los campesinos: los derechos que han perdido los trabajadores, campesinos, el derecho fundamental que ha perdido el pueblo a la comida”, dijo Telémaco Figueroa, del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Se impuso

Diosdado Cabello y Herman Escarrá terminaron imponiendo la Ley Antibloqueo, ni siquiera consideraron las críticas que el Partido Comunista de Venezuela (PCV), uno de los partidos del Polo Patriótico y aliado del Gobierno le hizo, a través de su secretario general, Oscar Figuera, al expresar que “nosotros vemos que el contenido fundamental de esta ley es entregar el país, estableciendo una censura y autocensura a la opinión pública, enmascarándola en una supuesta defensa de la soberanía nacional”.

A juicio del PCV esa Ley “traslada aún más el peso de la crisis y las sanciones sobre los hombros de las trabajadoras y los trabajadores y el pueblo en general”. “El proyecto no es realmente una ley anti-bloqueo, su fin tampoco es proteger los intereses nacionales y al pueblo venezolano de los nefastos efectos de las sanciones imperialistas”, asegura el PCV, para quien “el Gobierno nacional lo que pretende es justificar y darle visos legales a su política económica entreguista y subordinada a los intereses del capital”.

Consideran que “es una ley que avalaría la agudización de la corrupción en la administración pública, al mismo tiempo que les garantizaría la más plena impunidad a quienes cometen actos lesivos contra los bienes del Estado, contra los intereses de nuestro pueblo”.

Sentencia que el Gobierno persigue “la entrega de nuestra industria petrolera al capital transnacional, la devolución de tierras a terratenientes y el regreso de empresas nacionalizadas al sector privado, la apertura al capital monopolista de los sectores económicos estratégicos reservados por la Constitución al Estado venezolano, la venta de activos y empresas de la República al mejor postor”, además de considerar que con ello se cede soberanía nacional.

El Partido Comunista denuncia “pretender darle un carácter constitucional a la mencionada Ley, jerarquía legal que no se encuentra tipificada en la Constitución Nacional, con el fin de justificar el otorgamiento de ilegales poderes al Ejecutivo Nacional para desaplicar o saltarse cualquier norma o ley del ordenamiento jurídico vigente que colide con las pretensiones entreguistas de su proyecto, representa en realidad una derogación parcial de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Hay que resaltar que lo señalado por el PCV sobre el caso de la fulana ley constitucional, es exactamente lo que también hizo el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, con ese invento llamado Ley Constitucional de la Fuerza Armada, que solo tuvo el fin de introducir la figura de Milicia Nacional como componente, cuando la Constitución Bolivariana solo le da carácter de componente al Ejército, la Guardia Nacional, la Aviación y la Guardia Nacional.

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