La ilegítima Asamblea Constituyente que rige en Venezuela aprobó este jueves una ley que otorga al dictador Nicolás Maduro, poderes extraordinarios para tomar decisiones en materia económica, alegando que será un instrumento para “contrarrestar” sanciones encabezadas por Estados Unidos.
La “Ley Antibloqueo”, presentada por Maduro, incluso da al dictador socialista potestad para “inaplicar” normas legales “cuya aplicación resulte imposible o contraproducente” debido a los efectos de las restricciones financieras que enfrenta el país caribeño, según su articulado.
Establece “un marco normativo especial y temporal que provea al poder público venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir” los “efectos” de las sanciones, dijo al leer el proyecto aprobado este jueves el dirigente chavista Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, órgano que la oposición considera “ilegal”, y que tomó las atribuciones del Parlamento de mayoría opositora de manera arbitraria.
La legislación dicta, entre otras cosas, que activos expropiados por el régimen socialista “podrán ser objeto de alianzas” con privados.
“El Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, gestión, administración y funcionamiento de empresas del Estado, públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior”, indica.
La nueva ley, además, declara “secretos y reservados” todos los actos derivados de su aplicación, por lo que el régimen de Maduro no estaría obligado a someterse a controles. No fija mecanismos para rendición de cuentas previas, indicando que solo la Contraloría chavista podrá tener acceso posterior a información si lo solicita.
“Vamos a hacer crujir los grupos y sectores que entorpecen el desarrollo nacional”, celebró en Twitter Maduro tras la aprobación.
No es la primera vez que el dictador se aferra a leyes especiales desde que asumió el poder en 2013, una gestión en la que Venezuela cayó en la peor crisis de su historia moderna, con hiperinflación y una recesión que se encamina a su séptimo año consecutivo.
Desde enero de 2016 está amparado por un “estado de excepción y emergencia económica” decretado frente a la grave crisis del país.
Washington, que considera “fraudulenta” la reelección de Maduro en mayo de 2018, lidera la presión internacional por un cambio de gobierno con sanciones financieras que incluyen un embargo petrolero vigente desde abril del año pasado. Medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos, reconoce como presidente encargado de Venezuela al líder parlamentario opositor Juan Guaidó.
(Con información de AFP)
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