Hace tres años, sin saber que algún día estaría en peores condiciones, el teniente Richard Alemán Castellanos reaccionó indignado a una carta publicada por el entonces preso político y ex alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, quien denunciaba que estaba aislado desde hacía casi dos meses, sin visita, sin ver el sol en las mazmorras de El Helicoide. Alemán escribió a propósito de eso que “es sorprendente observar cómo en nuestro bello país no existe estado de Derecho. Es impresionante la capacidad de hacer daño a los demás, por la simple razón de alzar la voz en su contra, son una horrenda dictadura que se ha encargado de asesinar, apresar, perseguir y hacer daño a cada venezolano”.
Más adelante reconoce: “Lamento y me arrepiento mil veces, haber sido militar y hasta llegar a trabajar para esta horrenda Revolución en la cual en algún momento de mi vida creí a pesar de que toda mi familia estaba en contra”.
Alemán formó parte del gobierno regional del entonces gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, como presidente de la empresa Compañía Anónima Industrias Mineras del Táchira (Caimta). Después de su separación del cargo, desapareció de la escena pública.
A raíz de los sucesos de Puerta Morocha, un intento de rebelión de capitanes de la Guardia Nacional ocurrido el 20 de abril de 2020, que ahora se sabe tenía relación con la Operación Gedeón, fueron detenidos varios oficiales activos y retirados.
En horas de la madrugada del día 23 de abril, una comisión de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), llegó a la casa paterna de la familia Alemán Castellanos en Puerto Cabello. Fueron detenidos varios familiares del teniente, entre ellos sus dos hermanas Yolimar y Andreína Alemán Castellanos, el esposo de una de ellas el capitán Ericsson Alexander Chaya Barrueta y su primo Manuel Castellanos.
El teniente, por su parte, habría pasado a territorio colombiano, pero la presión sobre su familia por parte de la DGCIM lo obligó a regresar; fue apresado, siendo recluido en la sede central de la DGCIM en Boleíta, Caracas. Su caso y el de sus familiares, incluso sus hermanas aun presas en DGCIM, ha permanecido en silencio.
Comisión Bachelet
El miércoles 2 de septiembre llegó una comisión de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU (Oacnudh), Michelle Bachelet; al frente estuvo José María Aranaz, jefe de la División de las Américas, Europa y Asia Central. No se sabía nada de la comisión hasta que apareció en la frontera, reunido con la gobernadora hablando de elecciones, situación económica y COVID.
El 12 de septiembre, y solo por un día, le permitieron a la comisión que ingresara a la DGCIM, lo que le bastó a Bachelet resaltar en su informe oral del 14 de septiembre los avances que ha tenido con el gobierno de Nicolás Maduro.
Esa comisión se reunió con 12 de los más de 200 detenidos que hay en los sótanos de la DGCIM. Lo más delicado, y sin tomar medidas de seguridad alguna para proteger a los entrevistados, la comisión presidida por Aranaz habló con algunos de los presos más emblemáticos, como el general Héctor Hernández Da Costa, el capitán de navío Humberto De La Sotta Quiroga, el comandante Igber Marín Chaparro, el coronel Johnny Mejías Laya, teniente coronel Ruperto Molina, entre otros.
Citaron a cada uno por separado a una oficina que le facilitó la DGCIM. La comisión de la Alta Comisionada les dijo que podían hablar abiertamente, lo cual hicieron. Pero no se entiende cómo delegados que se suponen experimentados en el trato a víctimas, no consideraron que la DGCIM los estaba grabando.
Al día siguiente mandaron para celdas de castigo a De La Sotta y a Hernández Da Costa, que fueron quienes detallaron explícitamente y de manera más cruda las torturas que han sufrido, tanto física como psicológicamente, los presos en DGCIM desde el año 2018. Después ordenaron el traslado de De La Sotta para la cárcel de máxima seguridad que hay en Fuerte Tiuna a cargo de la DGCIM.
Hasta ahora la Comisión de Bachelet nada ha dicho de los testimonios que recibieron de los detenidos y guarda silencio de las consecuencias que tuvo para los oficiales que declararon.
Torturado brutalmente
A raíz del silencio de la Comisión de Bachelet a la DGCIM, encabezada por José María Aranaz, sobre su visita a la DGCIM, la indignación entre familiares y víctimas de torturas se ha acrecentado.
El régimen de Nicolás Maduro se prepara para una nueva visita de Bachelet a Venezuela y ya están haciendo los preparativos para que eso ocurra lo más pronto posible y que la Alta Comisionada dé respaldo a las elecciones parlamentarias.
El año pasado, cuando ella visitó a Venezuela, el último día de su presencia en el país fueron detenidos varios militares, entre ellos el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien fue secuestrado e incomunicado por funcionarios de la DGCIM, que lo llevaron al tribunal brutalmente torturado ante el juez Maikel Amezquita Pión, muriendo en el tribunal.
Desde hace unas semanas la DGCIM ha tratado de disminuir los signos de deterioro y tortura de los detenidos. Incluso, el domingo permitieron una misa con participación de presos, quienes pudieron tener un día distinto, aunque solo fuera para que los funcionarios los grabaran. La verdad es que la gran mayoría de los detenidos en DGCIM no tienen acceso ni siquiera a fotos personales, incluso les tenían prohibido la Biblia y los libros; los que están en mejores condiciones son algunos generales, a quienes se les permite hacer ejercicio, bañarse frecuentemente, salir al sol con regularidad e incluso ver televisión y leer.
Los presos que están en peores condiciones son los que se encuentran en la Casa de Los Sueños, entre ellos torturados, como ocurre con varios militares y civiles. Hay otros, que tienen un acentuado deterioro de salud.
Contrario a la comisión Bachelet, el informe de la Misión Independiente de Determinación de los hechos ordenada por el Consejo de Derechos Humanos, que la ONU ayer aprobó que continuara su investigación, sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, reabre las esperanzas de que se fijen acciones que lleven a la sanción de los torturadores y justicia para las víctimas.
Una de esas víctimas es precisamente el teniente Richard Alemán que fue brutalmente torturado. “Ese teniente, durante las dos primeras semanas, después de su llegada a la Casa de Los Sueños, sangraba constantemente”, reveló uno de los detenidos.
Varios custodios y presos dicen que los gritos del teniente se oían en el sótano mientras era torturado. “Lo amenazaron con atentar contra sus hermanas, también presas aquí”.
Nadie sabía quién era él hasta que una noche oyeron que le pedían que entregara la Orden de Operaciones, por lo que los oficiales presos dedujeron que el torturado era un militar también. “Después se supo que se llamaba Richard Alemán, que lo trajeron por el caso de Puerta Morocha. A esos muchachos los trataron muy duro. La familia de Alemán no sabe lo cerca que él estuvo de morir; aun está mal, aunque ya no habla tanto de suicidarse como antes”.
“A otro que trajeron por ese caso fue al capitán Jesús María Alarcón Camacho, que estaba detenido en la cárcel de Ramo Verde; a ese oficial le fracturaron los dedos de las manos y no lo llevaron al Hospital”, revela uno de los detenidos.
Las familias guardan silencio porque las amenazas por parte de los funcionarios son brutales. Muchos abogados les recomiendan no denunciar porque suponen que así van a facilitar un mejor trato, cuando en realidad están ocultando la tortura.
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