Con apenas 14 de los 47 votos totales, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este martes una resolución presentada por Irán, Siria, Turquía y el régimen de Nicolás Maduro, que considera que hay “progresos” en Venezuela y exhorta a mantener la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado. La mayoría de las naciones del Consejo se abstuvieron o rechazaron la resolución.
El documento fue apoyado casi absolutamente por países africanos y asiáticos, varios de ellos con regímenes autoritarios y cuestionadas situaciones de derechos humanos, como Sudán o Filipinas. México fue la única nación latinoamericana que votó a favor de la resolución.
Respecto a las abstenciones, un total de 26 países decidieron mantenerse en esa postura, entre ellos todos los miembros de la Unión Europea, India, Japón, Libia, Nigeria, Togo y Argentina.
En otro orden, se aguarda por una votación clave en la que se definirá si se siguen investigando las violaciones a los DDHH en Venezuela y se condena al régimen de Maduro. Más de 50 países firmaron un proyecto que se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos para que el organismo continúe investigando las violaciones a los DDHH en Venezuela y condene al régimen de Maduro.
En concreto, la iniciativa -que será votada entre este martes y el miércoles- busca tres objetivos centrales: que se renueve por dos años el mandato de la Misión de Determinación de Hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad en el país caribeño; condena aquellos que ya han sido comprobados por el cuerpo en un reciente informe; y llama a celebrar elecciones libres en el país caribeño.
A lo largo del documento, los países firmantes manifiestan además su alarma por distintos aspectos específicos de la crisis “civil, política, económica, social y cultural” que tiene lugar en el país: la situación en el arco minero del Orinoco y los abusos de las fuerzas de seguridad, la falta de independencia de poderes -que redunda en una imposibilidad de garantizar la transparencia de los procesos electorales- y las necesidades humanitarias de una vasta porción de la población.
“Expresa profunda preocupación por la situación de los derechos humanos y el medio ambiente en la región del Arco Minero, en donde existe explotación laboral de los mineros, así como trabajo infantil, trata de seres humanos y prostitución forzada”, expresa el párrafo al respecto de la que es una de las principales fuentes de ingresos ilegales del régimen.
De hecho, ante la caída de las exportaciones de petróleo consecuencia de las sanciones y los malos manejos, el régimen ha incrementado las áreas de explotación, que ahora incluyen zonas protegidas en el amazonas.
La cantidad de terrenos utilizados para la minería se ha triplicado con creces desde marzo del año pasado, según un estudio de la organización local sin fines de lucro Wataniba. Se espera que la actividad se acelere aún más después de la autorización en abril de nuevos lotes en cinco ríos.
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