Julio Borges, nombrado por Juan Guaidó comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, denunció este martes ante la OEA que en su país se aproxima a un “fraude monumental” en las elecciones parlamentarias de diciembre y llamó al “mundo libre” a no reconocerlas.
“Se aproxima en los próximos días un fraude monumental que no puede ser indiferente a la región”, afirmó Borges al intervenir en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrado de forma virtual.
Borges, quien se sumó desde Bogotá al encuentro convocado para analizar la situación de las instituciones venezolanas y el informe de una Misión Internacional de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad, llamó a “prender todas las alarmas y tomar todas las decisiones para que el mundo libre no reconozca ese fraude electoral que quiere cometer Nicolas Maduro”.
NO SE TRATA DE APOYAR O NO A GUAIDÓ
“El mensaje principal que yo quisiera decirles en nombre del pueblo venezolano, en nombre del presidente (interino) Guaidó, en nombre del Parlamento, es que los países miembros de la OEA tienen que entender que el problema no es si se apoya o no se apoya a Juan Guaidó, que el problema no es si se apoya al Parlamento venezolano o no se apoya al Parlamento venezolano, que el problema no es si esto es un tema de izquierdas o de derechas”, afirmó.
Para Borges, lo importante es entender que el “drama venezolano no es ideológico, no es un drama de izquierdas o un drama de derecha” sino que es “de manera profunda un problema y una tragedia y una hecatombe y un genocidio humano”.
En ese contexto, consideró que su país se encuentra en “fase terminal” y llamó a la región a entender que este “genocidio venezolano” no es solo un problema de su país sino que es una “amenaza total para la libertad y para el mundo libre”.
CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
En su presentación, Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela, apuntó que han concluido que en Venezuela se cometieron “graves violaciones a los derechos humanos” entre 2014 y el presente año a manos de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia de ese país, tanto civiles como militares.
“Tenemos motivos razonables para creer que algunas de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad, porque fueron cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática y de conformidad con políticas de Estado”, apuntó, al aludir, entre otras, a las ejecuciones extrajudiciales como parte de la estrategia de lucha contra la delincuencia.
Francisco Cox, quien también integra esa misión, se refirió a la política de “aplastar a la oposición”, a cargo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), dirigida contra “críticos del Gobierno con un perfil público prominente” o quienes fueran percibidos como una “amenaza para el Gobierno”.
Cox mencionó entre los crímenes de lesa cometidos como parte de esa política detenciones arbitrarias, torturas, incluyendo violencia sexual y basada en violencia de género, y señaló que encontraron “motivos razonables” para creer, después de investigar sobre más de 100 protestas, que los detenidos fueron víctimas de tortura, trato cruel y degradante.
“El trato recibido era parte de una política y de un ataque a la población civil”, alertó Cox, quien atribuyó las detenciones y torturas en el contexto de protestas a la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional y el Sebin.
ELECCIONES SIN GARANTÍA
El director ejecutivo de Transparencia Electoral, Leandro Querido, subrayó, por su parte, que Venezuela se aproxima a unas elecciones “sin garantías”, el próximo 6 de diciembre.
El experto señaló que a partir del “desconocimiento” por parte del Gobierno de Maduro de los resultados electorales del año 2015, ese país “ha transitado de un autoritarismo competitivo a un autoritarismo cerrado”.
En ese contexto, apuntó que para la celebración de elecciones “íntegras” en Venezuela se requiere construir un Estado de derecho, crear organismos electorales profesionales y competentes y eliminar las barreras que dificultan la participación política universal e igualitaria, entre otros.
Querido consideró que para la celebración de elecciones democráticas en Venezuela se requiere que la Asamblea Nacional elegida en 2015 sea la encargada de designar a los rectores de la autoridad electoral, se restituyan las directivas legítimas de los partidos intervenidos y queden sin efecto las inhabilitaciones que pesan sobre los líderes opositores, entre otros.
MÉXICO Y ARGENTINA EN CONTRA DE LA FUERZA
Durante la sesión, los embajadores de Argentina y México se declararon a favor del diálogo y en contra de cualquier acción o amenaza de intervención.
“México mantiene su firme compromiso para que la sociedad venezolana encuentre por su propio cauce y por la vía pacífica una solución negociada y duradera. Mi país estima que cualquier acompañamiento internacional debe ser complementario a los esfuerzos nacionales y siempre por la vía del diálogo”, afirmó la representante mexicana ante la OEA, Luz Elena Baños.
Por su parte, su colega de Argentina, Carlos Raimundi, defendió el principio de no intervención y advirtió sobre el riesgo de que se haga una “interpretación sesgada” cuando se pone el foco en un tipo de situaciones o un país en particular.
La sesión extraordinaria fue solicitada por la misión de Colombia ante este organismo, en conjunto con las de Brasil, Estados Unidos y Venezuela.
(Con información de EFE)
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