“Anuncio la creación del Consejo Científico Militar, Industrial y Tecnológico que le de a Venezuela su independencia en el esfuerzo bélico por la paz y por la vida”, afirmó el dictador Nicolás Maduro en transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.
Afirmó, que el objetivo de este órgano es lograr la “independencia militar” del sistema de armas venezolano. Asimismo, aseguró que, para ello, el país cuenta con profesionales, tecnólogos y científicos. “Vamos a reunirnos y vamos a analizar la independencia tecnológica y científica del sistema de armas venezolano, tenemos todo para hacer nuestro sistema de armas”, indicó.
El dictador prometió invertir para elaborar equipos militares “de la más alta tecnología del mundo”.
Según destacó, además del “Consejo Militar Científico”, el país seguirá “contando con el apoyo de Rusia, China e Irán”.
Maduro hizo estas declaraciones durante un acto militar en el que arengó a la Fuerza Armada. El anuncio de nuevos armamento llega, además, mientras el último informe de la ONU sobre las violaciones sistemáticas de sus fuerzas de seguridad contra la población civil aún conmocionan al mundo.
La investigación de la misión de la ONU publicado el 16 de septiembre demuestra años de sistemáticas violaciones de derechos humanos planificadas y ejecutadas por las autoridades del régimen venezolano. “Incluidos asesinatos arbitrarios y el uso sistemático de la tortura de activistas pacíficos y militares que intentan hacer su trabajo profesionalmente”, señala el documento.
El informe, que recoge casos desde el año 2014 acusa a Nicolás Maduro, a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y otros altos cargos de cometer crímenes de lesa humanidad.
Estas violaciones fueron perpetradas, según la misión de la ONU, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia venezolanos, tanto civiles como militares. “Nuestro análisis completo y minucioso de 223 casos que hemos investigado (...) nos llevó a tener motivos razonables para creer que estas violaciones fueron cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática, de conformidad con políticas de Estado que, por esa razón, constituyen crímenes de lesa humanidad”, afirmó la misión.
La investigación sugiere que tribunales de fuera de Venezuela, incluida la Corte Penal Internacional, juzguen estas violaciones de las libertades fundamentales.
Además del documento de la Misión Internacional, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reveló que más de 2.000 personas murieron este año en los barrios pobres de Venezuela durante operaciones de seguridad llevadas a cabo por el régimen. “Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad” en Venezuela, dijo, ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) en Ginebra.
“Mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero de 2020” añadió. De este total, que alcanza 2.039 personas, once eran mujeres y la edad media de los fallecidos era de 26 años. “Además, observamos restricciones a la libertad de expresión” dijo Bachelet, citando ataques a defensores de los derechos humanos y periodistas detenidos.
La ex presidenta chilena también expresó su preocupación por una serie de medidas adoptadas por Caracas, en particular los cambios en el sistema electoral y la composición de la Asamblea Nacional, así como las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia “que obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos”.
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