FinCEN Files: cómo los bancos ayudaron a los “Boliburgueses” de Venezuela en el saqueo de su país

Por Sasha Chavkin y Patricia Marcano(*)

Encima de la polvorienta estufa de gas instalada en el departamento de Selena Ramírez baila una pequeña llama. A sus 69 años, Ramírez comparte el departamento con su hija y su nieto de once años. Se encuentra en la planta baja de una unidad habitacional pública en San Francisco de Yare, una ciudad ubicada a 60 kilómetros al sur de Caracas. En la fachada del edificio están dibujados los ojos vigilantes de Hugo Chávez, el ex presidente de Venezuela.

Ramírez mantiene su estufa prendida durante horas cuando se dedica a sus quehaceres domésticos. “La dejo encendida porque los fósforos están muy caros”, dijo Ramírez. “No podemos estar comprándolos a cada rato”

Venezuela está sufriendo una de las crisis humanitarias más graves del mundo. La inflación está fuera de control y la industria petrolera, que antes nutría la economía, está en ruinas. Una de cada tres personas no tiene lo suficiente para comer, y cerca de 5 millones de venezolanos, -cerca de uno de cada diez-, ha abandonado el país

Potentados hombres de negocios, cercanos a los gobiernos de Chávez y de Nicolás Maduro, su sucesor, participaron en el desastre. Se les conoce como “boliburgueses”, una referencia irónica a Simón Bolívar, el héroe de la independencia sudamericana al que Chávez invocaba como inspiración para su movimiento político. La mayor parte de su fortuna es producto de contratos públicos, a menudo otorgados para proveer servicios a la gente pobre.

Una muestra de reportes bancarios confidenciales, obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), muestra cómo los boliburgueses sacaron miles de millones de dólares del erario fuera de Venezuela (recursos destinados a la vivienda y a otros servicios básicos, entre otros); y ello en pleno derrumbe de la economía. La filtración, conocida como FinCEN Files, incluye más de 2.100 reportes de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés), que bancos entregaron a la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN), una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Alejandro Ceballos Jiménez, un magnate de la construcción con agradables conexiones con el gobierno, envió en secreto al menos $116 millones de contratos de vivienda pública a destinatarios, incluidas empresas offshore y cuentas bancarias que pertenecen a familiares, según muestran los documentos. Los contratos amparaban la construcción de la unidad familiar en la que vive Ramírez, la cual forma parte de un gran programa para ofrecer millones de viviendas a precio abordable para los venezolanos de a pie.

Ceballos es dueño de una mansión en Caracas y de una casa con ocho habitaciones en la periferia de Miami, cerca de un hipódromo donde sus caballos compiten cada semana por premios que se elevan a varias decenas de miles de dólares. Es uno de los siete magnates venezolanos cuyos negocios con las administraciones de Chávez y Maduro aparecen en los documentos que integran FinCEN Files. Estos hombres de negocios, famosos por su amor a los relojes Rolex y las carreras de caballos, viven en general fuera de Venezuela, ya sea en Florida, en Madrid o en las playas exclusivas de Punta Cana, en República Dominicana.

Los documentos también revelan cómo los bancos de Europa y Estados Unidos jugaron un papel central en la sustracción del dinero de Venezuela, a pesar de las alertas que señalaban irregularidades financieras. Bancos de menor tamaño, entre ellos los bancos suizos CBH Compagnie Bancaire Helvétique y el Julius Baer Group, ayudaron a los ricos venezolanos a sacar efectivo fuera del país mediante cuentas offshore que escondían el origen del dinero, como muestran los reportes y otros documentos.

Banco Espirito Santo, que estaba radicado en Portugal (ahora disuelto), movió más de cien millones de dólares fuera de Venezuela para la familia Ceballos, antes que las autoridades portuguesas y estadunidenses lo investigaran por lavado de dinero. Entre las agencias públicas que pagaron enormes montos a las empresas de Ceballos –a través de una empresa de papel instalada en Londres-- destacaban la empresa nacional venezolana de petróleo y un programa de combate a la pobreza llamado “Misión Che Guevara”.

Algunos de los bancos más importantes del mundo también tuvieron su responsabilidad. JP Morgan Chase, basado en Nueva York, y Standard Chartered, cuya sede está en Londres, procesaron transacciones cuestionables como “bancos correspondientes”, un papel de intermediario en el cual bancos transnacionales conectan prestamistas más pequeños al sistema financiero global.

Entre 2009 y 2017, los bancos reportaron transacciones sospechosas vinculadas con Venezuela por un monto total de más de 4.800 millones de dólares, según un análisis de ICIJ. Cerca del 70% de este monto involucró recursos públicos y tenían a una agencia del Estado, como el Ministerio de Finanzas o la empresa estatal de petróleo, como protagonista.

“Es la razón por la cual la gente no conecta”, dice Zair Mundaray, quien fungió como fiscal anticorrupción en Venezuela hasta que se exilió en 2017, y es ahora asesor del líder de oposición Juan Guaidó. “Todo lo que los venezolanos no tienen es por el dinero que salió del país”.

Los enchufados

En una comunidad exclusiva ubicada a las afueras de Miami, la casa de Ceballos ocupa la esquina de Jockey Circle y Steeplechase Drive. Al otro lado de la calle, algunos caballos mordisquean el abundante césped verde de las casas.

A media de hora en auto de la casa se encuentra el hipódromo Gulfstream Park, en Hallandale Beach. Ahí, los caballos del establo de Ceballos compiten cada semana por premios que alcanzan hasta 75 mil dólares. En la entrada, un pegaso de 30 metros de altura se encabrita encima de un dragón derrotado. Es la segunda estatua más alta de Estados Unidos, después de la Estatua de la Libertad.

Para Ceballos, ganar una carrera de caballos es uno de los grandes placeres de la vida. “Es como besar a una mujer hermosa”, dijo en una entrevista publicada en 2016 en su propio sitio de Internet.

La fortuna de Ceballos viene del negocio de la construcción que heredó de su familia, el cual inició hace décadas. El negocio fue fundado en 1978 por su madre, Maura Betty Jiménez de Ceballos, y muchas de sus operaciones se consolidaron en 2000 bajo su actual empresa insignia, Inversiones Alfamaq. Grupo 7C, la empresa matriz de la familia, toma su nombre de Maura y sus seis hijos; siete integrantes de la familia Ceballos.

Durante el gobierno de Chávez, la familia Ceballos ganó decenas de contratos para construir escuelas, plantas tratadoras de agua y otros proyectos, como la renovación del Poliedro de Caracas, uno de los recintos deportivos más importantes del país.

“No hay un estado de Venezuela con el cual Alfamaq no haya trabajado en estos 37 años”, se jactó Alejandro Ceballos en una entrevista de 2016.

Ceballos ha sido acusado de corrupción. La Asamblea Nacional venezolana, controlada por la oposición, lo investigó por su participación en varios esquemas diseñados para robar recursos públicos. En una ocasión, fue señalado por intervenir en el desvío de 500 millones de dólares de una empresa paraestatal productora de aluminio y oro; en otra, colaboró en la venta fraudulenta de terrenos públicos en una zona turística llamada el “Acapulco Venezolano”.

Las investigaciones, que Ceballos tachó como “acusaciones sin fundamento” promovidas por “intereses sórdidos”, fueron abandonadas.

La familia Ceballos mantuvo sus lazos cercanos a la élite venezolana en el poder durante el gobierno de Maduro.

En 2016, el gobierno venezolano firmó un acuerdo con Gold Reserve, una empresa minera canadiense especializada en la extracción de oro. Después de la ceremonia oficial, protagonizada por Maduro, se llevó a cabo una celebración en la mansión de cuatro pisos de Ceballos, ubicada en el exclusivo barrio de Alto Hatillo en Caracas, según contó un empleado de la familia a Armando Info, medio de investigación venezolano socio de ICIJ.

Inversiones Alfamaq adquirió acciones en Gold Reserve y proveyó “servicios de apoyo” en una operación minera de metales preciosos en el estado de Bolívar.

Entre los venezolanos, los magnates ligados al gobierno, como los Ceballos, son apodados “los enchufados”. Muchos los consideran como oportunistas, explotadores de un país que Transparency International consideró este año como uno de los cinco más corruptos del planeta.

Antonio Travieso, un vendedor de comida de 55 años que trabaja en el mercado de Chacao, en Caracas, dice que los negocios de los enchufados no producen ningún beneficio para Venezuela o su gente. “Son negocios que hacen dinero fácil, de la trampa, sin preocuparse de las consecuencias”, dijo al medio Armando Info.

Ceballos no contestó a las solicitudes de entrevista que le envió ICIJ, ni respondió a un cuestionario que recibió en agosto. En un correo electrónico a una reportera de ICIJ, dijo que tenía dificultades para acceder a documentos debido al confinamiento por la pandemia de covid-19. Posteriormente, dejó de contestar a correos electrónicos que le ofrecían un plazo más amplio para dar su versión.

“Debido a lo anterior, confirmo la imposibilidad de cumplir con su petición en el tiempo especificado, y reitero mi consideración a los periodistas, su valentía y su ética, siempre y cuando su trabajo se guía por el respeto a la verdad”, escribió Ceballos.

“Saquear la riqueza de una nación”

Parte del dinero que salió de Venezuela se esfumó de las arcas públicas. Los documentos de FinCEN permiten observar de dónde salió, y cómo los bancos lo ayudaron en su camino. La información viene de los propios bancos.

Un banco debe enviar un reporte de actividad sospechosa a la FinCEN si “sabe, sospecha o tiene una razón de sospechar” que una transacción que transita por Estados Unidos tiene un origen criminal o no tiene un propósito de negocios claro. Estos reportes no son denuncias formales, pero otorgan al sistema financiero su línea de defensa más fuerte contra operaciones de lavado de dinero realizadas por políticos corruptos, narcotraficantes o delincuentes comunes. Los bancos deben investigar de manera activa y señalar las transacciones sospechosas.

Sin embargo, los documentos de FinCEN Files muestran que los bancos se limitan a menudo a enviar reportes cuando sus clientes son señalados en la prensa y, a veces, cuando enfrentaron indagaciones por sus propias acciones.

Así, la rama en Miami del Banco Espírito Santo, -un banco portugués sancionado por el gobierno estadounidense en 2005 por abrir cuentas secretas al dictador chileno Augusto Pinochet-, procesó transacciones vinculadas con Ceballos por más de 262 millones de dólares.

Luego, tardíamente, intentó verificar la legitimidad de los traspasos de Ceballos, pero no pudo. Los pagos a miembros de la familia parecían “excesivos”, los documentos destinados a corroborar transferencias “suscitaron numerosas preocupaciones” y varias transacciones con entidades vinculadas a esquemas de lavado de dinero parecían “de naturaleza artificial”, según informes que el banco envió a los reguladores estadounidenses en 2013 y 2014.

En 2014, el Wall Street Journal reportó que las autoridades de Estados Unidos estaban investigando la oficina en Miami de Espirito Santo por supuesto lavado de dinero vinculado con Venezuela.

Después que las autoridades portuguesas disolvieron Espirito Santo, la oficina de Miami fue renombrada Brickell Bank, la cual fue adquirida en 2019 por Banesco USA. Esta última dijo que la unidad ya no tiene directores que trabajaron con los dueños anteriores, y que puso en marcha un robusto programa de combate al lavado de dinero.

Los bancos contactados para esta historia evocaron la privacidad de sus clientes y la naturaleza confidencial de los reportes de actividad sospechosa para justificar que no responderían a preguntas precisas sobre las transacciones.

CBH negó cualquier involucramiento en actividades de lavado de dinero vinculadas con Venezuela. El Julius Baer Group dijo que lamentó sus fallas del pasado y que recientemente tomó medidas para reforzar sus controles contra el lavado de dinero.

Los bancos vinculados con negocios sospechosos hacia Venezuela enfrentaron distintas respuestas de los reguladores. Algunos, como CBH, escaparon a una revisión de fondo. El gobierno de Suiza prohibió a Julius Baer realizar “adquisiciones grandes y complejas”, y nombró a un auditor independiente para vigilar sus actividades. El Espírito Santo fue disuelto por los reguladores, derivado de investigaciones sobre lavado de dinero.

Pero los castigos llegaron cuando el mal ya estaba hecho y miles de millones de dólares ya se encontraban fuera de Venezuela. Quedó probado que los supervisores del sistema financiero global no pudieron contener el dinero que fluyó del erario venezolano hacia cuentas bancarias privadas abiertas en Ginebra o Miami, según encontró ICIJ.

“Los banqueros estaban totalmente empotrados en este esquema de saquear la riqueza de una nación”, dice Martin Rodi, fundador y director general de InterAmerican Solutions, un despacho de consultoría que asesora el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre las sanciones contra Venezuela. “Sin los bancos, esto nunca hubiera ocurrido”.

Diablos danzantes

La Gran Misión Vivienda, un programa para construir dos millones de viviendas para las clases pobre y media, fue una de las promesas más ambiciosas del presidente Chávez.

“El problema de la vivienda no puede resolverse desde el sistema capitalista”, tronó Chávez durante la ceremonia de inauguración del programa, difundida en vivo por televisión en abril de 2011. “Aquí lo vamos a resolver con socialismo y más socialismo”.

El año siguiente, Venezuela otorgó un contrato de 126 millones de dólares a Energy Coal SPA, una empresa energética italiana, para construir 1.540 departamentos destinados a personas de bajos recursos en San Francisco de Yare. La ciudad era un bastión político de Chávez, conocida por un festival religioso que se realiza cada año, llamado “los Diablos danzantes de Yare”, en el cual feligreses disfrazados de demonios bailan en las calles.

El trato comprometía al gobierno venezolano a entregar coque, un combustible derivado del carbón, a la empresa italiana a cambio de las viviendas. Sin embargo, los italianos “no tenían la capacidad técnica o la experiencia” para construir los inmuebles, según determinó una investigación oficial realizada posteriormente. Energy Coal subcontrató el trabajo a Sarleaf Limited, una sociedad basada en Londres, controlada por Ceballos y sus familiares.

Abogados suizos sirvieron como testaferros de Sarleaf para encubrir la participación de la familia Ceballos en la sociedad, según un reporte que Espírito Santo envió posteriormente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La sociedad offshore fue creada por “motivos de seguridad”, para “proteger a la familia Ceballos de estar expuesta en Venezuela”, escribió el banco.

Entre abril de 2013 y enero de 2014, agencias del gobierno de Venezuela pagaron más de 146 millones de dólares a Sarleaf, según los reportes de Espírito Santo. Entre las agencias que trabajaron con Sarleaf se destacan la empresa nacional de petróleo y el programa de combate a la pobreza llamado “Misión Che Guevara”.

Sarleaf distribuyó decenas de millones de dólares a empresas y cuentas bancarias de miembros de la familia Ceballos, según reportó Espírito Santo.

Alejandro Andrés Ceballos, el hijo de Ceballos, aparece como el más beneficiado. Amasó 22 millones de dólares en una cuenta bancaria creada para gestionar sus “ahorros, inversiones y gastos personales”, y otros 22 millones en una sociedad en Panamá que “provee servicios de facilitación de importación y exportación de productos en la industria de la construcción”. Alejandro Andrés Ceballos no contestó a preguntas que ICIJ envió a su empresa Proyectos y Construcciones 1128 y a Inversiones Alfamaq.

Espirito Santo encontró que algunas transferencias estaban en línea con el propósito de las cuentas utilizadas para los negocios de construcción de la familia (por ejemplo, $24 millones se enviaron a Inversiones Alfamaq). Pero el banco expresó su preocupación por los más de $6 millones que las empresas enviaron a las cuentas personales de los miembros de la familia, pocos días después de recibir el dinero del gobierno venezolano a través de Sarleaf.

“El padrón de pagos y la porción significativa enviada a los miembros de la familia parece excesiva”, escribió Espírito Santo en un reporte de febrero de 2014.

Después de revisar facturas y contratos que Sarleaf le envió para justificar una nueva serie de transferencias, Espírito Santo concluyó que eran probablemente “artificiales por naturaleza”; es decir, que eran transferencias apócrifas vinculadas con lavado de dinero y evasión de impuestos.

En 2015, el gobierno de Venezuela investigó el proyecto de vivienda. Su reporte encontró “irregularidades” en su financiamiento y concluyó que Sarleaf había cobrado demás por su trabajo.

Los residentes empezaron a mudarse al complejo a finales de 2015, según dijeron a Armando.info, socio de ICIJ.

El departamento de Selena Ramírez está completo, pero escasamente amueblado, con un puñado de sillas, una mesa, un refrigerador y una máquina de coser. El agua sale del grifo solo algunas horas por día. En la entrada, una pequeña cartulina invita a los pasantes a inscribirse a lecciones de coser.

“Soy costurera, sé hacer zapatos”, dice Ramírez con una sonrisa.

Muchos de sus vecinos se están yendo de Venezuela y de su economía en ruinas. Dejan departamentos vacíos, que parecen saqueados, observa Ramírez.

Los “boliburgueses”

La familia Ceballos aprovechó una abundante fuente de ingresos del gobierno de Venezuela. Pero para disfrutar del dinero lejos de la crisis que azota Venezuela, comprar propiedades y caballos de carrera en Florida del Sur, la familia necesitaba ayuda. La familia necesitaba mover dólares, que eran difíciles de conseguir en Venezuela, debido a la inflación descontrolada y a controles estrictos sobre las monedas extranjeras.

El banco Espírito Santo, entonces el segundo mayor prestamista de Portugal, y su oficina en Miami, estaban dispuestos a ayudar. Como parte de una agresiva estrategia de crecimiento, Ricardo Espirito Santo Salgado, su director general de largo tiempo, había cultivado vínculos cercanos con funcionarios y familias adineradas en países en desarrollo.

En 2012, Espirito Santo creó una cuenta de cheques para Sarleaf, la compañía offshore controlada en secreto por la familia Ceballos.

El banco procesó más de 262 millones de dólares en pagos ligados con Sarleaf, pero también transacciones vinculadas con los magnates Isabel Dos Santos, de Angola, y Dmytro Firtash, de Ucrania, según muestran los documentos de FinCEN Files. Dos Santos y Firtash enfrentan cargos de corrupción en Angola y Estados Unidos, respectivamente. Otros bancos involucrados en estas transacciones las denunciaron a FinCEN como posiblemente vinculados con actos de corrupción.

En 2014, Espirito Santo se derribó. Las autoridades portuguesas disolvieron el banco y movieron sus inversiones sanas en Novo Banco, una institución controlada por el Banco Central de Portugal.

Salgado fue detenido y pasó un breve momento en la cárcel. En julio de este año, las autoridades lo acusaron de lavado de dinero, sobornos, malversación y defraudación fiscal.

El banco suizo CBH también ha sido repetidamente vinculado con venezolanos acusados de corrupción.

Entre sus clientes más prominentes destacaba Alejandro Betancourt, quien a los 29 años fundó Derwick Associates, una empresa de energía que ganó miles de millones de dólares en contratos adjudicados sin licitación para arreglar la defectuosa red eléctrica de Venezuela. Betancourt y sus jóvenes socios bien conectados se ganaron el apodo de “bolichicos”.

En 2018, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un ejecutivo de Derwick, Francisco Convit Guruceaga, y otras siete personas, por su participación en un esquema de sobornos y lavado de dinero que involucró más de mil 200 millones de dólares. En el reporte criminal, Betancourt estaba señalado como co conspirador anónimo, según reportó el Miami Herald.

A pesar de los esfuerzos de Betancourt para cerrar el caso, -hasta contrató a Rudolph Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump, para cabildear en el Departamento de Justicia-, los fiscales siguieron escarbando. En febrero, la máxima corte de justicia de Suiza ordenó a CBH y otros bancos suizos que entreguen sus expedientes sobre Betancourt a los fiscales de Estados Unidos.

En 2019, Bloomberg News reportó que CBH ayudó a sus clientes venezolanos en ambos lados de las transferencias de dinero, y les permitió utilizar los inmuebles del banco en Ginebra como su dirección; un privilegio especial que les ayudó a evadir el escrutinio.

El Julius Baer Group fue otro banco suizo usado por los más altos ejecutivos de Derwich.

Betancourt y Convint eran clientes personales de Matthias Krull, ex director y vicepresidente de Julius Baer. En octubre de 2018, Krull fue condenado a una pena de 10 años de cárcel por su participación en el esquema de lavado de dinero de mil 200 millones de dólares.

CBH negó su involucramiento en actos de corrupción vinculados con Venezuela, y cuestionó la nota de Bloomberg. El banco dejó todas sus inversiones de Venezuela en 2013, dijo su director jurídico, Christopher Robinson, a los socios de ICIJ en el Miami Herald.

“CBH nunca ha participado, facilitado o tolerado lavado de dinero, corrupción, malversación o cualquier otros actos ilegales y transacciones bancarias ilegales”, dijo Robinson.

El Julius Baer Group dijo que Krull perpetró sus delitos fuera del alcance de sus deberes oficiales en el banco, y que éste salió del mercado venezolano en 2018. El banco dijo que en los últimos tres años ha tomado “medidas comprensibles” para mejorar su monitoreo.

“Deploramos los defectos identificados en nuestros negocios con clientes de América Latina”, dijo el Julius Baer Group a ICIJ en una declaración.

Un abogado de Betancourt dijo que su cliente desmiente cualquier irregularidad y un abogado de Convint se negó a declarar.

La conexión Wall Street

Los flujos ilícitos de efectivo no solo chapotean a través de los bancos suizos y los centros financieros offshore. Muchos transitan por dos capitales financieras: Nueva York y Londres.

Wall Street, en particular, juega un papel esencial. La Reserva Federal otorga a los bancos más importantes un poder especial, el de convertir distintas monedas en dólares, la moneda de reserva mundial, y enviarlas a otros bancos o compañías. Este servicio discreto, que se realiza a cambio de una comisión para bancos más pequeños o regionales, mantiene en movimiento el sistema financiero global.

Los documentos de FinCEN Files muestran que estas instituciones financieras, conocidas como “bancos correspondientes”, enviaron alertas a autoridades de Estados Unidos sobre decenas de pagos sospechosos que involucraron a Derwick, CBH y Julius Baer.

Para asegurarse de que no están moviendo dinero ilícito, se supone que los grandes bancos deben vigilar a sus clientes y los millones de pagos que fluyen a través de sus cuentas. Los reportes de actividad sospechosa muestran que este examen es a la vez azaroso e inefectivo, ya que a menudo los bancos correspondientes son incapaces de determinar si el dinero que mueven proviene de actividades criminales o de corrupción. Muchas veces, señalan transacciones años después de que ocurrieron.

Los bancos correspondientes jugaron un papel crucial en permitir que el producto de presuntos actos de corrupción en Venezuela viajara de Caracas hacia Zurich, pasando por Nueva York, y luego sea gastado alrededor del mundo.

Por ejemplo, Derwick envió cerca de 12 millones de dólares a una sociedad llamada Mediterraneo Global Investments. Standard Chartered, que actuó como banco correspondiente, determinó tiempos después que los pagos eran sospechosos, pero no pudo determinar “el perfil de negocios ni la identidad” de la compañía.

Una mirada más profunda a sus propios archivos le hubiera ofrecido información valiosa: apenas un mes antes, el mismo banco, Standard Chartered, había señalado a Mediterrano como receptor de 6,5 millones de dólares de una compañía relacionada con Martin Lustgarten Acherman. Este magnate venezolano fue acusado por las autoridades de Estados Unidos en mayo de 2015 por lavar millones de dólares de cárteles de la droga que usaban el sistema del mercado negro de monedas en Venezuela.

Lustgarten negó los cargos, que posteriormente fueron abandonados, ya que sus abogados determinaron que los fiscales no pudieron obtener documentos bancarios clave de otros países.

Tres de las sociedades de la red de Lustgarten usaron cuentas bancarias en CBH, según encontró Standard Chartered.

Un informe de JP Morgan Chase fechado en febrero de 2017, mientras actuaba como banco correspondiente, señaló transferencias realizadas por Julius Baer. El informe examinó compañías sospechosas y pagos vinculados con Alejandro Isturiz, un funcionario del área de contratos de la empresa nacional de petróleo de Venezuela. El año pasado, Isturiz fue condenado en Texas por cargos federales de lavado de dinero.

Una compañía de Panamá vinculada con Isturiz, Large Investment Inc, apareció en el reporte. Usó una cuenta en Julius Baer en Suiza y pagó o recibió dinero de otras tres entidades. Isturiz, a 2018, continuaba prófugo de la justicia estadounidense. ICIJ no lo pudo contactar para hacer comentarios.

En una declaración a ICIJ, JPMorgan Chase reconoció que, a principios de la década, su régimen antilavado “necesitaba mejorar”, pero que ahora ha tomado el liderazgo en el combate contra los delitos financieros. Standard Chartered dijo que invirtió más en su programa de cumplimiento y llevó a cabo “una transformación comprensiva y positiva en los últimos años”.

Mundaray, el exfiscal venezolano, dijo que el dinero derivado de la corrupción pública en Venezuela ha sido lavado a escala masiva. “Lo que empezó con la complicidad de pequeños bancos terminó inundando el sistema bancario”, dijo Mundaray.

Sigue ganando

La administración del presidente Trump adoptó una línea dura contra Venezuela. En marzo pasado, el gobierno de Estados Unidos acusó a Maduro por tráfico de drogas y corrupción. También sancionó a más de 90 funcionarios del gobierno de Maduro y de instituciones públicas, incluyendo el Banco Central y la empresa nacional de petróleo.

Pero la mayor parte de los empresarios socios del gobierno de Venezuela escaparon a la persecución, a pesar de que sus actividades financieras despertaron alertas.

De al menos 26 personas, compañías y agencias del Estado que aparecen en los FinCEN Files, solamente tres han sido sancionadas por la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés). Un amplio conglomerado también está sujeto a una investigación y enfrenta cargos criminales en América Latina.

La impunidad de la que gozan muchos de los boliburgueses es una consecuencia directa del fracaso de los bancos en aplicar un monitoreo apropiado a las actividades financieras de sus clientes, dijo Mundaray. “Ninguno de los bancos investigó suficientemente” dijo. “Porque lo que ocurrió fue, realmente, el saqueo de un país”.

Además de las destinaciones predilectas, como Miami y Suiza, en fechas recientes las élites de negocios cercanas al régimen de Maduro eligieron nuevos escóndites para sus fortunas, como Hong Kong, Chipre y Turquía.

En Venezuela, la familia Ceballos sigue ganando contratos públicos. Entre sus adjudicaciones recientes destacaron la reparación de una planta de tratamiento de agua en el estado de Anzoategui y de estaciones de bombeo en tres estados. Ambos se están llevando a cabo ahora.

No queda clara la regularidad con la que Alejandro Ceballos pernocta en su casa de las afueras de Miami pero su Grupo 7C Racing Stable –la compañía de carreras de caballo-- floreció, y sus caballos ganaron al menos 116 carreras desde su fundación.

En 2016, el caballo Majesto compitió en el Kentucky Derby, un evento al que Ceballos había soñado cuando tenía seis años, según dijo. En una entrevista previa a la carrera, Ceballos expresó su confianza de que los venezolanos apoyarían una victoria de Majesto.

“Quiero decir a Venezuela que sienta que este caballo es de ustedes”, dijo Ceballos. “Es del esfuerzo de todos los venezolanos”.

Majesto terminó en el bloque de cola de la carrera.

Colaboraron: Agustin Armendariz, Delphine Reuter, Tamoa Calzadilla, Sylvain Besson, Kevin Hall, Antonio Delgado, Jay Weaver, Ewald Scharfenberg.

*Sasha Chavkin es reportero del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y Patricia Marcano es periodista de Armando Info

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