Meses atrás la dictadura de Nicolás Maduro reconoció que desde hace tiempo ha infiltrado los cuerpos de inteligencia de Colombia con el envío de espías venezolanos. La mayor parte de ellos pertenecen a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).
El diario colombiano El Tiempo reveló en un artículo publicado este domingo las identidades de algunos agentes chavistas infiltrados y cómo opera esa red.
Según lo informado por el periódico, en menos de diez meses las autoridades migratorias de Colombia han ubicado y expulsado del país a al menos 20 miembros de las FAES y el SEBIN. Fuentes oficiales señalaron que el objetivo de los infiltrados era atentar contra opositores, espiar o realizar acciones de desestabilización.
La lista de espías incluye desde inspectores jefe hasta detectives de la dictadura venezolana. Tras varios meses de seguimientos, las autoridades colombianas detectaron a 29 agentes encubiertos.
Willian Alexánder Márquez Pérez (comisario jefe adjunto del Sebin San Cristóbal), Felipe José Bustamante Pérez, Armando Darío Guerra Ramírez, Eduardo Hernández Hernández y Gilbert René Vivas Colmenares (todos con el mismo rango), son algunos de los nombres identificados por las agencias colombianas.
En 2019 la inteligencia colombiana detectó que varios miembros del SEBIN, adscritos a la base territorial de San Cristóbal (Venezuela), comenzaron a cruzar la frontera con bastante frecuencia. En un principio pensaron que se trataba de casos esporádicos. Pero con el correr del tiempo llegaron a la conclusión de que se trataba de un modus operandi.
“Por el carácter de los cargos que ostentan y la ubicación estratégica de la base de inteligencia territorial de San Cristóbal-estado de Táchira, a la que pertenecen, se puede aseverar que su trabajo está orientado a infiltrar organismos de inteligencia, autoridades militares y policiales en Colombia con el fin de obtener información privilegiada del Gobierno Nacional y el sector defensa”, señala el documento secreto al que tuvo acceso El Tiempo.
Los espías venezolanos tramitaron y obtuvieron la tarjeta de movilidad fronteriza (TMF) que habilita a los venezolanos residentes en Colombia transitar con libertad en la zona fronteriza entre ambos países.
El sistema, que alcanzó a registrar más de un millón y medio de extranjeros, empezó a regir en mayo de 2017. El gobierno de Juan Manuel Santos lo suspendió tras identificar más de 90.000 tarjetas falsificadas. Luego el sistema se reanudó, pero en febrero de este año Migración Colombia anunció una nueva suspensión.
Ante esta situación, las autoridades colombianas avanzan en la posibilidad de judicializar estos casos en lugar de solamente expulsarlos del país.
Fuentes cercanas a Migración Colombia aseguraron que los documentos obtenidos por los 29 espías venezolanos ya fueron suspendidos. Con esa documentación, los agentes de Maduro buscaban evitar los controles migratorios y policiales, y tenían la oportunidad de transitar libremente a través de la frontera.
El Tiempo informa que el mismo procedimiento de suspensión se hizo con más de 200 personas cercanas al círculo de Maduro.
“Los espías venezolanos tienen como base jurisdiccional Cúcuta y municipios aledaños, desde donde realizan actividades de espionaje, control ilegal de pasos irregulares (trochas), seguimiento a opositores y desertores militares del régimen y reclutamiento de colaboradores”, apunta el informe, que ya está en poder del presidente Iván Duque.
“Estos espías venezolanos, además, serían responsables de la incitación a la población civil en la frontera para realizar actos de subversión en contra de la Fuerza Pública con el claro objetivo de generar acciones de desestabilización y desprestigio al Estado Colombiano y a otras instituciones”, agrega.
El pasado mes de mayo el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, advirtió que el país intensificaría los mecanismos para detectar posibles filtraciones. “La filtración de información por parte de cualquier servidor público o uniformado de la fuerza pública que infrinja la reserva o no cumpla con la custodia de la información es un delito, por lo tanto debe ser castigado y sancionado”, dijo el funcionario junto a la cúpula militar y el director de la Policía Nacional de Colombia
Las declaraciones del ministro de Defensa tuvieron lugar luego de que el ministro de Comunicación de la dictadura venezolana, Jorge Rodríguez, reconoció que han infiltrado los cuerpos de inteligencia de Colombia.
El régimen chavista hizo esa confesión tras acusar al gobierno de Iván Duque de haber estado detrás de la Operación Gedeón contra Maduro. A raíz de esa extensa red de espionaje, las autoridades colombianas investigan si esa Operación se trató de un montaje para salpicar a Colombia.
El caso de Gerardo Rojas Castillo
El pasado 12 de junio Colombia expulsó del país a un presunto militar venezolano que se hizo pasar como desertor del régimen de Maduro para radicarse en el país y espiar al Ejército.
Gerardo Rojas Castillo fue expulsado a Venezuela “de manera discrecional por la autoridad migratoria” con base en un informe del ejército en el que se le señala de realizar “actividades no autorizadas las cuales podrían poner en riesgo la seguridad nacional”, indicó Migración Colombia en un comunicado. La expulsión implica una prohibición para entrar a Colombia durante diez años, agregó la autoridad migratoria.
Rojas Castillo fue capturado en la vía que comunica a la ciudad de Valledupar, en el departamento del Cesar, con la región de La Guajira, fronteriza con Venezuela, dijo el general Gerardo Melo Barrera, comandante de la Primera División del Ejército de Colombia.
El hombre reconoció ser miembro de la Fuerza Nacional de Venezuela y en el momento de su detención se le encontraron documentos que lo acreditaban como sargento segundo activo de la institución castrense.
La inteligencia militar colombiana le hacía seguimiento hace más de un año, según el general.
El uniformado entró a Colombia en febrero de 2019, en el marco del fallido ingreso de ayuda estadounidense a Venezuela, como uno de los más de mil militares y policías desertores del régimen de Maduro.
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