Masacre de Barlovento: la ejecución de 12 jóvenes que describió la Misión de la ONU y cuyo responsable fue condecorado por el régimen de Maduro

Nada justifica lo que ha ocurrido con militares activos y retirados, de diverso rango o componente militar, cuando sin detenidos, algunos torturados y violentados el debido proceso. La inaudita actuación de la Corte Marcial, de los tribunales militares, de los defensores públicos militares y de los fiscales militares, que han configurado una estructura que violenta los derechos humanos de los detenidos. En la justicia militar venezolana hay responsabilidad del Ministro de la Defensa.

Quince veces aparece mencionado el nombre del GJ (EJ) Vladimir Padrino López en el informe de la Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela, ordenada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la resolución 42/25, del 27 de septiembre de 2019, cuya intención fue investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, “a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

Un caso atroz evidenciado en la Misión de la Organización de las Naciones Unidas, es el ocurrido en la población de Barlovento, estado Miranda, del que el Informe de la Misión de la ONU dice “si bien se comparten algunos elementos similares con las OLPs/OLHPs, la responsabilidad en el caso Barlovento es distinta”. Recordemos que OLP es la Operación de Liberación del Pueblo, después conocida como Operación de Liberación y Protección del Pueblo y Operación de Liberación Humanista del Pueblo, derivó en una serie de ajusticiamientos y acciones que conllevaron a masacres y asesinatos selectivos, con la excusa de la lucha contra la delincuencia.

La Misión de la ONU destaca “conclusiones sobre las responsabilidades en los diversos niveles de la cadena de mando por las violaciones y los crímenes cometidos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos los actos de violencia sexual”.

Aseguran tener “motivos razonables para creer que la responsabilidad se extiende más allá del nivel de mando de las personas identificadas como responsables y acusadas por el Ministerio Público”.

Masacre y encubrimiento

Ocurrió en el estado Miranda, en octubre del 2016 la llamada Masacre de Barlovento, específicamente en el sector La Maturetera, municipio Brión y en el sector Araguita, municipio Acevedo. Veinte jóvenes fueron detenidos el 15 de octubre, en el marco de la OLP; unos días después ocho de ellos son liberados y no se sabía qué sucedió con los 12 restantes.

Un mes después funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ubicaron en dos sitios de Barlovento fosas comunes. La investigación los lleva al arresto de 12 militares, del Batallón 323 Caribe, como los supuestos implicados.

Los doce jóvenes que aparecieron enterrados en fosas comunes, fueron: Eliézer Ramírez, Antony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejías, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kenry González y Carlos Marchena.

La Fiscalía inicialmente imputó a 11 funcionarios del Ejército, del Batallón 323 Caribe de Maturín y destacados en Caucagua, específicamente en El Café. Ellos son: el Tcnel José Ángel Rojas y los S1 Orlando Maceli Barrios, Rafael Ruiz, Luis Ramón Figuera, Francisco Rivas Salazar y Romi Antón Antón, el SM3 Miguel Francisco Rodríguez, el My Luis Eduardo Romero y los cabos Arquímedes José Aguey, Luis Eduardo Machado y Fabián de Jesús Rangel.

La Misión de la ONU destaca en relación con la masacre de Barlovento que “el caso seguía en curso en el momento de redactar el presente informe, y las responsabilidades penales aún no se habían determinado”.

Agrega el informe que poco después de que se presentaran los cargos, la FANB describió el incidente como “un evento aislado”. El Ministro de Defensa anunció que “se había abierto una investigación penal militar y, sobre la base de los conocimientos técnicos reunidos por los órganos competentes, se había determinado la responsabilidad de un oficial superior y de algunas tropas profesionales que habían admitido su culpabilidad”.

La Misión hace notar que “la operación de Barlovento se llevó a cabo de acuerdo con un plan militar, el Plan Rondón, firmado por el General de división José Adelino Ornelas Ferreira, entonces jefe de la REDI Capital. según el plan, se decía que la REDI Capital era la responsable de la operación, con el apoyo de ZODI Miranda. La REDI debía dirigir las operaciones de inteligencia, las investigaciones penales y el control del orden público, así como las tareas operativas”.

“En la práctica, dos brigadas de la FANB, el 323 Batallón Caribe y el 321 Batallón Caribe, fueron traídas por la REDI Capital desde otros estados para implementar la operación. La jerarquía de la FANB, a la que se hace referencia en el Plan Rondón, describe la cadena de mando”.

Según la investigación de la Misión, “el Batallon Caribe 323 tenía dos cadenas de mando, una administrativa y otra operativa. Ambas líneas reportaron al Ministro de Defensa y luego al Presidente como Comandante en Jefe de las FANB. En el lado operativo, el 323 Batallón Caribe forma parte de la Zona de Defensa Integral de Miranda (ZODI), que depende de la REDI Capital, que abarca el Distrito Capital, Miranda y Vargas. Por encima de todos ellos está el CEOFANB, que depende del Ministro de Defensa”.

En el análisis de los elementos de la responsabilidad del mando militar, “la Misión observa lo siguiente: Con base en la información disponible, la jerarquía militar tenía un mando y control efectivo sobre las tropas. REDI Capital emitió el Plan Rondón”.

Hasta lo condecoraron

“Un alto comandante del Batallón 323 dijo a la Misión que, cinco días antes del inicio de la operación, el Comandante de la 323 Brigada del Caribe, (Julio) Barrios Torres, le ordenó asistir a una reunión en Caracas. Durante esa reunión, el GD Ornelas Ferreira (comandante REDI Capital) y Álvarez Bellorín (comandante ZODI Capital) dieron ordenes de participar en la Operación Rondón. Tras la implementación del plan, el comandante alto mando del batallón 323 fue galardonado con la Barra de Insignia de Honor al Mérito del CEOFANB y fue nominado para una condecoración del Ministerio de Defensa”.

A juicio de la Misión de la ONU “las estructuras de Mando sabían o debían saber que las unidades subordinadas encargadas de las operaciones cometían violaciones y crímenes. Estos se cometieron en el curso de un amplio periodo de hasta dos semanas, desde el 13 de octubre hasta alrededor del 27 de octubre de 2016. Al final de ese plazo, se había presentado una denuncia ante el Ministerio Publico”.

“Según las investigaciones, los detenidos fueron trasladados de la base militar de El Café al destacamento de Alfarería Bell, y a los lugares de ejecución en Caucagua y Araguita (vía a Guatopo). Esto sugiere coordinación y conocimiento de su detención y su trato y condición física, entre otras porque fueron trasladados entre varios puntos y a través de puestos de control”.

“Hay motivos razonables para creer que los comandantes operacionales no adoptaron las medidas necesarias y razonables para prevenir o sancionar las violaciones y los crímenes. En cambio, la información sugiere que los comandantes intentaron encubrirlas, por ejemplo, trasladando a los detenidos de la base militar de El Café (en la carretera nacional Ocumare-Cúa). Las violaciones y los crímenes se produjeron progresivamente a lo largo de varios días o semanas. La gravedad de los crímenes aumentó, desde la detención ilegal hasta la desaparición forzada, la tortura y el asesinato. Hay motivos razonables para creer que una intervención temprana de las autoridades de mando podría haber evitado que se produjeran”.

La Misión no encontró información que indique que se haya investigado la responsabilidad de los comandantes de la cadena de mando, sino que hay información de que el comandante del Batallón 323 fue condecorado. “La Misión tiene motivos razonables para creer que las siguientes personas sabían o debían saber que se habían cometido violaciones y crímenes en la operación de Barlovento y no adoptaron medidas para prevenir o sancionar a los autores directos: el Ministro de Defensa, General Vladimir Padrino López; el jefe de la REDI Capital, General de división José Adelino Ornelas Ferreira; el representante del CEOFANB en Miranda, General de Brigada Oswaldo José Aquino Laon; y el jefe de la ZODI Miranda, General de Brigada Pedro Luis Álvarez Bellorín”.

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