La ONU reveló que funcionarios de la dictadura de Nicolás Maduro aportaron información sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela

Una Misión Internacional a la que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargó investigar la situación de los derechos humanos en Venezuela concluyó que el dictador Nicolás Maduro y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; y del Interior, Néstor Reverol, están involucrados directamente en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.

Las fuentes que colaboraron con la investigación fueron diversas. Incluso, funcionarios del propio régimen de Maduro. Así lo reveló este miércoles Francisco Cox Vial, miembros de la Misión de la ONU, en diálogo con la cadena EVTV Miami.

El abogado defensor de los derechos humanos manifestó que la información provino de “declaración de testigos, información que nos proporcionaron funcionarios de las fuerzas de seguridad, de las agencias de inteligencia, que ya no están, pero también funcionarios que están dentro de la agencia; también ex miembros de la Fiscalía”.

Consultado sobre cómo estos funcionarios del régimen entraron en contacto con la Misión de la ONU para aportar información, comentó: “Nosotros hicimos un llamado público para que se nos entregara la información. Hubo intermediarios, personas que se contactaron por la página web; fue de muy diversas formas que estas fuentes llegaron a nosotros”.

Todas ellas, por cuestiones de seguridad, hablaron bajo anonimato. Cox ni siquiera quiso revelar la cantidad de funcionarios activos que colaboraron para denunciar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el chavismo.

El informe publicado este miércoles ofrece amplia información “que demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.

“La Misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe”, se señala en las conclusiones de la investigación.

Ante esas evidencias, Cox indicó que la Misión de la ONU hace “un llamado a que las propias autoridades judiciales y del Ministerio Público, la Fiscalía de Venezuela, realicen las investigaciones necesarias, y que también lo haga la Corte Penal Internacional con sus tiempos, con respeto a sus procedimientos, con las pruebas que ellos logren recopilar”.

Pese a que la Justicia venezolana también forma parte de la estructura represiva del régimen, el abogado remarcó que el deber de la Misión es realizar “un primer llamado a las autoridades nacionales” para que “el Poder Judicial y la Fiscalía recuperen su independencia”.

Asimismo, instó a la comunidad internacional a “activar sus mecanismos de justicia” ante lo expuesto en el informe: “Cuando hablamos de jurisdicciones nacionales distintas a Venezuela lo que estamos pensando es un principio que se llama la jurisdicción universal. Hay países, por ejemplo en Europa, que han juzgado el genocidio de Ruanda, las masacres de la ex Yugoslavia... Hay países que no tienen jurisdicción universal. La jurisdicción universal es otro de los mecanismos a través de los cuales se hace efectiva la responsabilidad por crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, aquellos países que tienen esas jurisdicciones, hacemos un llamado a que puedan activarlas, si es que las autoridades venezolanas y de la Fiscalía no lo hacen”.

Cox reconoció, además, que no contaron con la colaboración de la dictadura para la recolección de información: “Hubo un interés de ignorarnos, imagino que obstaculizando, pero también cuestionando nuestra legitimidad”.

Por su parte, dijo que la Misión obtuvo información que indica que Maduro ha dado en ocasiones órdenes directamente al director del SEBIN para seguir a alguien en particular. “Nicolás Maduro y los ministros tenían información de que estos delitos se estaban cometiendo, y no tomaron medidas represivas y de sanción para que estas cesaran, esto también genera responsabilidad de acuerdo al Estatuto de Roma”.

“Aquí hay una estructura, no son hechos aislados contra la sociedad civil; hay una cadena de mando que se mantuvo, no hay ruptura de esa cadena. Hay conocimiento, y tenemos fuentes que nos han señalado, de que Maduro daba órdenes directas al director del SEBIN para tener como objetivo a determinadas personas. Aquí hay una contribución concreta”, agregó.

Entre los altos mandos del régimen que también bajaban órdenes nombró al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y al del Interior, Néstor Reverol.

Cox sostuvo que esta cadena de mando también apunta a “eliminar a la oposición”: “Hay un patrón de conducta. Consiste en ordenar de ubicar a determinadas personas que comienzan a tomar notoriedad, activistas sociales, políticos… Hay claramente un objetivo de eliminar a la oposición. Con eso se persigue a sus líderes, se les encarcela, se les mete a la cárcel, incluso jueces han dado órdenes. Tenemos esperanzas de que algunos jueces salgan de esta estructura. Esto nos lleva a concluir esa política de eliminar a la oposición”.

La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.

Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.

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