La Misión Internacional a la que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargó investigar la situación de los derechos humanos en Venezuela publicó este miércoles un contundente informe sobre las violaciones y atropellos perpetrados en el país por la dictadura de Nicolás Maduro. Además de aportar información contundente sobre los crímenes cometidos, la Misión también denunció -en detalle y con imágenes satelitales- la existencia de centros de detención y torturas.
Los crímenes fueron perpetrados en operaciones realizadas por todo el aparato de represión estatal del régimen: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).
La Misión documentó 33 casos (21 corresponden a hombres y 12 a mujeres) de “arrestos y detenciones arbitrarias y/o actos de tortura u otros malos tratos contra personas percibidas como opositores políticos y sus asociados”, perpetrados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
“El servicio de inteligencia llevó a cabo la mayoría de los arrestos contra personas predeterminadas, a menudo tras un periodo de vigilancia e investigación. Los arrestos podían ocurrir en cualquier lugar: en el domicilio de la persona arrestada, en lugares públicos como restaurantes o aeropuertos, o mientras las personas arrestadas conducían por la carretera. En 14 casos, el SEBIN allanó las casas de las personas arrestadas e incautó artículos sin presentar órdenes de allanamiento”, señala el informe. Las órdenes, agrega, provenían del dictador Nicolás Maduro y de su “número dos”, Diosdado Cabello.
En varios casos documentados por la ONU, “funcionarios del SEBIN utilizaron la fuerza o la violencia durante las detenciones”. “La Misión tiene motivos razonables para creer que la fuerza empleada fue excesiva, ya que las personas detenidas no parecían haber actuado de forma violenta, ni haberse resistido al arresto”, agrega un párrafo del informe.
“Las personas detenidas fueron llevadas a la sede del SEBIN en la Plaza Venezuela de Caracas o El Helicoide, un antiguo centro comercial en el centro de Caracas. En casos excepcionales, personas detenidas fueron llevadas a centros de detención regionales operados por el SEBIN, cuyas fuerzas interrogaron a las personas detenidas sin abogados y/o se negaron a permitirles contactar con abogados cuando lo solicitaban”, remarca el reporte de la Misión.
En algunos casos, los paraderos de los detenidos permanecían desconocidos durante días, o incluso semanas. “La Misión documentó los siguientes actos de tortura y otros malos tratos contra esas personas: posición de estrés llamadas la ‘crucifixión’ (brazos extendidos y esposados a tubos o rejas) y ‘el pulpo’ (un cinturón de metal con cadenas para inmovilizar las muñecas y los tobillos); asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un balde de agua; golpes, a veces con un palo u otro objeto; descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo; amenazas de muerte o amenazas de violencia adicional; amenazas de violación sexual contra la víctima y/o sus familiares; torturas psicológicas, incluyendo privación sensorial, iluminación constante y frío extremo; desnudez forzada, incluso en habitacions mantenidas a temperaturas extremadamente bajas”.
La Misión de la ONU identificó los distintos centros de detención clandestinos utilizados por las distintas fuerzas del régimen. “Las personas detenidas por motivos políticos fueron retenidas en uno de los dos edificios del SEBIN en Caracas: la sede del SEBIN en la Plaza Venezuela o El Helicoide. El edificio de la Plaza Venezuela tenía una extensa zona de detención, conocida como La Tumba. Se trata de un sótano ubicado a cinco pisos bajo tierra inicialmente diseñado como oficinas para el Metro de Caracas. La Tumba tenía aproximadamente siete celdas. En La Tumba, los detenidos eran sometidos a lo que se conoce como ‘aislamiento celular’”.
Allí, las celdas eran de aproximadamente 2x3 metros, estaban situadas a 15 metros bajo tierra, sin aire ni ventilación natural. Los lechos eran de cemento, y la luz artificial brillaba las 24 horas del día. “Algunas celdas tenían vigilancia las 24 horas”.
Por su parte, “dos de las celdas más grandes se conocían como ‘Guantánamo’ y su anexo, la celda ‘Guarimbero’”: “La mayoría de los detenidos por motivos no políticos fueron recluidos en Guantánamo, mientras que los detenidos en torno a protestas o la oposición fueron recluidos en la celda Guarimbero. Ambos estaban hacinados y en muy malas condiciones”. Otras celdas fueron identificadas como “Preventivo I”, Las Escaleras", “El Tigrito”, y “Bañito”.
Los investigadores también recogieron evidencias de los centros clandestinos utilizados por la DGCIM: “Los primeros días de la detención personas detenidas fueron llevadas a la sede de la DGCIM Boleíta o a centros non-oficiales de detención”.
Además, la Misión indicó que llegó a su conocimiento la existencia de "seis lugares de detención clandestinos o no-oficiales: "Un sitio en San Bernardino, cerca de Crema Paraíso; una casa en el área de Bello Monte, de Caracas; una casa en la urbanización San José en el Fuerte Tiuna o cerca, en Caracas; un sitio en el Fuerte Tiuna donde el Ministerio de Defensa y el Comando del Ejército tienen su sede; un sitio comúnmente conocido como Sorocaima o La Mariposa en la zona militar de San Antonio de Los Altos en el Estado Miranda; una ubicación en la zona montañosa del municipio de El Hatillo, estado Miranda”.
La ONU llegó a documentar 77 casos en los que la DGCIM “arrestó, detuvo y torturó a oficiales activos y retirados y a personas civiles asociadas”.
La cárcel militar del Centro Nacional de Procesados Militares (CENAPROMIL), conocida como “Ramo Verde” y donde estuvo recluido, por ejemplo, el líder del partido Voluntad Popular Leopoldo López, es otro de los centros utilizados por las autoridades chavistas para alojar a sus presos políticos. “Las personas detenidas en prisión preventiva también fueron llevadas a otros centros de detención dirigidos por la FANB, como el DEPROSEMIL (Departamento para Procesados Militares) en la cárcel de La Pica, en el estado de Monagas, o el Fuerte Tiuna, en Caracas”.
Por su parte, la Misión también denunció la existencia de fosas comunes utilizadas para arrojar los cadáveres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, subraya el informe, que concluye que el dictador Nicolás Maduro y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; y del Interior, Néstor Reverol, están involucrados directamente en los graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad.
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