El Frente Institucional Militar (FIM), que agrupa a 266 oficiales de diverso rango militar, hace un pronunciamiento donde exige “Libertad para militares presos de conciencia”, luego de haberse dado a conocer el indulto de 110 personas, un tercio de las cuales estaban detenidas, pero no hubo ningún militar en la lista. Tanto en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), como fuera de ella, causó asombro que no se haya incluido a ninguno de los casi 200 militares, imputados por causas políticas que están presos, con casa por cárcel, con régimen de presentación o huyendo.
El FIM está presidido por el Vicealmirante Rafael Huizi Clavier; el GB (Ej) Teodoro Díaz Zavala en la Vice-presidencia; Coronel (Ej) Rubén D. Bustillos Rávago, Secretario de Organización; los representantes de los componentes: Capitán de Navío Pedro Betancourt (Armada), Cnel (Av) Ángel Rodríguez Campos (Aviación), GB (GN) Simón Figuera Pérez (Guardia Nacional). Los expresidentes GD (Av) Manuel Andara Clavier, GB (Ej) Juan Antonio Herrera Betancourt y GB (GN) Miguel Aparicio Ramírez.
Entre los miembros fundadores está el Vicealmirante Antonio Pérez Criollo, GD (Av) Jesús Hung Abreu, el ex ministro de Defensa GD (Ej) Fernando Ochoa Antich, GB (Ej) Juan Ferrer Barazarte y el GB (Ej) Rubén Medina Sánchez.
En el comunicado publicado se refieren a la liberación de un grupo de políticos, “algunos secuestrados en los calabozos del régimen, otros escondidos ante su persecución por los esbirros que mantienen en el poder a la usurpación y un tercer grupo evadido, o en el exilio, soportando la dura vida que significa vivir en la oscura clandestinidad o en el exterior”.
Coinciden en calificar que “todos, por ideas, opiniones y posición de conciencia en procura de libertad y democracia para el país por el que han luchado. Ideas y opiniones que han expuesto públicamente arriesgando su seguridad y la de sus familias. Tal noticia nos causó regocijo como a una gran mayoría de nuestros conciudadanos, por haberse logrado para ellos, un acto de justicia y reparación de un daño causado sin existir causas ni motivos para infligirlo”.
¿Y los militares?
Los 266 firmantes del acuerdo del FIM expresan que “nos causa gran aflicción, que los más de 130 compañeros militares, a quienes solo se les puede acusar de pensar y opinar alimentando ideas de un país libre y próspero, pero que son contrarias al sojuzgamiento, tiranía y autoritarismo del régimen que usurpa el poder en el país, siguen prisioneros en irregulares mazmorras”.
Agregan que la mayoría de esos detenidos “sin ninguna fórmula de juicio, varios después de haber sido condenados a espurias sentencias y con más del 75% de las ilegales penas cumplidas, e incluso, algunos de ellos, con esas ilegales penas cumplidas y con órdenes de excarcelación firmadas, pero que siguen bajo secuestro por decisión de carceleros que hacen lo imposible por ganarse las gracias de los amos que les pagan por sus execrables acciones”.
“Los voceros de ese írrito régimen, que controla ilegalmente los hilos del poder, manifestaron ante las cámaras de la radio y la televisión que su ’bondadoso indulto’ se ejecutó en busca de la paz, la seguridad y la concordia de la nación, burda patraña populista para la conquista de votos de las masas ignaras que desconocen las leyes y el proceso judicial”.
Llaman la atención de que “olvidaron a ese numeroso grupo de secuestrados militares, ignorando que también son venezolanos, que han dedicado toda su vida adulta al servicio del país y que las únicas causas por las que se encuentran secuestrados son las ideas y opiniones sobre una mejor Venezuela, manifestadas pacíficamente, amparados en los postulados que establece nuestra Constitución Nacional”.
“Ante tanta y manifiesta injusticia, exigimos que cese de inmediato el infame confinamiento a que están siendo sometidos y que se les devuelva la libertad que nunca debieron haber perdido, para que salgan a la calle sin restricciones de ninguna índole a gozar, como ciudadanos, de la facultad de pensar y expresarse sin ningún tipo de cauciones ni limitaciones, excepto las que están expresamente indicadas en nuestra Carta Magna y en las leyes aprobadas por nuestra legítima Asamblea Nacional”, finalizan diciendo.
El indulto
A juicio del doctor Alberto Arteaga Sánchez. lo ocurrido con el indulto anunciado por el régimen de Nicolás Maduro “es una decisión política, que encuentra su fundamento en la atribución constitucional del Presidente para conceder indultos, los cuales se otorgan, como regla general, a los penados, pero que también pueden acordarse a procesados (indultos procesales)”.
Explica el destacado jurista que “en Venezuela en todos los gobiernos, se han otorgado indultos a procesados y ello lo permite el Código Orgánico Procesal Penal (Coop). El indulto puede ser una fórmula para rectificar entuertos del sistema de justicia, para favorecer la pacificación o para dar señales de concordia, en casos de persecuciones con claro sesgo político”.
“Otra cosa es el cuestionamiento de quien lo otorga, la manipulación de esas medidas o la estrategia del poder detrás de esas fórmulas de gracia. Sin duda, los indultos a los procesados evidencian una indiscutible interferencia del Ejecutivo en el Poder Judicial, que no es sorpresa para nadie”.
El doctor Arteaga se pregunta “¿Si pedíamos la liberación de los presos políticos, ahora vamos a reclamar su liberación? Evidentemente, esto no excluye que reclamemos y no dejemos de exigir justicia ante los atropellos y abusos cometidos en la persecución política por medio del aparato de la justicia penal. Además, hay que seguir exigiendo la libertad plena de todos los perseguidos políticos”, finaliza diciendo.
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