El bochornoso uso de los presos políticos para forzar elecciones sin garantías en Venezuela

Desde que el régimen de Nicolás Maduro Moros encontró el beneficio de tener presos políticos para someter voluntades, comprar conciencias y doblegar principios, lo ha usado de manera indiscriminada. Abrir algunas celdas para aceitar puertas y avanzar en los planes de quedarse en el poder mientras destruye a las instituciones es parte del sistema implementado junto con los organismos de Inteligencia, la administración de Justicia y el uso de instituciones como el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia, entre otros.

Cada vez que la presión es fuerte, a nivel de opinión pública, por hechos como los sucedidos con el caso del concejal Fernando Albán, el 8 de octubre 2018 cuando su cuerpo impactó contra el pavimento al caer desde el piso 10 del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), recurren al comodín de los presos políticos. En esa oportunidad recurrieron a una ficha fuerte, lo ameritaba la circunstancia.

Cuatro días después de la muerte de Albán sacaron del SEBIN a Lorent Saleh, a quien llevaron a un avión y lo desterraron a España. El joven estuvo más de cuatro años preso sin juicio alguno, ni siquiera audiencia preliminar, sometido a situaciones extremas de tortura.

Los presos políticos han sido usados incluso después del primer informe de Verónica Michelle Bachelet Jeria, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Aunque ni siquiera se ha respetado los acuerdos Internacionales en lo relacionado con los militares y civiles con doble nacionalidad, a cuyos representantes diplomáticos no les permiten el acceso a las cárceles o a comunicación con los detenidos.

Los peores tratados en Venezuela son los presos políticos. No solo son ellos los que están presos, sino sus familias completas, que son amenazadas, humilladas. Hay testimonios de intentos de suicidio entre los presos, a quienes no se les presta asistencia psicológica. Es interminable la violación de los derechos humanos, la aplicación de la tortura, violación al debido proceso, negación de justicia.

Una jugada, que desde hace semanas viene manejando un grupo de dirigentes de Oposición, para presionar la participación en las elecciones parlamentarias, involucra las figuras del ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonski; diputado Iván Stalin González Montaño (UNT); secretario general del Movimiento al Socialismo, Felipe Elías Mujica Hernández; el varias veces excandidato presidencial y ex jefe de campaña de Henry Falcón, Eduardo Fernández Jiménez; el exalcalde de Caracas y excandidato presidencial Claudio Eloy Fermín Maldonado del partido Soluciones para Venezuela, entre otros.

Hay que destacar que entre las estrategias usadas por Capriles, González y Mujica está la postulación de presos políticos como candidatos a diputados. Sin duda que eso ha sido concertado con el alto Gobierno de Nicolás Maduro, que es el único que puede abrir las rejas de las cárceles donde encarcela masivamente.

El argumento que le han hecho a varios familiares de presos políticos militares y civiles es que serán dejados en libertad a cambio de postularse a las parlamentarias. La propuesta se la han hecho a varios generales y oficiales de menor rango, diputados y algunas figuras relevantes, que han sido víctimas de torturas, incomunicación, castigos, negación del proceso judicial y de atención médica, amenazas tanto a ellos como a sus familiares.

Hasta ahora ninguno de los presos estaba seguro de aceptar. Capriles incidió para que Maduro dejara en libertad a quienes quisieran ser postulados y que el Gobierno los aceptara. El argumento opositor es que eso les daría validez internacional a las elecciones y animaría a los venezolanos a votar, acción que el gobierno de Maduro necesita con urgencia.

Esa es la verdadera razón por la que se pospuso el cierre de inscripciones de candidatos. La liberación de un preso político simbólico como Juan Requesens, que atrae la atención nacional internacional, se convierte en un aliciente para otros presos políticos que quieren correr la misma suerte.

Esa estrategia es un uso miserable de seres humanos encarcelados, ansiosos de libertad después de ser torturados incluso física y psicológicamente, así como violentados sus derechos humanos. Es tan descarada la maniobra que algunos abogados que se declaran defensores de derechos humanos también se estarán postulando.

El comodín

Hace años que algunas cárceles y centros de reclusión se llenan a reventar de presos políticos militares y civiles, que son usados para distracción de la opinión pública cada vez que el régimen de Nicolás Maduro enfrenta fuertes críticas públicas por algún hecho o cuando quiere controlar el debate con la Oposición venezolana. Veamos solo algunos de esos casos.

El 13 de diciembre 2016 el Gobierno anunció la liberación de cuatro presos políticos, lo que fue celebrado por algunos dirigentes de Oposición, porque se dieron en el marco de un diálogo político entre el chavismo y la oposición venezolana. Fue una exigencia de la Mesa de la Unidad Democrática para continuar el diálogo.

Uno de los liberados ese día fue el diputado Gilberto Sojo, de Voluntad Popular, suplente de la diputada Dinorah Figuera, detenido el 26 de noviembre 2014 supuestamente porque planeaba colocar un explosivo en el Palacio de Justicia para la liberación de Leopoldo López.

Otro fue el ingeniero Vladimir Araque, detenido el 2 de mayo 2014, a quien acusaron de asociación para delinquir, instigación a delinquir e intimidación pública.

Al general de brigada Rommer Mena Navas, ex presidente del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, lo detuvieron el 19 de agosto de 2015, tras un allanamiento a su vivienda.

Y el cuarto liberado fue el abogado penalista Leopoldo D’Alta, quien fuera funcionario de la policía de Chacao, fiscal Ministerio Público, Inspector de la Defensa Pública, docente de posgrado, militante de Alianza Bravo Pueblo (ABP) y ex director de la Alcaldía Metropolitana. Lo detuvo el SEBIN el 19 de junio 2015, señalado de legitimación de capitales.

23 de diciembre 2017: Días después de que la embajada norteamericana dijo que en Venezuela había 268 presos políticos, la entonces presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, anunció que serían liberados 80 presos políticos, arrestados durante las protestas contra Nicolás Maduro ocurridas en 2014 y 2017.

3 de junio 2018: Ese día se complementa la liberación de los 80 presos prometidos por Delcy Rodríguez seis meses antes. Entre los liberados hubo tres diputados; Wilmer Azuaje, que ahora está en el exterior. Renzo Prieto acusado por las protestas del 2014 y Gilber Caro detenido en enero 2017; hoy agosto 2020 esos dos parlamentario están presos. Usan el comodín de liberar presos políticos que después vuelven a detener. Ese día también liberaron a Raúl Emilio Baduel, hijo del ex ministro Raúl Isaías Baduel, quien tiene años preso en el SEBIN. En realidad, menos de la mitad de los excarcelados eran presos políticos. Y a los únicos que sí lo eran les impusieron presentación cada 30 días, prohibición de salir del país y de dar declaraciones públicas.

17 de septiembre 2019: El vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Edgar Zambrano, quien estaba preso desde el 9 de mayo 2019 por la Operación Libertad, fue excarcelado en el marco del cumplimiento de un acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y un sector de la oposición, entre quienes estaba Timoteo Zambrano, quien inmediatamente salió a decir: “Empieza el proceso de liberación de presos políticos”.

En un comunicado el fiscal general (ANC) Tarek William Saab dijo que la Comisión para la Verdad, la Justicia y la Paz creada por la Asamblea Constituyente, “acordó exhortar al Sistema Judicial el otorgamiento de medidas cautelares sustitutivas de privativa de libertad”, en este caso a favor de Zambrano.

8 de octubre 2019: Esa noche el régimen anuncia la excarcelación de Martín Emilio Hernández Flores, Pedro Rosario Alfonso, Abraham José Rodríguez Jiménez y Luis Eduardo Peña Muñoz, quienes habían sido capturados junto con el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano el 8 de mayo 2019. Les impusieron presentación cada 8 días.

17 de octubre 2019: Tarek William Saab, designado como Fiscal General por la Asamblea Constituyente, anunció la liberación de 24 presos políticos, pero no sus nombres. La ONG Foro Penal dijo que en realidad fueron 18.

Excarcelaron a Pedro Jaimes, detenido en mayo 2018 por revelar en Twitter la ruta del avión presidencial.

Carlos Pérez “El Profe”, militante de Un Nuevo Tiempo (UNT), fue detenido por el SEBIN, por segunda vez el 12 de febrero 2019, luego de 14 meses de haber salido de prisión; estuvo primero en El Helicoide desde el 2014 por participar en los campamentos de jóvenes frente a la sede del Pnud en Caracas.

Elías Rodríguez (VP) lo detiene el Comando Antiextorsión y Secuestro (Conas) por tener en su vehículo 400 volantes del partido, con un manifiesto de libertad.

Thais Valera, detenida en agosto 2018 por supuestos vínculos con el intento de magnicidio contra Maduro.

roque Después de las fuertes tensiones producidas por la intención del Gobierno de nombrar una directiva paralela de la Asamblea Nacional, otra vez viene liberación de presos políticos. Así aparece Javier Bertucci, líder de Esperanza por el Cambio, uno de los partidos minoritarios, anunciando que “la Mesa de Negociación Nacional, integrada por diferentes factores de oposición, logra hoy la liberación de 14 activistas políticos que estuvieron encarcelados injustamente”.

En realidad, solo 7 eran presos políticos: Manuel Chacín, Jormanth Linares y Michael Vargas, detenidos desde 2017 en El Helicoide; Rafael González y Nelson Guzmán (presos desde 14 de marzo 2019, trabajaban para una empresa de seguridad del equipo de CNN); el fotógrafo Jesús Medina Ezaine (preso desde 2018) y el director del Mercado de Chacao, Emilio Boulanger.

6 y 7 de mayo 2020: Cinco días después de intensa presión pública por el asesinato de 47 presos comunes y 75 heridos, en la cárcel de Guanare, estado Portuguesa, el Gobierno de Maduro recurre a su comodín de liberar presos políticos.

Uno de los pocos casos fue el de Ana Belén Tovar, Gerente de Operaciones de la web Entorno Inteligente, cuyo director es Hernán Porras Molina. Ella fue detenida e incomunicada desde el 19 de noviembre 2019, en los inmundos sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

También liberaron a Otoniel Ramos, un antiguo trabajador de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), que había sido detenido, en la DGCIM, desde abril 2019, imputado por terrorismo, asociación para delinquir y daños a instalaciones públicas. De la lista de 23 liberados, sólo había cinco presos políticos, además de Tovar y Ramos, Roque González, Ramón Zapata y Jorge Luis Pérez. En realidad, no son libres totalmente porque les imponen medidas de presentación.

La mayoría de los liberados eran presos comunes, entre ellos varios por irregularidades en una empresa telefónica y además también liberan al general de Brigada GNB, Eustoquio José Lugo Gómez, ex viceministro de Finanzas, Inversiones y Alianzas Estratégicas del Ministerio de Energía Eléctrica, a quien detuvo la DGCIM el 19 de enero 2020 señalado de extorsionar a un empresario que fabrica sables para la Fuerza Armada y réplicas de la espada de Simón Bolívar. En junio 2019 había sido sancionado por los EEUU por presunto lavado de dinero.

Ahora le toca la etapa de las elecciones parlamentarias que Nicolás Maduro está pretendiendo imponer mientras enfrenta una rebelión interna de los grupos del Polo Patriótico y la negativa de la gran mayoría de las organizaciones de Oposición para validar unos comicios que no ofrecen ningún tipo de garantía, legitimidad ni legalidad.

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