Juristas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio señalaron este jueves que la ausencia de un tratado de extradición entre Cabo Verde y EEUU no impide la extradición del colombiano Alex Saab, solicitado por una corte del sur de Florida por lavado de dinero.
El magistrado Pedro Troconis subrayó que dicho acuerdo es suplido por la Convención de Palermo (2000), un instrumento del ámbito de Naciones Unidas para lidiar con el crimen organizado trasnacional, que tanto Estados Unidos como Cabo Verde ratificaron en 2005 y 2004, respectivamente.
La extradición a Estados Unidos de Saab, detenido el pasado 12 de junio en el país africano, fue autorizada el pasado 14 de julio por la Justicia de Cabo Verde, pero apelada por la defensa.
Troconis recalcó durante una videoconferencia que el blanqueo está contemplado en el tratado de Palermo y que este “prevalece” sobre otros acuerdos.
Los magistrados y juristas sostuvieron una reunión por videoconferencia desde varios países para analizar la situación jurídica del empresario colombiano, acusado de ser el testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro.
Los magistrados en el exilio consideraron que el pedido de extradición está acorde con las normas internacionales y especialmente con los principios de “reciprocidad” entre países y la “cooperación internacional”.
El jurista Juan Carlos Gutiérrez señaló por su parte que Saab no se puede amparar en ninguna clase de inmunidad diplomática, pese a que el régimen de Maduro lo haya caracterizado ex post como “enviado especial de Venezuela” porque ese “carácter” no lo otorga el país de partida sino el que lo recibe, en este caso Cabo Verde, que además, dijo, era una nación de paso del colombiano.
Los magistrados también consideran sin peso las denuncias amparadas en derechos humanos planteadas por el ex juez Baltasar Garzón, que dirige la defensa de Saab.
Gutiérrez desmintió también alusiones a posibles obstáculos en las leyes de Cabo Verde que podían impedir la extradición basado en castigos de pena de muerte o cadena perpetua, al señalar que el lavado de dinero en Estados Unidos tiene una pena máxima de 20 años.
El jurista descartó a su vez las acusaciones de existencia de motivaciones políticas ulteriores en la detención, al señalar que Saab nunca ha ejercido la política en Venezuela.
La detención de Saab se produjo cuando su avión hizo escala para repostar combustible en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal.
La defensa del empresario aseguró que en ese momento no existía orden internacional de captura de Interpol, sino que se produjo después de ser detenido.
En ese sentido Gutiérrez aseguró que estas órdenes de captura de Interpol se levantan cuando la “misión es cumplida”.
De acuerdo con investigaciones de medios independientes y de la oposición venezolana, Saab se hizo con millones de dólares por la compra de alimentos de mala calidad que luego vendía con enorme margen de ganancia al régimen de Nicolás Maduro para ser estos distribuidos como productos subvencionados a ciudadanos de bajos recursos en el marco del programa CLAP.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar los alimentos y víveres con sobreprecios.
Según un funcionario del Gobierno estadounidense, tanto el empresario colombiano como tres hijastros de Maduro se hicieron en estas operaciones corruptas con “cientos de millones de dólares”.
(Con información de EFE)
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