En menos de 72 horas, autoridades de Cabo Verde deportaron en dos ocasiones a un abogado del empresario colombiano Álex Saab, acusado por Washington de organizar una red de corrupción en beneficio de Nicolás Maduro.
Las autoridades aseguran que el miembro del equipo liderado por Blatasar Garzón no tenía toda la documentación requerida para ingresar al país.
“A pesar de demostrar las razones legítimas y la necesidad objetiva de ingresar en Cabo Verde, y de cumplir plenamente en términos de la prueba COVID-19, las cartas de invitación, el propósito del viaje y estar dispuesto a pagar las tasas aeroportuarias en el propio aeropuerto como se ha permitido normalmente y como lo reconoce la propia aerolínea, se ha impedido mi acceso por un motivo aleatorio”, se quejaron desde el bufete de abogados, ILOCAD, en un comunicado.
Días atrás, el empresario colombo-venezolano detenido a petición de Estados Unidos, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo del país africano para tratar de frenar su extradición, alegando que hay razones políticas detrás de su arresto.
El Tribunal de Apelación de Barlovento aceptó el 31 de julio la extradición de Saab a Estados Unidos, pero el equipo de defensa del empresario recurrió ahora ante el Supremo para que se pronuncie, lo que paralizará por ahora cualquier medida.
La máxima corte tiene 80 días para pronunciarse y podría hacerlo tanto sobre el procedimiento seguido en la instancia inferior como sobre la extradición en sí. En caso de que avale el traslado, sus abogados ya han avanzado de que agotarán todos los mecanismos nacionales e internacionales para intentar frenarlo.
Garzón subrayó en un comunicado que el caso tiene “carácter político”. “Instamos a las autoridades caboverdianas a reconocer plenamente esta realidad”, ha declarado, considerando que está en juego “la vida y la libertad de una persona acusada de fechorías basado en evidencias de testigos desacreditados”.
Saab, detenido en junio, también solicitó la intermediación del Gobierno caboverdiano y esta semana envió una carta al primer ministro del archipiélago africano, Ulisses Correia, en la que le pide que respete su supuesta inmunidad diplomática y le permita volver a Venezuela, incidiendo en que es víctima de un proceso “motivado políticamente”.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, exiliado en Washington, envió una carta al gobierno de Cabo Verde para “alertar las intenciones del señor Alex Saab de evadir ser juzgado por los crímenes graves que le son imputados”.
“El señor Alex Saab en carta enviada a su persona miente descaradamente cuando afirma que es un enviado especial venezolano y tiene inmunidad diplomática, por ello, en comunicado oficial del 16/07/2020 de la presidencia del Tribunal se desconoce la pretendida imposición de nacionalidad venezolana del señor Alex Saab”, comenzó el texto, firmado por los jueces Miguel Angel Martin Tortabú, presidente del Tribunal y presidente de la Sala Constitucional, Rommel Rafael Gil Pino, presidente de la Sala Electoral, y Ramón Pérez Linares, presidente de la Sala de Casación Civil.
Y agrega: “En el contenido de la carta, Alex Saab sigue mintiendo cuando alega que la nacionalidad se la otorgó Nicolás Maduro como ‘recompensa por sus servicios’, y que su trabajo en Venezuela ha sido ‘negociar con gobiernos extranjeros y empresas privadas la creación de nuevos canales para obtener y entregar los muy necesitados alimentos, medicinas básicas y recambios necesarios para la industria del petróleo’”.
“La verdad es que el señor Alex Saab no ejerce cargo diplomático según las leyes de Venezuela y las Convenciones Internacionales en materia consular; se trata de un ciudadano colombiano que tiene contratos con Nicolás Maduro Moros y su familia, y por existir causa probable ha sido acusado ante las Cortes de Nueva York y del Sur de la Florida de los Estados Unidos de Norte América, por lavado de dinero y prácticas corruptas, estimándose la malversación de más de USD 350 millones, para evadir sanciones impuestas al régimen de Maduro, considerado incluso como el ejecutor de un entramado criminal que se sirve de vehículos financieros de negociados del oro y del petróleo que pertenecen a los venezolanos”, argumentaron los jueces.
Con información de Europa Press y EFE
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