Fuerzas paramilitares leales al régimen chavista tomaron este lunes la sede del partido Acción Democrática (AD) en Caracas, capital de Venezuela, tras lo cual se enfrentaron a simpatizantes del grupo opositor que intentaban recuperar el control de las oficinas.
Los enfrentamientos sucedieron cerca de las 10 de la mañana (14 GMT) cuando militantes y políticos que simpatizan con el líder opositor Henry Ramos Allup acudieron a la sede de AD en La Florida (oeste de Caracas) para reclamarla ante las denuncias de que había sido “tomada por colectivos armados”, como se conoce a los violentos paramilitares al servicio del régimen de Nicolás Maduro.
Pero un grupo que estaba dentro del edificio, y que simpatiza con el dirigente Bernabé Gutiérrez, un antiguo aliado de Ramos Allup en AD y que ahora negocia con el chavismo, no les permitió la entrada.
Acción Democrática es uno de los partidos opositores que han sido intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, leal al régimen chavista, junto con Primero Justicia y Voluntad Popular, en un intento de inhabilitar a sus líderes y colocar en su lugar a personas vinculadas al régimen.
“Acción Democrática está siendo intervenida porque [el dictador Nicolás] Maduro busca confundir, procura crear una falsa oposición para hacerle creer a la gente que tiene un respaldo democrático que no existe”, dijo el diputado y dirigente del partido Williams Dávila en una nota divulgada por la oficina de comunicaciones de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela designado por la Asamblea Nacional.
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Mientras los grupos, separados por una gruesa verja, se lanzaban este lunes acusaciones mutuas de traición, alguien accionó al menos una bomba lacrimógena y varios petardos, que causaron confusión y ahogo entre varios de los manifestantes que respaldan a Ramos Allup.
“Tienen una fachada, pero son colectivos”, dijo a periodistas el diputado Carlos Prósperi. “AD no está representada en esa sede”, agregó.
El también legislador de AD Ivlev Silva apuntó que algunos de los defensores de Gutiérrez dentro de la sede del partido eran funcionarios de la fuerza pública venezolana, puesto que solo estos tienen acceso a bombas lacrimógenas. Algunas versiones apuntaban a la presencia de miembros de las temidas Fuerzas de Acciones Especiales (FAEs), que el régimen suele usar para reprimir y perseguir a opositores.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se expresó al respecto en Twitter. “Repudiamos el ataque de colectivos armados del régimen de Nicolás Maduro a dos sedes de Acción Democrática en #Caracas, en El Paraíso y en La Florida, donde funciona el Comité Ejecutivo Nacional. La dictadura deberá responder ante la comunidad internacional por estos atropellos”, señaló.
Antes de los enfrentamientos, un simpatizante de Gutiérrez que se identificó como Miguel Quiroz dijo a periodistas que retiró su respaldo a Ramos Allup por falta de oportunidades para optar por cargos de elección popular, pese a su larga trayectoria en el partido. “Somos los mismos que estuvimos al lado de Henry Ramos Allup durante 18 años, pero nos cansamos”, señaló.
![El dictador venezolano Nicolás Maduro](https://www.infobae.com/resizer/v2/FSVKWSC6YRGNNEUEDOFGSEVIRU.jpg?auth=81729eb42db7e4ec88069e822bed9228f4b76523d27afebbdc4a3336006e357f&smart=true&width=350&height=233&quality=85)
El pasado 15 de junio, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela intervino a la oposición: suspendió la directiva de AD que presidía Ramos Allup e instaló una ad hoc, que lidera Gutiérrez. La sentencia del Supremo permite a la junta ad hoc “utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de la organización”.
Los simpatizantes de Gutiérrez han dicho que participarán en los comicios legislativos del venidero 6 de diciembre, pero los de Ramos Allup tachan estas elecciones como “una farsa” y se adhirieron a un pacto opositor junto a otras 26 organizaciones para boicotearlas.
Intervención de cara a las elecciones
En julio el TSJ, visto como un brazo del gobierno, emitió fallos en los que suspendió a las directivas de los partidos Voluntad Popular, de Guaidó, Primero Justicia y Acción Democrática, argumentando que no habían seguido sus propios estatutos para la elección de las autoridades y que negaron derechos políticos a sus miembros.
El máximo tribunal emitió sentencias posteriores en los que designó nuevas directivas para esos partidos y les otorgó el uso de sus tarjetas electorales, logo y emblemas, en lo que fue descrito por los opositores como el más reciente intento oficial de anular a los críticos, mientras avanza en la preparación de elecciones al Congreso el 6 de diciembre.
El Consejo Nacional Electoral dijo que desde el lunes y hasta el 19 de agosto está abierto el registro de candidatos para la Asamblea. Los principales partidos de la oposición anunciaron este mes que no participarán en esas elecciones al considerar que los comicios serán manipulados por el oficialismo.
(Con información de EFE y Reuters)
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