“Temo por su vida”: la espantosa incertidumbre de la madre de un preso político venezolano ante los casos de Covid-19 en la Dirección de Inteligencia Militar

Miedo. En eso se resume lo que envuelve a los alarmados familiares de los presos en los sótanos de las instalaciones de Inteligencia del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Dirección general de Contrainteligencia Militar (DGCIM), luego de saberse el resultado de algunos test de Coronavirus que dieron positivos. Ningún funcionario les da oficialmente información. Cuando se acercan a las instalaciones de esos organismos, son despachados sin explicación alguna.

El fallecimiento de Erick Echegaray, que aunque no era preso político, estaba detenidos en El Helicoide, a órdenes del SEBIN, y purgaba condena por el mismo caso de Walid Mackled, preso por narcotráfico, elevó las alarmas. No es solo que haya casos, es que la posibilidad de muerte aterra a los familiares.

Desde el régimen de Nicolás Maduro no hay respuesta ni respeto a ninguna medida, ni siquiera al debido proceso. De nada sirve que se les exija medidas humanitarias para todos los presos políticos venezolanos, previendo que los detenidos, especialmente en las instalaciones de inteligencia, están en alto grado de vulnerabilidad.

El detenido está sujeto al entramado de tortura, burla en la administración de justicia evidenciado en los tribunales militares, incluso con la participación de algunos abogados que se hacen llamar defensores de derechos humanos y actúan más como carroñeros, de defensores públicos y fiscales militares que no defienden al detenido y solo reciben órdenes de sus superiores.

Y para colmo diputados que tienen miedo o pereza de acompañar a los familiares de los presos cuando les piden que los acompañen a pedir fe de vidas de sus seres queridos

El desespero de una madre

El 21 de julio 2020 Sara María Quiroga de De La Sotta, madre del Capitán de Navío Luis Humberto De La Sotta Quiroga, le dirigió una misiva a la Directora General de Actuación Procesal del Ministerio Publico con atención al Sub Director de Ejecución de Sentencia de Derechos Humanos. La angustiada madre le dice que su hijo, preso y sin juicio desde el 18 de mayo 2018, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, “está encerrado en los sótanos desde hace 26 meses. Sus condiciones de reclusión han sido infrahumanas violando sus derechos humanos”.

Narra que desde el 1 de enero 2020 lo trasladaron al otro sótano, “en una celda de 3x2 a puerta cerrada, con un inodoro dentro que ha tenido que compartir hasta con 6 personas. Sin aire natural, sin actividades recreativas ni deportivas. Con acceso restringido al aseo personal, permitiéndole salir a ducharse una vez por semana durante los últimos 7 meses”. La señora de De La Sotta describe la llamada Casa de Los Sueños, como perversamente llaman en la DGCIM al sótano más profundo.

Ella denuncia que desde marzo su hijo “no tiene acceso a la luz del sol, tampoco a visita familiar ni de abogados. Se le suspendieron las 3 comidas diarias que, por razones de salud, yo le entregaba a la DGCIM para su consumo. También tiene restricción de llamadas telefónicas, entrega de alimentos, agua potable y medicamentos periódicamente; debo esperar que él me llame y eso solo lo ha hecho 3 veces en 4 meses. Las comidas son ofrecidas por la DGCIM en poca cantidad, por lo que ha disminuido 15 kilos aproximadamente en los últimos 4 meses”.

Es enfática al decir que la salud de su hijo se ha visto deteriorada “por sus condiciones de reclusión y las secuelas de las torturas sufridas en ese centro de detención arbitraria en el momento de su detención, las cuales nunca fueron investigadas por la Fiscalía Militar, ni atendidas por un médico. El 21 de mayo del 2018, ante la Jueza Claudia Carolina Pérez de Mogollón, del Tribunal Militar Primero de Control en Fuerte Tiuna, mi hijo fue presentado ensangrentado y torturado; él lo denunció, pero la Jueza dijo no tener competencia para tramitar denuncias sobre torturas”.

“Mi hijo es hipertenso, y tiene problemas renales. Desde el mes de febrero estamos solicitando traslado al Hospital para exámenes urológicos y atender su condición, lo cual no ha sido posible; hace más de un año se pidieron estudios cardiológicos, colocación de Holter. Nada ha sido posible. Los tribunales militares no atienden las denuncias, además de que tienen 123 días que no despachan y la Defensoría del Pueblo tampoco”.

“El 5 de marzo 2020 los Grupos de Trabajo contra la Detención Arbitraria y contra la Tortura de las Naciones Unidas enviaron comunicación a la Cancillería Venezolana sobre la situación de mi hijo, pero no tuvo atención. Mi hijo tiene Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde octubre 2018 sin ser tomadas en cuenta”.

“Temo por la vida de mi hijo, su salud física y mental, está cada vez más deteriorada. En estos cuatro meses ha rebajado aproximadamente 15 kilos. Su cara esta pálida como un papel, pude verlo el martes 14 de julio de este año, cuando fue llevado de emergencia al odontólogo por una muela infectada, luego de haber estado seis meses con dolor de muelas”.

Sara Quiroga de De La Sotta le dice a la Fiscalía que es al Ministerio Público a quien le corresponde velar por el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales, entre ellos “el derecho al respeto a la dignidad humana, la prohibición de torturas, trato inhumano, degradante y cruel. Me permito solicitar la asignación de un Fiscal Nacional que se dirija a la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleíta, Caracas, para constatar las condiciones de reclusión de mi hijo, su estado de salud física y mental”.

Finalmente insta a que “se le otorgue la debida atención medica que requiere y se tomen en cuenta los Tratados Internacionales y las medidas constitucionales pues, los sótanos de la DGCIM no pueden ser considerados un Centro de Reclusión”.

Exige el FIM

El Frente Institucional Militar (FIM), organización que agrupa a gran cantidad de oficiales venezolanos en situación de retiro, publicó un comunicado, en el cual exige la liberación de 140 militares presos, agregando que “el mundo sabe que son presos políticos militares, con detenciones arbitrarias y privación ilegítima de la libertad, quienes han sido sometidos a tratos crueles e inhumanos, con consecuencias de graves afectaciones físicas y psicológicas y hasta la muerte, como el caso del Capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arévalo”.

La organización, presidida por el Vicealmirante Rafael Huizi Clavier, “hace un enérgico llamado de atención a quienes ejercen poderes nacionales en Venezuela, como el Ejecutivo, Judicial, Legislativo y Moral, por la urgente y necesaria atención a la situación de los presos políticos militares que están en peligro de muerte, algunos de ellos habiéndoseles conculcado sus derechos constitucionales fundamentales, como es conocido y denunciado en varias oportunidades y descrito en el informe de septiembre de 2019, de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU”.

“Es urgente nuestro llamado de solidaridad y alarma, por cuanto se presenta una nueva y peligrosa variable en los centros de reclusión con reportes ciertos de contagio del virus COVID 19, sin atención médica adecuada, también señalado en marzo del 2020 por la Dra. Bachelet”.

“Esta gravísima situación se suma a la tragedia de militares secuestrados, pues han cumplido las penas que les impusieron y aún siguen recluidos arbitraria e ilegalmente, como otros hospitalizados, pero en precarias condiciones de salud, a quienes les han negado el beneficio procesal humanitario”.

“Estos venezolanos, como muchos otros, han sufrido torturas, aislamientos, prohibición de alimentación adecuada y medicinas necesarias, entre otras tantas calamidades que constituyen una violación bárbara de los derechos humanos fundamentales, de manera despiadada y con alevosía lo cual nunca podrá ser justificable ni tolerable”.

“Por todas las razones fundadas en hechos ciertos y comprobados, por la Alta Comisionada de los DDHH, exigimos la liberación de todos los presos políticos militares conforme ha expresado reiteradamente la Dra. Bachelet, conforme a fundamentos constitucionales y legales, con sentido de humanidad, por el beneficio de la sensatez política y por el respeto a la dignidad humana como norma ética fundamental en cualquier ser humano civilizado y entendido del bien común imperativo para la convivencia en paz”, finaliza diciendo el Frente Institucional Militar.

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