Desde la publicación de lo que sucedía en el municipio Seboruco del estado Táchira, específicamente en las aldeas donde miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hicieron reuniones con las comunidades, la respuesta por parte del mal llamado protector del Táchira y de algunos seguidores del chavismo en Caracas fue negar los hechos, culpar a los Estados Unidos de intromisión y asegurar que Venezuela defiende su soberanía. Pero la Fuerza Armada se activó al día siguiente y el 28 de julio hizo presencia con gran cantidad de uniformados en dos municipios con denuncias de presencia guerrillera.
En un video dado a conocer por la Región de Defensa Integral (REDI) Los Andes, a través de la Zona Operativa (ZODI) Táchira se evidencian dos cosas: reconocen que han recibido denuncias “de sus habitantes ante la presencia de presuntos grupos armados generadores de violencia”, a la vez que muestran el despliegue militar en el sector Casa del Padre del municipio Guásimos y en el sector Los Ríos del municipio Guásimos, parte de los municipios señalados por Fudaredes como lugares con presencia del ELN.
El término “grupo generador de violencia” fue inventado en el Gobierno de Hugo Chávez, específicamente cuando ocurrió el asesinato del comandante Moisés de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL/FPLN), para no señalar que era un grupo guerrillero. Así trataron de disfrazar la información relacionada con grupos irregulares, guerrilla y paramilitares, pero también bandas de delincuentes comunes.
La llegada de militares a los municipios Guásimos y Seboruco la dio el jefe de la ZODI Táchira, general de división Ángel Eduardo Moronta Juliao, quien destacó que el despliegue lo hicieron con 320 efectivos en Guásimos, específicamente en el sector denominado Casa del Padre, realizando operaciones de patrullaje, escudriñamiento y reconocimiento.
Aseguró que todo eso lo hacían “para mantener la soberanía y la independencia y luchar contra cualquier grupo estructurado que ose pisar nuestro territorio; serán combatidos con toda la fuerza de la soberanía bolivariana”.
En el caso de la aldea Los Ríos de Seboruco, el capitán Leonel Gámez Cano narró que hubo un patrullaje “con la finalidad de neutralizar algún grupo estructurado de delincuencia organizada que intente generar zozobra a la población”.
El Jefe de la ZODI destacó que “nos encontramos con un despliegue de 250 hombres en este sector para realizar patrullaje, escudriñamiento y neutralización de cualquier grupo estructurado de delincuencia organizada que se encuentre en la zona. Defendemos la soberanía, defendemos la independencia y ningún grupo que no sea la Fuerza Armada Nacional Bolivariana pretenda estar en estos territorios”.
Sí están
Los militares hicieron presencia hasta el lunes 3 de agosto en Seboruco. “Estuvieron en la zona donde estaban los guerrilleros, que parecen ya estaban avisados porque se fueron poco antes de que los militares llegaran y por eso no agarraron a ninguno. Solo hubo declaraciones”, narra un habitante de Seboruco.
“Por aquí no sobrevoló ningún helicóptero. Hicieron un show y se fueron sin ningún enfrentamiento, solo con los campesinos de la zona a quienes les decomisaron dos escopetas caseras. Se apoderaron de dos motos que ya regresaron”.
“En las alcabalas que colocaron, tanto en el pueblo como en el campo, varios de los militares cobraron a quienes pasaban a horas prohibidas o por alguna otra excusa”.
“Estos militares no se toman en serio lo que sucede en la zona. Ellos saben que la guerrilla del ELN se reunió en las aldeas y si no lo sabían por lo menos ya lo saben porque estuvieron en Los Ríos. A Las Flores no fueron”.
El campamento
Es cierto que ha habido gran despliegue militar en toda la zona. Pero la Fuerza Armada debe actuar con mayor contundencia, hacerle sentir a la comunidad su confianza en el ejército regular y no en guerrilleros o paramilitares, que finalmente van a convertirse en sus victimarios si se apropian de la zona.
En la próxima visita la ZODI debe desplegar un operativo has la aldea Santa Clara, en la parroquia Monseñor Miguel Antonio Salas, municipio Seboruco, para que vean el Campamento que tiene ahí el ELN. “Ese campamento base de la guerrilla está a unos dos kilómetros de la aldea El Tesoro, justamente en los límites entre los municipios San Judas Tadeo y Seboruco. Ellos andan en camionetas Toyota, algunas veces usan uniformes camuflados, armas de guerra y pasamontañas”, dijo a Infobae un productor del municipio.
Ante la pregunta de si no siente temor de ser víctima de los elenos, responde: “Pues a pesar de que uno sabe que son gente violenta, pues ellos han sido muy educados. Han sido muy colaboradores y tienen un muy marcado acento colombiano”.
“Para llegar a la zona hay una sola vía de penetración que está en pésimas condiciones. Hace unos dos meses ellos construyeron otra vía que cruza la montaña de manera diametral; la hicieron en tiempo récord y con maquinaria”.
“La nueva vía está desde el sector Mata de Guineo hasta El Tesoro, más abajo de Santa Clara. Transitan en camioneta Toyota de tolva, sin placas, con gente muy armada, pasamontañas o pañuelos rojos cubriendo parte de la cara”.
La cita con el fiscal
El profesor Javier Tarazona de Fundaredes fue citado ayer por las fiscalías primera y veinte del Táchira. Cuando llegó el que lo estaba esperando era el Fiscal Superior del Táchira, abogado Alejandro Celis, quien lo atendió por más de tres horas. Tarazona cataloga el hecho como “una acción intimidatoria, que busca imponer el silencio y opacidad de las perversidades que se dan en nuestra región”.
Explica Tarazona que el motivo de la cita es la denuncia que ha hecho Fundaredes sobre el conocimiento por parte del Ministerio Público de la actuación y presencia de grupos armados irregulares en el país. “El fiscal manifiesta su rechazo a ese ‘vilipendio’ contra su institución por ser esa la única garante de los derechos humanos en el país según él”.
El director de Fundaredes, como respuesta a lo que dijo el abogado Celis, le entregó un dossier de más de 20 denuncias que han interpuesto entre el 2019 y 2020. “Le hice referencia a denuncias que se han realizado desde el 2003 ante el Ministerio Público por la actuación de grupos armados irregulares en los estados fronterizos, lo cual hace a la Fiscalía conocedora de esas perversidades”.
La excusa del fiscal, para responder a varias de nuestras denuncias, es “el bloqueo económico”, alegando que “el Ministerio Público ha demostrado su lucha contra los irregulares, así como también profesó ser un seguidor del legado de Chávez y por tanto luchar contra el narcotráfico, el imperialismo y los paramilitares”.
Tarazona le entregó la medida cautelar de protección otorgada por la CIDH para su protección y la de su familia, haciéndolo responsable de su compromiso con la garantía de dicho mandato.
Según dijo el profesor Tarazona, el Fiscal Superior “pretendió señalar en varias oportunidades a las organizaciones de derechos humanos como desestabilizadoras y generadoras de un narrativa contraria a la realidad del país, dedicó varios minutos para señalar a Juan Guaidó de casi todo los males de Venezuela, y decía que no tenía problema con las organizaciones defensoras de derechos humanos, que respetaba su rol en la sociedad, finalmente indico que él estaba comprometido hacer las cosas bien y pedía que desde FundaRedes le ayudáramos sin generar una narrativa contra ellos”.
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