La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este martes su “preocupación” por la situación de los trabajadores de la salud en Venezuela en el contexto de la pandemia de coronavirus, e instó al régimen de Nicolás Maduro a proteger a esta población que representa el 19% del total de muertes por COVID-19 en el país.
“Es imprescindible que las personas trabajadoras de la salud y del cuidado cuenten con protocolos de bioseguridad, lo que incluye la realización de diagnósticos, equipos de protección y materiales necesarios para desinfección y adecuado mantenimiento de ambientes de salud”, expresó la CIDH en su cuentas oficial de Twitter.
De esta manera el organismo instó a la dictadura a “aplicar las directrices de la Res. 4/ 20, especialmente aquellas dirigidas a protección de los derechos de las personas trabajadoras de la salud y del cuidado que atienden personas con Covid-19″.
Venezuela ha reportado hasta el momento 15.988 contagios y 146 muertes por coronavirus, de acuerdo a datos oficiales recolectados por la Universidad Johns Hopkins, aunque estas son cifras cuestionadas por la oposición y por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, y se cree que el impacto real de la pandemia sería mucho mayor.
Extensión del confinamiento
Maduro extendió el domingo el confinamiento reforzado en Caracas y seis estados de Venezuela para combatir el coronavirus, mientras que en el resto del país las medidas seguirán siendo más flexibles, según informó la agencia AFP.
Caracas y los vecinos estados Miranda y Vargas, así como los fronterizos Zulia, Táchira (ambos con Colombia) Bolívar (Brasil) y Sucre (Trinidad y Tobago) entran en “cuarentena radical producto del crecimiento de los casos” de COVID-19, dijo el dictador en una transmisión televisada.
“Es un esfuerzo especial porque estamos en un tiempo de pandemia”, recalcó Maduro, destacando que el virus está “corriendo” en Caracas, donde se registra la mayor cantidad de contagios del país, con 1.746 casos hasta este domingo.
La “radicalización” de la cuarentena obliga al cierre de negocios salvo supermercados, farmacias y otros comercios considerados “esenciales”.
El mandatario no aclaró por cuánto tiempo permanecerían esas restricciones.
Caracas y Miranda estaban bajo dicho endurecimiento desde el pasado 15 de julio tras despertar una "alarma" por la propagación del nuevo coronavirus, dijo entonces Maduro.
Un esquema de confinamiento que el gobierno socialista llama "7+7" está vigente desde junio, que alterna siete días de "cuarentena radical" con siete de "flexibilización" que permiten actividades de sectores económicos distintos a alimentación, salud o seguridad.
Sin embargo, la crisis socioeconómica dificulta el cumplimiento del confinamiento en un país donde cuatro de cada cinco familias no ganan dinero suficiente para cubrir la canasta alimentaria, según un estudio de las principales universidades venezolanas.
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