Amnistía Internacional pidió al gobierno argentino que inste al régimen de Nicolás Maduro a respetar los derechos humanos

Amnistía Internacional le pidió este miércoles al gobierno argentino que inste al régimen venezolano a respetar los derechos humanos. La declaración tiene lugar pocos días después de que se suscitara una controversia al respecto dentro del gobierno de Alberto Fernández, catalizada por la postura oficial del país sobre un nuevo informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación en el país caribeño.

En concreto, el presidente argentino matizó la postura que la delegación del país había tenido en el marco de la presentación del informe, luego de recibir críticas desde el seno de su partido.

En Ginebra, Argentina había manifestado “su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela, así como por la grave crisis política, económica y humanitaria que padece Venezuela”.

Federico Villegas, embajador argentino ante los organismos internacionales ubicados en esa ciudad suiza, indicó a su vez que la crisis se había “exacerbado por el incremento de las sanciones económicas y financieras, y por la pandemia de Covid-19″.

El funcionario aseguró también que “solo el orden constitucional, la democracia y el Estado de derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos humanos” en el país. Y, en consecuencia, se manifestó a favor de “una negociación política inclusiva” y “la restitución de derechos políticos”, así como la búsqueda de una salida “liderada por los propios venezolanos a través de elecciones inclusivas, transparentes y creíbles”.

Sin embargo, tras la aparición de críticas dentro del oficialismo, Fernández aseguró en una entrevista radial que la condena efectuada no representa un cambio de abordaje geopolítico del Gobierno, que continúa reconociendo la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente electo.

“Nunca hemos desconocido eso. Nosotros nunca hemos desconocido la autoridad del gobierno de Venezuela, la legitimidad del gobierno de Venezuela. Guaidó no fue reconocido por nosotros como lo hizo el gobierno anterior”, aseguró Fernández el pasado 16 de julio.

En días sucesivos, distintos miembros del partido realizaron declaraciones divergentes sobre el tema: mientras que el diputado y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Eduardo Valdés, dijo que “para nosotros Venezuela no es una dictadura”, el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, aseguró que ese es efectivamente el caso.

Es en ese marco que la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Mariela Belski, realizó la declaración mencionada. “Es fundamental que los países que integran el Consejo de Derechos Humanos, como Argentina, sigan apoyando la continuidad el mandato de la Alta Comisionada y que insten a Venezuela a cooperar con este mecanismo y cumplir con las recomendaciones señaladas en el informe”, expresó a través de un comunicado la directora del capítulo argentino de la organización.

En la presentación del informe, Amnistía Internacional alertó sobre “la continua crisis de derechos humanos en Venezuela”. Para ilustrar el concepto, hizo referencia al hecho que “las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, el uso de la fuerza y la tortura por parte de las fuerzas de seguridad, siguen ocurriendo con impunidad como parte de la política de represión de la disidencia”.

“En el contexto del COVID-19, las autoridades han atacado a periodistas, a personas trabajadoras de la salud y a quienes han informado la actuación del gobierno ante la pandemia”, agregó la organización internacional.

También se hizo eco de “las preocupaciones de la Alta Comisionada sobre la falta de independencia del sistema de justicia”, indicando que este es utilizado para “silenciar y criminalizar a quienes son percibidos como una amenaza para el gobierno en vez de apuntar hacia los responsables por crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos”.

“A pesar de los compromisos adquiridos por Venezuela ante el CDH, en septiembre del año pasado, AI no ha registrado mejoras significativas en el país. Por lo tanto, es esencial que el Consejo asegure la continuidad de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, que investiga la situación en ese país, en conjunto con el fortalecimiento del rol de la Alta Comisionada, con el fin de que los culpables rindan cuentas y que las víctimas obtengan justicia”, expresó el comunicado de Amnistía Internacional.

El informe de Michelle Bachelet

En concreto, el documento presentado por la Alta Comisionada recopiló 38 presuntas ejecuciones de jóvenes entre mayo de 2019 y mayo de 2020 a manos de las FAES y otras ramas del régimen.

Sobre el accionar de las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, el reporte contabilizó 1.324 muertes entre enero y mayo de 2020 en el marco de “operaciones de seguridad”. Según el detalle, las FAES fueron presuntamente responsables de 432 muertes, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de 366 y la Guardia Nacional Bolivariana de 136.

En un plano general, indicó que la población venezolana continúa sufriendo “graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a sus bajos salarios, altos precios de los alimentos, persistentes carencias de los servicios públicos, precario acceso al sistema de salud”.

También, criticó las recientes decisiones de la justicia, que intervino a tres partidos opositores y nombró a un nuevo Consejo Nacional Electoral -cuyos miembros están alineados con el régimen- pese a que esa potestad corresponde a la Asamblea Nacional. Según expuso, estas medidas “disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”.

La ex presidente chilena indicó que se ha continuado registrando “restricciones al espacio cívico y democrático, con violaciones a la libertad de expresión y derecho a la información, detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de salud, personas que protestaban por los servicios públicos”, así como los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional.

Entre las 16 recomendaciones del informe destinadas al régimen de Maduro, insta a restablecer funciones a la Asamblea Nacional, cesar las detenciones en régimen de incomunicación, especialmente por parte de los servicios de inteligencia y otorgar la libertad incondicional de todos los detenidos ilegal o arbitrariamente.

Además, pidió investigar y sancionar a los responsables de torturas y proteger y abstenerse de desacreditar a defensores de derechos humanos y periodistas.

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