El régimen chavista ordenó la prisión preventiva de Nicmer Evans por “instigación al odio”

La dictadura de Nicolás Maduro ordenó este viernes la “privación preventiva de libertad” al dirigente opositor Nicmer Evans tras cuatro horas de audiencia de presentación en el Tribunal 21 de Control Penal en Caracas.

El régimen detuvo en la noche del lunes a Nicmer Evans, a quien acusó de “instigación al odio”. El politólogo director del medio Punto de Corte había anticipado en un video de de Instagram su inminente abducción por parte de fuerzas chavistas.

Ante la ratificación de la privativa de libertad, los abogados de Evans informaron que apelarán la decisión por el presunto delito de “instigación al odio” del que fue acusado. A partir de este viernes corren 45 días para la apelación.

Según contaron los abogados a la prensa local, el juez mencionó durante la audiencia que el delito se imputa por unos señalamientos a la cadena chavista Globovisión y a Nicolás Maduro en unos tuits que sugieren una “narcodictadura”.

Fue fijado como sitio de reclusión la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ubicada en Boleíta, Caracas.

“En este momento me están notificando. Esta es la orden de aprehensión. El tema es en relación con instigación al odio. Quiero dejar claro que el derecho consagrado de la libertad de expresión, la crítica a la acción política, la defensa y la resistencia ante la tiranía no puede ser considerada instigación al odio”, manifestó Nicmer Evans en el video que publicó minutos antes de su detención el lunes pasado.

El dirigente opositor luego continuó describiendo la situación: “Están en este momento los funcionarios en la puerta. Voy a proceder a abrirla para entregarme y ver que pasa. Advierto que lamentablemente Venezuela vive en una neodictadura donde los delitos se imputan sin ningún tipo de razón o justicia. Le digo a las personas que han trabajado conmigo hasta ahora que sigan trabajando por la libertad de expresión, la democracia y la libertad”.

Fuerzas chavistas allanaron su casa por más de 4 horas durante la tarde del lunes, tiempo en el cual su esposa y el resto de su familia permaneció secuestrada por ellas. La cuenta de Twitter de Punto de Corte también había sido intervenida por funcionarios del régimen. Al retirarse de la propiedad, los agentes se llevaron a su hermano y abogado, Álvaro Herrera, en “calidad de testigo”. “Responsabilizo a Maduro de lo que le pueda pasar”, expresó Evans al respecto.

Evans concluyó su mensaje asegurando que mantiene su apoyo al presidente encargado, Juan Guaidó, y su postura favorable a “todos los países que están defendiendo el derecho”. “Yo fui chavista, pero nunca para esto. Nunca para atentar en contra de la gente. Hubo un engaño, un fraude. En base a ese fraude convoco a la gente a que nos unamos en función del restablecimiento de la democracia. Espero verlos pronto”, finalizó.

La persecución contra Evans y su familia fue condenada por el gobierno interino, partidos opositores y la prensa venezolana. Durante la tarde del lunes, Guaidó se pronunció sobre el allanamiento, calificándolo como una “actuación propia de cobardes”. “Lo persiguen por opinar, por disentir y por organizar el descontento. La necesidad de cambio en Venezuela es indetenible”, expresó el mandatario interino. Lo mismo hicieron las diputadas Delsa Solórzano y Adriana Pichardo, entre otros.

De esta manera, Evans parecería ser la última víctima de la “Ley contra el Odio” promulgada por la dictadura en 2017, y con la que busca nuevas maneras de perseguir el disenso en Venezuela.

La norma, promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente chavista, fija penas de hasta 20 años de cárcel y otras sanciones tales como multas a empresas y medios electrónicos, proscripción de partidos políticos y clausura de medios de comunicación a quienes “difundan mensajes de odio”.

Un sinnumero de personas han sido detenidas a lo largo de los años por alzar la voz contra el régimen, ya sea mediante artículos periodísticos, activismo político, o cualquier otro acto que eche luz sobre los distintos crímenes y corrupción que comete en bases regulares.

Los últimos ejemplos se enmarcan dentro del desmanejo con respecto a la pandemia del nuevo coronavirus, considerando que la catastrófica crisis económica causada por el régimen deterioró la infraestructura sanitaria a un punto tal que se les hizo imposible a los profesionales de la salud brindar respuestas adecuadas.

En este marco, la dictadura detuvo a distintas personas que llamaron la atención sobre la dramática situación. Entre ellas se destacó el caso de Darvinson Rojas, quien precisamente fue imputado por “instigación al odio”, como consecuencia de la publicación de tuits con estadísticas sobre el Covid-19 en el país.

Luego de 12 días, Rojas fue excarcelado con una medida cautelar por fianza, en la que se requirió la búsqueda de 4 fiadores que ya fueron entregados a la defensa, su presunto delito fue, haber publicado información irregular sobre el manejo del coronavirus en Venezuela, a través de sus redes sociales. Rojas no puede hacer uso de sus redes sociales porque están enlazadas a su teléfono celular, que es un elemento de prueba que tienen en su poder las autoridades que llevan a cabo la investigación de los hechos por el que es acusado.

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