El informe de Michelle Bachelet que causó indignación entre familiares de detenidos en la Dirección de Inteligencia del régimen de Maduro

La tortura blanda y psicológica contra detenidos y familiares, la ausencia de chequeos médicos, el robo de los alimentos y agua potable, la ducha solo una vez a la semana, la prohibición de lecturas y actividades físicas, el encierro durante las 24 horas perdiendo la noción del día y la noche, con pérdida de memoria y de peso, sin ningún tipo de visitas de familias ni abogados. Así están los detenidos en los sótanos de la DGCIM. Es peor para quienes están en el sub sótano en la llamada Casa de Los Sueños.

Desde las medidas por el Covid-19, la situación ha empeorado; desde marzo, solo familiares de algunos detenidos han recibido tres o cuatro llamadas muy cortas. Les impusieron que para entregar alimentos, medicamentos o útiles personales no pueden acercarse a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, Caracas; los obligan a llegar hasta un centro comercial retirado de allí donde unos funcionarios van a buscar los insumos.

Y si ya es difícil para quienes viven en Caracas, es una tragedia para los del interior del país, muchos de quienes no saben desde hace tiempo en qué condiciones está el preso, incluso no saben que han sido trasladados a otros sitios.

Pero eso no está reflejado de manera contundente en el nuevo informe de Verónica Michelle Bachelet Jeria, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Tampoco aparece en ningún párrafo que la Comisión de Delegados que dejó en Venezuela se ha negado a acompañar a los familiares cuando le han solicitado que los acompañen para pedir información o fe de vida de los detenidos. “Esos delegados también tienen miedo. Han preferido hacerles sonrisas a los funcionarios del Gobierno. Han resultado una gran decepción”, comenta la esposa de un oficial a Infobae.

Otra de las mujeres consultada dijo: “Ella, Bachelet, tiene las denuncias. Muchos de nosotros nos arriesgamos a hablar con ella cuando estuvo en Venezuela, pero una cosa dijo ahí y otra lo que ha sucedido desde entonces. Las consecuencias para algunos ha sido castigos, incomunicación total y vaya a saber qué otros tratos”.

“Hace cuatro meses que los tribunales están cerrados, impidiendo que podamos hacer alguna actuación, pero para detener a la gente e imputarla para eso sí funcionan cada vez que quieren”, es la respuesta que da el representante de un oficial.

Coincidencia en el maltrato

Todos los consultados por Infobae coinciden en su indignación por el informe Bachelet. Una anciana considera que “ha sido el peor de los informes de la Alta Comisionada, no solo no dice nada de lo que está sucediendo en esos sótanos de tortura, sino que hasta alaba a la Fiscalía. Bachelet no solo perdió mi confianza, también mi respeto”.

A los detenidos en DGCIM por la Operación Gedeón les desaparecieron los alimentos y los medicamentos. “Con el cuento de que ellos iban a tumbar a Maduro, los han tratado de manera brutal, como si no tuvieran derecho a nada”, argumenta una de las personas consultadas.

“La denuncia que colocamos ante Atención a la Víctima no tuvo respuesta por parte del Ministerio Público. El Defensor del Pueblo hace silencio”, es la crítica de una víctima.

Todas las denuncias coinciden en la poquísima cantidad de alimentos que les sirven a quienes están en esos sótanos y el robo de la comida que llevan los familiares, por lo que la pérdida de peso es alarmante de hasta 20 kilos. No salen al sol. No respiran aire limpio. Cero actividades recreativas. “Bachelet lo que ha hecho es acumular informes. En el del 4 de julio recomendó que los detenidos en esos sótanos fuesen trasladados. Si no han dejado entrar a sus delegados, menos han considerado sus sugerencias. Al contrario, ese lugar está ahora más hacinado que nunca”, es la agria expresión de uno de los familiares.

El padre de un oficial detenido coincide con muchos familiares de otros presos en que “hacemos un gran sacrificio para conseguir los alimentos ante la crisis que hay en Venezuela. Se los llevamos a mi hijo y en la DGCIM se roban la mitad o incluso todo, lo mismo ocurre con los medicamentos. Nos tratan de manera denigrante. Imagínese cómo deben tratar a esos muchachos que están indefensos en esos sótanos, en manos de gente mentalmente enferma. Esa señora Bachelet sale con ese informe lleno de tonterías, por lo menos en lo que a la violación de los derechos humanos de los recluidos en la Casa de Los Sueños”.

Bachelet no mencionó nada ante la situación de los capitanes detenidos por los sucesos de Puerta Morocha y mucho menos a la forma grotesca como murieron ocho, según dijo el Ministro Néstor Reverol, de la Operación Gedeón, cuyos nombres aun hoy en día no han sido dados a conocer oficialmente.

Los puntos del Informe

La parte relacionada a la administración de justicia es lo más pobre del informe de Bachelet. Varias veces cita que fue “manifestado en sus informes anteriores”, con lo cual está demostrando que el Gobierno de Nicolás Maduro no ha tomado en cuenta para nada ninguna de sus solicitudes o sugerencias.

Además, si bien es cierto que las referencias a los instrumentos legales, son importantes, en el informe parecen usarse más para rellenar espacio sin contenido. Además de citar lo que ya ha sido citado en muchas oportunidades. ”El ACNUDH identificó varios factores que socavan considerablemente la independencia del poder judicial, en particular, la inseguridad en la titularidad de los jueces, la inexistencia de un proceso transparente para su designación, la presión política que se ejerce sobre ellos (por ejemplo, en forma de amenazas de despido), la precariedad de sus condiciones de trabajo y las restricciones a su libertad sindical”.

La Comisión dice estar preocupada “por la falta de independencia que padece el sistema de justicia en Venezuela”.

A estas alturas Bachelet sigue repitiendo en sus informes “la inseguridad en la titularidad de los jueces, la inexistencia de un proceso transparente para su designación, la presión política que se ejerce sobre ellos (por ejemplo, en forma de amenazas de despido), la precariedad de sus condiciones de trabajo y las restricciones a su libertad sindical”.

Se refiere al decreto emitido por la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 sobre “emergencia judicial”. “El ACNUDH ha sido informado de que la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha continuado basándose en dicho decreto para destituir a jueces por otros motivos”.

Muchas veces se lee en el informe las palabras “Al ACNUDH le preocupa” pero no hay una demostración de los logros de la Alta Comisionada ante las gravísimas denuncias de derechos humanos en Venezuela.

Bachelet sabe el sueldo de los jueces, y que eso “incrementa el riesgo de corrupción en todos los ámbitos y a todos los niveles de la administración de justicia” y también la composición del TSJ. “Según la información recibida, la mayoría no cumplía con los requisitos mínimos establecidos por la Constitución para ser magistrados”.

Y si algo demuestra lo genuflexo del informe, además de lo anteriormente citado, es al referirse a “inconsistencias y posibles consideraciones políticas en las decisiones del TSJ relacionadas con la Asamblea Nacional”, cuando hay diputados huyendo, asilados, presos, amenazados y perseguidos.

“Desde marzo de 2017, el TSJ ha retirado la inmunidad a 29 asambleístas de la oposición sin seguir el procedimiento dispuesto en la Constitución y sin el proceso debido”.

Menciona la preocupación por el uso de la jurisdicción militar para enjuiciar a civiles, como en el caso del dirigente sindical Rubén González. “En la jurisdicción penal militar venezolana, los jueces, fiscales y abogados son considerados militares en servicio activo, por lo que están sometidos a la disciplina militar y al principio de obediencia jerárquica”.

“Otra fuente de seria preocupación es el establecimiento de tribunales con competencia en delitos vinculados al terrorismo, que fueron creados en 2014 a través de un memorando interno del TSJ en lugar de mediante una ley de la Asamblea Nacional, y cuyos procedimientos judiciales no son compatibles con las garantías de debido proceso y el derecho a un juicio justo”.

“Su mandato no ha sido hecho público, las audiencias no son siempre de carácter público y están compuestos por jueces provisionales que son nombrados siguiendo procedimientos carentes de transparencia. El ACNUDH está también preocupado porque, desde 2018, se ha venido recurriendo cada vez más a estos tribunales para juzgar casos de relevancia política, incluyendo de militares”.

“Varias fuentes informaron al ACNUDH de que, cuando en las audiencias se daba cuenta a los jueces de casos de tortura o malos tratos, ellos solían responder que el examen de tales denuncias no formaba parte de su competencia a pesar de que la obligación de investigar cualquier alegato de tortura se encuentra tanto en la legislación nacional, como en los tratados internacionales de los que la República Bolivariana de Venezuela es parte”.

Volvió a referir los casos de tortura, de 16, ocurrido entre junio de 2019 y mayo de 2020. Se refirió a las denuncias recibidas sobre torturas en la DGCIM: “Fuertes palizas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, inmersión de la cabeza del detenido bajo el agua, descargas eléctricas en los párpados y violencia sexual en forma de descargas eléctricas en los genitales. Las personas detenidas también estuvieron expuestas a bajas temperaturas y/o luz eléctrica constante, esposadas y/o con los ojos vendados durante largos períodos y sometidas a amenazas de muerte contra ellas y sus familiares”.

“A raíz de estas agresiones, desarrollaron problemas psicológicos, como depresión, insomnio, ansiedad, trastorno de estrés postraumático e ideas de suicidio, y físicos, como dolores crónicos, pérdida de sensibilidad en las extremidades, afecciones renales, hipertensión, lesiones oculares y pérdida de visión”.

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