Muertes misteriosas, incluso en el seno del principal cuartel venezolano: Fuerte Tiuna. Eso es parte de la crisis que está sufriendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), mientras Nicolás Maduro corre una frenética carrera hacia la consolidación de la destrucción de la institución castrense, el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en su visión de futuro, trata de capitalizar lo que podría ser su inversión política ante su cada vez mayor avance de politización de la FANB.
Pero, nunca hubo tantos hechos no explicados, tantos delitos no solo entre oficiales de alto rango, sino en toda la estructura de la pirámide militar. La Fuerza Armada venezolana está enfrentando problemas serios. Maduro no se conformó con el envío a sus casas de 39 altos oficiales de la promoción de Diosdado Cabello, sino que se propone sacar de sus cargos a una docena de generales activos que son afectos al presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, lo que va a crear mayores tensiones internas.
Aunque Padrino López se haya mantenido en el cargo de Ministro de la Defensa ya no representa el poder que incline la balanza hacia algún lado, por lo que trata de sobrevivir radicalizando su discurso. De ahí viene lo que dijo el 5 de julio retando a sectores de la oposición que sin duda reaccionarían, tal como ocurrió.
A la compleja situación de lo que ocurre en los cuarteles venezolanos, con baja moral entre los militares, con el apresto operacional reducido, con miles de deserciones que dejaron profundas fallas de personal, se le suma el ingreso de números hombres y mujeres a quienes les colocan el uniforme sin haber cumplido el proceso de formación y preparación que anteriormente era riguroso. A veces basta un curso de algunos meses, para ingresarlos a la Fuerza Armada, sin mencionar la aberrante inclusión de armar a los civiles a través de la Milicia.
Una muerte inexplicable
En la sede de la Policía Militar, que funciona en las instalaciones del Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela, que se encuentra en el corazón de Caracas, solo queda como preso político el general Ramón Lozada Saavedra, quien fue acusado de rebelión en el 2017, en el 2018 le otorgaron casa por cárcel y lo volvieron a detener en junio 2019.
Desde septiembre de 2018 el director del 354 Batallón de Reemplazo de Policía Militar “G/J Juan Bautista Arismendi” es el General de Brigada del Ejército Donato Francesco Tenores Damiani, quien prohíbe el paso de alimentos, de útiles personales, necesarios para quienes están detenidos.
Un hecho reciente fue el asesinato en las instalaciones del Fuerte Tiuna, del Primer Teniente del Ejército Pastor Maximiliano Vargas Nelo, de 39 años, adscrito a la 35 Brigada de la Policía Militar.
Según la Unidad de Investigaciones de delitos contra las personas, eje central de homicidios, expediente K-20-0479-00215, el hecho ocurrió en el Fuerte Tiuna, Brigada de Policía Militar, específicamente en el Río Valle, parroquia El Valle, municipio Bolivariano Libertador, Caracas, “en horas imprecisas de la mañana del día de hoy 10 de julio 2020”.
Se limitaron a decir que “mediante las primeras diligencias urgentes y necesarias, se pudo conocer que el hoy inerte debía entregar su servicio de perímetro a las 09:00 am. En vista que no realizó el relevo, comenzaron una búsqueda para ubicarlo, siendo localizado en la dirección antes mencionada por uno de sus compañeros, presentando un golpe en la cabeza”, específicamente un hematoma en la región frontal.
Destacan que “fue trasladado por los centinelas hacia el Hospital Militar ‘Doctor Vicente Salias Sanoja', lugar donde no pudo ser ingresado ya que se encontraba sin signos vitales”.
Varios de los militares no entienden por qué el cuerpo fue movido para el hospitalito, en lugar de preservar el lugar del crimen. Es necesario recordar que en febrero de 2020 ocurrió el extraño asesinato de Ayendry Dianelys Moreno López, la detective de la División de Investigaciones Contra Hurtos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quien murió luego de recibir tres disparos desde la alcabala 3 del Fuerte Tiuna, por parte de un teniente que hoy en día se mueve con libertad dentro de la Brigada.
Aunque no hay móvil del crimen del Teniente Pastor Maximiliano Vargas Nelo, varios compañeros suyos aseguran que él pretendía denunciar a jefes militares de la Brigada por la venta de cajas de alimentos que se mantienen en el depósito de la institución, las cuales estarían siendo violentadas, para extraerles algunos productos, de manera que eran entregadas incompletas a los profesionales, lo que ha creado varías quejas.
Además, el teniente habría reclamado porque pasaban meses antes de que les entregaran las llamadas cajas CLAP, permitiendo que quienes negociaban los alimentos que les quitan a los militares, pudieran venderlos a los negocios que los paga en dólares.
Por ahora solo se sabe, según el Acta de Defunción, que murió de asfixia mecánica por estrangulamiento.
La droga
Uno de los principales problemas que están azotando a la Fuerza Armada es el tráfico de drogas, con participación de militares activos y retirados. No hay distinción de grado militar ni de componente, aunque los casos más frecuentes aparecen en el Ejército y la Guardia Nacional.
Un caso revelador fue el ocurrido la noche del 13 de junio de 2020 cuando, en el marco de la Operación Escudo Bolivariano III Salud Segura 2020, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), adscritos al Punto de Control Mucuruba, sede de la 3Cia.D-221, del andino estado Mérida, detuvieron a dos individuos, por tráfico de drogas.
Los detenidos, quienes llevaban 210 panelas, para un total de 223 kilos de cocaína, resultaron ser Gregorio Morillo Ávila, 31 años, y el primer teniente del Ejército Juan Francisco Villalobos Mendoza, 27 años, adscrito al Centro de Adiestramiento de Combate de Formación y reentrenamiento “Casique Paramacay”, extensión Maracay del estado Aragua.
Según revela el acta levantada por los funcionarios que los detienen, la droga la transportaban en cinco bolsos de mano y una talega ocultos en el maletero de una camioneta Toyota 4Runner año 2006, placas AB515UP.
El chofer del vehículo era el primer teniente, procedente de la Ciudad de San Cristóbal, del fronterizo estado Táchira, y se dirigían a la ciudad de Barinas. Les retuvieron tres teléfonos celulares, 220 dólares americanos, 17 mil 500 bolívares, además de un uniforme bicentenario y uno patriota.
Eso no se menciona en la institución castrense. Los mensajes por las redes de las cuentas relacionadas a la Fuerza Armada distan mucho de parecerse a lo que ocurre en la realidad del día a día militar.
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