El régimen de Nicolás Maduro exigió a las autoridades de Cabo Verde un encuentro con Alex Saab en prisión

El pasado viernes por la noche el empresario colombiano Alex Saab fue trasladado de manera sorpresiva de la cárcel central de Ribeirinha a la isla de Sal, donde fue capturado el 12 de junio. Rápidamente el régimen de Nicolás Maduro reaccionó y exigió un encuentro con Saab en prisión.

Según informa el medio local Inforpress, el embajador de Venezuela en Cabo Verde, Alejandro Correa Ortega, envió una carta a las autoridades del país africano exigiendo una visita al testaferro de Maduro, alegando la necesidad de constatar de primera mano el estado de salud del detenido.

En la misiva, el diplomático chavista también rechazó el traslado a la isla de Sal del empresario colombiano, a quien en todo momento calificó de “ciudadano” venezolano y “enviado especial” de la dictadura.

“El enviado especial de Venezuela en la noche del 3 de julio fue trasladado inesperadamente de la isla de S. Vicente, sede del Tribunal da Relação de Barlavento, el tribunal competente (que aún no ha decidido sobre los recursos contra la detención provisional) de regreso a la isla de Sal”, señala el documento al que tuvo acceso Inforpress.

“Esta transferencia causa gran preocupación, ya que fue precisamente en isla de Sal que el enviado especial fue sometido a abuso físico y robo”, agrega.

Correa Ortega denunció, por su parte, que ni la embajada venezolana ni la defensa de Saab fueron notificados del traslado del empresario colombiano a isla de Sal: “Desde el sábado por la mañana, el embajador Correa ha solicitado sin éxito a las autoridades de Cabo Verde que autoricen el transporte diplomático para el transporte aéreo desde Praia a Ilha do Sal, para verificar su estado actual y el motivo de la transferencia. No se ha explicado el retraso en la obtención de la autorización”.

El comunicado enviado por el embajador del régimen ndicó que las autoridades de Cabo Verde sólo han permitido el ingreso de la defensa de Saab al país una sola vez (el 19 de junio), por sólo un periodo de cinco días. “Durante este viaje, al abogado principal se le negó el acceso al enviado especial. Posteriormente, a pesar de las repetidas solicitudes, su entrada no ha sido autorizada hasta ahora”.

Mientras la dictadura de Maduro sigue presionando para evitar la extradición de Saab, el diario colombiano El Tiempo reportó que por estos días el empresario teme que puedan matarlo en prisión y que lo hagan parecer un suicidio. “No me voy a suicidar”, habría dicho Saab hace algunas horas, de acuerdo a ese medio.

“Aseguró que quería dejar constancia de que se encontraba en óptimas condiciones y de que no va a intentar suicidarse. Teme que lo asesinen y que parezca que se quitó la vida”, dijo un antiguo allegado al barranquillero, a quien la justicia de Estados Unidos considera la clave para llegar a las fortunas ocultas del régimen y a los movimientos de oro y de dólares hacia Turquía, Irán y Rusia.

Ante esa situación, agrega El Tiempo, Saab solicitó a las autoridades de Cabo Verde que un médico y un psiquiatra lo revisen para constatar que se encuentra en buena salud y equilibrado mentalmente.

En los últimos días se registró un movimiento inusual en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral de Espargos: un Boieng C-17A Globemaster III del Reino Unido aterrizó el primero de julio, y aeronaves de Estados Unidos también pidieron permiso para permanecer en islas cercanas a Cabo Verde. Por lo que en EEUU se ilusionan con una pronta extradición.

La semana pasada las autoridades de Cabo Verde habrían aceptado formalmente el proceso de extradición de Saab. “Se terminaron de traducir todos los documentos y Cabo Verde ya le notificó a Estados Unidos que aceptó el proceso de extradición, el cual se resolverá en los próximos días”, dijo una fuente federal al diario colombiano.

Días después, la justicia del país africano rechazó un segundo hábeas corpus presentado por la defensa del empresario colombiano.

Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares”.

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