La Justicia de Cabo Verde rechazó por segunda vez el hábeas corpus presentado por la defensa de Alex Saab y que tenía como objetivo evitar la extradición del presunto testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro, a Estados Unidos, según confirmó una fuente judicial al medio local Expresso das Ilhas.
El pasado 23 de junio, el Supremo Tribunal de Justicia del país africano había desestimado la primera demanda de hábeas corpus interpuesta por los abogados del empresario colombiano, la cual alegaba un “encarcelamiento ilegal” en el marco de su detención, la cual tuvo lugar el pasado 12 de junio.
El martes, una fuente federal señaló al diario colombiano El Tiempo que las autoridades de Cabo Verde ya habrían aceptado formalmente el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.
“La semana pasada se terminaron de traducir todos los documentos y Cabo Verde ya le notificó a Estados Unidos que aceptó el proceso de extradición, el cual se resolverá en los próximos días”, dijo la fuente federal.
Sin embargo, si finalmente la justicia del país africano termina tomando esa decisión, la defensa de Saab puede apelarla.
El empresario colombiano fue detenido en Cabo Verde el 12 de junio, cuando el avión privado en el que viajaba se detuvo para repostar combustible, en el marco de lo que el régimen venezolano describió como una misión humanitaria. Sin embargo, el objetivo de su viaje era continuar las negociaciones con el régimen de Irán para el envío de más combustible a Venezuela.
Acusado de los delitos de lavado de dinero y corrupción, Saab tenía pedido de captura de Interpol por solicitud de Estados Unidos. La defensa del empresario colombiano insistió en señalar la supuesta discrepancia entre la fecha del arresto y la emisión de la alerta roja de Interpol, alegando que el arresto ocurrió el 12 de junio y la alerta roja se emitió al día siguiente.
Tras su detención, el régimen de Maduro reaccionó señalando que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno, que se encontraba “en tránsito” para volver al país.
Si bien Cabo Verde no tiene acuerdo de extradición con Estados Unidos, semanas atrás el procurador general del país, José Landim, aclaró: “Cabo Verde no tiene un acuerdo bilateral de extradición con Estados Unidos, pero está vinculado a las convenciones de Naciones Unidas que le obligan a cumplir con la solicitud, si se hace”.
Saab, de 48 años, origen libanés y nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares”.
También es sospechoso de ayudar a Maduro a organizar un intercambio con Irán como parte de un plan que ha traído petróleo, trabajadores y suministros a Venezuela a cambio de unas 9 toneladas de oro por un valor de US$500 millones. El mes pasado, el abogado de Saab negó que su cliente tuviera participación en los eventos y lo describió como un “empresario de negocios de alimentos”.
Saab fue parte integral de un exitoso esfuerzo para fortalecer la relación de Venezuela con Turquía, con envíos de, al menos, 900 millones de dólares en oro al país en 2018. Funcionarios estadounidenses sostienen que parte del metal llegó a Teherán, en violación de las sanciones.
Washington también presentó cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela. Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
Por esa razón, Saab y Pulido tienen una causa abierta por conspiración para blanquear dinero desde 2019 en los tribunales federales del distrito sur de Florida, y el juez Robert N. Scola Jr. los declaró prófugos de la Justicia el 26 de agosto del año pasado.
Su detención ocurrió después de que el pasado día 9 la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de expropiación de ocho inmuebles que “harían parte del patrimonio ilícito” de Saab. Según la Fiscalía, esos bienes tienen un valor de 35.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) y están en Barranquilla.
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