La gasolina en Venezuela escasea desde hace semanas y, para poder recargar, es necesario hacer filas de horas, en ocasiones días, sin que esto sea garantía de poder llenar el tanque completo de un vehículo. Kilométricas colas de vehículos se forman en estaciones de servicio en Caracas, que se había mantenido a salvo del desabastecimiento de combustible que afecta hace años a amplias regiones del país, especialmente en las fronteras.
Sin embargo, la escasez se agravó durante la cuarentena decretada en marzo pasado por el dictador Nicolás Maduro ante la pandemia del COVID-19, lo que derivó en un mercado negro en el que un litro de gasolina llega a venderse por cuatro dólares, en contraste con las irrisorias tarifas oficiales.
Ante esta situación, el chavismo buscó ayuda en el régimen de Irán. Un total de cinco petroleros de la nación persa partieron en las últimas semanas rumbo a Venezuela cargados con 1,5 millones de barriles de gasolina.
En un intento más por frenar los lazos entre Irán y Venezuela, fiscales federales de Estados Unidos presentaron una demanda anoche para incautar cuatro tanques de gasolina que Irán está enviando a Venezuela, con el objetivo de sofocar los flujos de bienes y dinero que ayudan a mantener a dos de sus principales enemigos.
De acuerdo a lo que informó The Wall Street Journal, al presentar una queja de decomiso civil, los fiscales norteamericanos tienen como meta no solo evitar la entrega del combustible iraní a Venezuela, que comenzó el mes pasado, sino también privar a Teherán de los ingresos de la carga y disuadir futuros envíos.
Esta acción es la última de una serie de medidas que Estados Unidos ha tomado contra Irán y su aliado Venezuela, como parte de una amplia operación para presionar a los regímenes de Teherán y Caracas para que cumplan con las demandas estadounidenses.
Según el medio citado, Zia Faruqui, fiscal federal para el Distrito de Columbia, alegó en la demanda que un empresario iraní afiliado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica organizó las entregas de combustible a través de una red de compañías fantasma para evitar la detección y evadir las sanciones de EEUU.
Las ganancias de las ventas de petróleo “apoyan la gama completa de actividades nefastas de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluida la proliferación de armas de destrucción masiva y sus medios de entrega, apoyo al terrorismo y una variedad de abusos contra los derechos humanos, en el país y en el extranjero“, afirmó Faruqui, según declaraciones recogidas por The Wall Street Journal.
El mismo diario consignó que los fiscales manejan la información de que el empresario iraní Mahmoud Madanipour utilizó compañías con sede en los Emiratos Árabes Unidos para manejar las ventas, falsificando el origen del combustible y organizando transferencias peligrosas en el medio del mar. Madanipour también había tratado de organizar entregas a China y Malasia, agregaron los investigadores estadounidenses.
Los fiscales también subrayaron que Irán aún tiene vínculos financieros con otros países, a pesar de la campaña de presión de Estados Unidos. Un representante que actúa en nombre de los compradores chinos supuestamente le preguntó a Madanipour si los pagos por el crudo iraní podrían hacerse en otros destinos, sugiriendo a Omán o Dubai como una forma de evitar las sanciones estadounidenses. “Podemos recibir pagos en Omán, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Italia y Alemania”, habría respondido Madanipour.
Con la llegada a la presidencia de Venezuela de Hugo Chávez en 1999, las relaciones entre Teherán y Caracas se estrecharon, tendencia que ha seguido profundizando el régimen de Maduro. “El gobierno de Estados Unidos fue obligado a respetar el derecho al libre comercio entre países”, dijo desafiante al canal estatal VTV el embajador de Irán en Venezuela, Hojjatollah Soltani, apenas acordado el pacto entre los países para el envío de combustible.
Washington desconoce la reelección de Maduro en 2018 al denunciarla como fraudulenta. Reconoce, en cambio, junto a medio centenar de gobiernos de todo el mundo, al líder legislativo Juan Guaidó como presidente interino. Justamente Guaidó denunció que Venezuela pagó el combustible iraní con “oro de sangre”, extraído ilegalmente en las minas de sur del país.
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