Repudio generalizado a la expulsión de Venezuela de la embajadora de la Unión Europea por parte del régimen de Nicolás Maduro

Los Gobiernos de Colombia, Paraguay y Bolivia condenaron la medida de la dictadura. Las administraciones de Abdo Benítez y Duque, además, destacaron la necesidad de "trabajar para el cese de la tiranía"

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El presidente de Venezuela, Nicolás
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (EFE/ Miguel Gutiérrez/ archivo)

Distintos Gobiernos latinoamericanos condenaron este lunes la expulsión de Venezuela de la embajadora de la Unión Europea por parte del régimen de Nicolás Maduro, luego de que el bloque supranacional comunicara nuevas sanciones a once miembros de la dictadura. Al momento en que este artículo está siendo escrito, se cuentan, entre ellos, Colombia, Paraguay y Bolivia.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la administración de Iván Duque indicó, a su vez, que renueva su llamado a la comunidad internacional para que cese la tiranía en el “país hermano”.

Un mensaje similar fue emitido por su homólogo paraguayo, que indicó que “deplora la decisión del régimen ilegal de expulsar a Isabel Brilhante” e insta a “continuar trabajando en pro del cese de la tiranía y de propiciar el retorno de la democracia en ese país”.

El Gobierno interino de Jeanine Áñez, en tanto, respaldó la condena con un comunicado propio, e indicó que “reafirma, asimismo, su apoyo a la Unión Europea, en los múltiples esfuerzos que realiza para lograr una solución pacífica y democrática a la crisis de Venezuela”.

Maduro anunció la expulsión, por la tarde, en un mensaje televisado. “La Unión Europea sigue teniendo la actitud arrogante de creerse superior a nosotros, y desde allá determinar quién se porta bien y quién se porta mal”, expresó, dándole 72 horas a la diplomática para que abandone el país caribeño.

“Desde Venezuela hablamos claro y duro a la Unión Europea. No le tenemos miedo a nadie. Entonces la UE hoy sacó una resolución en la que la supremacista UE sanciona a aquellos venezolanos que, formando parte de instituciones del Estado, defienden la Constitución. ¿Quiénes son ellos para imponerse con la amenaza? ¡Ya basta!”, agregó.

Por la mañana, la UE había sancionado a once diputados de la Asamblea Nacional que, bajo las órdenes del Maduro, intentaron tomar el control del órgano legislativo venezolano el pasado mes de enero, para, así, arrebatarle el cargo a Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente interino del país por más de sesenta países.

Entre ellos se destaca Luis Parra, quien se autoproclamó presidente de la Asamblea Nacional pese a no tener los votos necesarios. Además de Parra, los otros funcionarios sancionados son José Ornelas Ferreira, Gladys del Valle Requena, Tania Díaz González, Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, Juan José Mendoza Jover, Jorge Eliezer Márquez Monsalve, Frank Mora Salcedo y Dinora Bustamante Puera.

“Las personas agregadas a la lista son responsables, en particular, de actuar contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, incluso despojando la inmunidad parlamentaria de varios de sus miembros, entre ellos, su presidente, Juan Guaidó. Las acciones que motivan la decisión de inclusión también incluyen iniciar enjuiciamientos por motivos políticos y crear obstáculos para una solución política y democrática para la crisis en Venezuela, así como graves violaciones a los derechos humanos y restricciones a las libertades fundamentales, como la libertad de prensa y expresión”, señala un comunicado del Consejo Europeo de la UE.

Con esta medida, ya son 36 los funcionarios chavistas bajo sanciones de la UE, que incluyen una prohibición de viajar y un congelamiento de activos en el territorio. “Estas medidas se dirigen a individuos y no afectan a la población en general”, aclaró la UE.

Venezuela se convirtió, en 2017, en el primer país latinoamericano sancionado por la UE que, desde entonces, ha impuesto un embargo de armas, así como sanciones contra 25 funcionarios venezolanos, los últimos siete, en septiembre, por “torturas” y “violaciones de derechos humanos”. Esas sanciones fueron prorrogadas a fines de noviembre de 2019 hasta el 14 de noviembre de 2020, ante las “acciones persistentes que socavan la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos” en Venezuela.

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