Luego de que la Unión Europea (UE) anunciara el lunes sanciones contra 11 funcionarios del régimen chavista, este martes Gran Bretaña indicó que tomará las mismas medidas que el bloque supranacional al que dejó de pertenecer el último 31 de enero.
“Estas nuevas sanciones (las impuestas por la UE), que Gran Bretaña también adoptará, muestran que no se tolerarán las violaciones de los derechos humanos y el desprecio por la democracia en Venezuela”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, en su cuenta de Twitter.
“Seguiremos trabajando con los socios europeos y en nuestro propio régimen de sanciones independiente para defender nuestros valores”, agregó el jefe de la diplomacia británica.
Raab hacía referencia al hecho que la Unión Europea sancionó este lunes a Luis Parra y a otros diez diputados de la Asamblea Nacional (AN) que, bajo las órdenes del dictador Nicolás Maduro, intentaron tomar el control del órgano legislativo venezolano el pasado mes de enero, para así arrebatarle el cargo a Juan Guaidó, quien es reconocido presidente interino del país por más de sesenta países.
Además de Parra, los otros funcionarios sancionados son: José Ornelas Ferreira, Gladys del Valle Requena, Tania Díaz González, Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, Juan José Mendoza Jover, Jorge Eliezer Márquez Monsalve, Frank Mora Salcedo y Dinora Bustamante Puera.
“Las personas agregadas a la lista son responsables en particular de actuar contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, incluso despojando la inmunidad parlamentaria de varios de sus miembros, entre ellos, su presidente, Juan Guaidó. Las acciones que motivan la decisión de inclusión también incluyen iniciar enjuiciamientos por motivos políticos y crear obstáculos para una solución política y democrática a la crisis en Venezuela, así como graves violaciones a los derechos humanos y restricciones a las libertades fundamentales, como la libertad de prensa y expresión”, señaló el Consejo Europeo de la UE.
Horas después del anuncio, Maduro expulsó a la embajadora de la Unión Europea en el país, Isabel Brilhante Pedrosa. El régimen le dio a la diplomática 72 horas para abandonar Venezuela. “Nos arreglaremos, se le presta un avión para que se vaya”, dijo el dictador chavista.
“Venezuela tiene que hacerse respetar. Hoy un grupo de funcionarios de la UE se reunieron para analizar la situación de Venezuela en la mayor tradición colonial, intervencionista, supremacista (...) La Unión Europea sigue teniendo la actitud arrogante de creerse superiores a nosotros y desde allá determinar quién se porta bien y quién se porta mal”, agregó.
Esta decisión de Maduro provocó un repudio generalizado. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, condenó este martes la expulsión de Brilhante, y aseguró que se tomarán “las medidas necesarias habituales de reciprocidad”.
“Condenamos y rechazamos la expulsión de nuestra embajadora en Caracas”, manifestó el diplomático español en un tuit esta mañana, en el que subrayó que habrá una respuesta recíproca.
En palabras del alto representante, “sólo una solución negociada entre venezolanos permitirá al país salir de su profunda crisis”.
Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE que, desde entonces, ha impuesto un embargo de armas, así como sanciones contra 36 funcionarios venezolanos, por “torturas” y “violaciones de derechos humanos”. Las sanciones aplicadas en septiembre pasado fueron prorrogadas a fines de noviembre de 2019 hasta el 14 de noviembre de 2020 ante las “acciones persistentes que socavan la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos” en Venezuela.
Entre las figuras del régimen sancionadas por Bruselas se encuentran el presidente del Supremo chavista, Maikel Moreno, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tareck William Saab, y la ahora ex presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena.
Con esta medida, ya son 36 los funcionarios chavistas bajo sanciones de la UE, que incluyen una prohibición de viajar y un congelamiento de activos. “Estas medidas se dirigen a individuos y no afectan a la población en general”, aclaró la UE.
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