Siete países se abstuvieron de condenar en la OEA el nuevo golpe de Maduro que impide elecciones libres en Venezuela

La Organización de Estados Americanos aprobó ayer la resolución en la que se condena “el continuo acoso ejercido por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro contra las funciones que las leyes venezolanas le otorgan a la Asamblea Nacional y contra el funcionamiento de los partidos políticos e instituciones democráticas en Venezuela, contrario a lo establecido en la Carta Interamericana”.

Con 21 votos a favor, 7 abstenciones y 6 países ausentes, el Consejo Permanente de la OEA decidió rechazar y desconocer “la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia, así como la ilegal designación de las directivas de los partidos políticos Primero Justicia y Acción Democrática”.

Con esta contundente resolución, la OEA se sumó a la Unión Europea, Estados Unidos, el Grupo de Contacto Internacional y el Grupo de Lima en el rechazo a las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el régimen de Maduro, que arrebató las funciones del Parlamento y designó nuevas autoridades comiciales afines al chavismo para convocar elecciones fraudulentas. Sin embargo, Argentina decidió abstenerse.

En el documento adoptado por la OEA, se exige al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro “que respete las prerrogativas de la Asamblea Nacional, cese la usurpación de sus funciones, y se abstenga de interferir en el funcionamiento de los partidos políticos independientes”.

Además se advierte que "este tipo de acciones constituyen un obstáculo para la restauración de la democracia en Venezuela y el Estado de Derecho, que solo se pueden conseguir a través de la celebración de elecciones justas, libres y transparentes, con un Consejo Nacional Electoral independiente y un Tribunal Supremo de Justicia imparcial, y con observación internacional independiente".

Finalmente, la resolución aprobada urge al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro a liberar inmediatamente a todos los presos políticos, incluidos los diputados de la Asamblea Nacional, y cesar de inmediato toda detención, persecución y encarcelamiento arbitrario, y hace un llamado a todos los actores políticos en Venezuela para que inicien y lleven a cabo un proceso decidido de transición pacífica y democrática en la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con las leyes nacionales y su Constitución, así como lo establecido en la Carta Democrática Interamericana y la Carta de la OEA.

A favor de la resolución condenatoria votaron El Salvador, EEUU, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela,Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador. 

La decisión no tuvo opiniones en contra pero sí ausentes, a seis clásicos aliados del régimen de Maduro: Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica.

Y los siete que se abstuvieron fueron Argentina, México, Grenada, Guyana, Surinam, Trinidad y Tobago y Belice.

La representante diplomática de la Asamblea Nacional en Argentina, embajadora Elisa Trotta Gamus, agradeció a los 21 países que reafirmaron su apoyo a la lucha por elecciones libres en Venezuela. "Las pruebas de lo que ocurre en Venezuela son muchísimas y contundentes. No existe una 'disputa entre dos bandos', sino el clamor de todo un país contra un pequeño grupo que usurpa el poder, protegidos por las armas de aquellos que han asesinado, torturado y desaparecido a miles", manifestó.

Trotta Gamus, sin embargo, condenó la neutralidad de quienes se abstuvieron: “Desmond Tutu dijo una vez: ‘Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor’. No permitamos que más venezolanos mueran a causa de una crisis provocada por quienes los asesinan si protestan. Seamos parte, todos, de una solución verdadera y rápida”.

Esta es la segunda resolución sobre Venezuela en la que el gobierno argentino de Alberto Fernández y el mexicano de Andrés Manuel López Obrador se abstienen. El 10 de enero pasado se negaron a apoyar la resolución que condenaba el uso de la fuerza en contra de la Asamblea Nacional, cuando la dictadura chavista usó las fuerzas militares para impedir el ingreso de Guaidó y 100 diputados opositores al Palacio Legislativo para evitar que el presidente interino renovara su mandato al frente del Parlamento.

La designación del nuevo CNE por parte del TSJ chavista tuvo lugar el viernes de 12 junio y de cara a las elecciones parlamentarias que se celebrarán en diciembre de este año, a pesar de que esta decisión le corresponde a la Asamblea Nacional, con mayoría opositora.

La corte chavista designó a Indira Maira Alfonzo Izaguirre, como rectora principal y presidenta del máximo ente comicial; Rafael Simón Jiménez Melean, como rector principal y vicepresidente del CNE; Tania D’Amelio Cardiet, como rectora principal; Gladys María Gutiérrez Alvarado, como rectora principal y José Luis Gutiérrez Parra, como rector principal, de acuerdo al comunicado oficial.

Además, designó como rectores suplentes a Abdón Rodolfo Hernández Rodríguez, Alex David Said Díaz Padrón, Carlos Enrique Quintero Cuevas, Jennycet Caroliska Villalobos, Juan Carlos Delpino Boscán, Luis Delfín Fuenmayor Toro, Fanck Antero Pic Durán, Gloria Adelaida Muñoz, Deyanira Briceño y Eleusis Aly Borrego.

Los rectores del CNE son quienes deben velar por la transparencia en las elecciones y la dictadura de Maduro quiere asegurarse esos puesto de cara a futuros comicios. Con esta decisión, se dejó a la Asamblea Nacional sin una de sus atribuciones legales para nombrar a las autoridades electorales, y se cerró el proceso de acercamiento que se venía adelantando entre las bancadas de la oposición y el gobierno para lograr unos candidatos al CNE de consenso.

Quiénes son los rectores designados por el chavismo

Indira Alfonzo, nueva presidenta del CNE, fue en 2014 Magistrada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y en 2017 se convirtió en Primera vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia. Un año después fue sancionada por el gobierno canadiense.

Tania D’Amelio, en cambio, ya era rectora principal del Consejo Nacional Electoral. Entre 2000 y 2010 fue diputada por el estado Vargas y entre 2009 y 2013 formó parte de la Junta Nacional Electoral y la Comisión de Registro Civil y Electoral. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la sancionó en 2017 y Panamá lo hizo en 2018.

Gladys Gutiérrez fue embajadora en España en 2002 y en 2005 fue electa diputada suplente de Ibrahín Velázquez, quien fuese en ese momento alcalde en el estado Nueva Esparta. Llegó en 2006 a ser Procuradora General de la República y en 2010 se convirtió en Integrante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Un año después se convirtió en representante del Poder Judicial ante la “Misión Justicia Socialista”.

En 2017 llegó a ser presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y en 2018 fue sancionada por Panamá. Finalmente, este año llegó a ser magistrada del Tribunal Supremo de Justicia.

Rafael Simón Jiménez fue electo diputado por estado Barinas en 1998. En 2002 se convirtió en Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional y un año después fundó del movimiento VAMOS. En 2006 se hizo miembro de la dirección de la campaña electoral de Manuel Rosales y 2007 se unió a Un Nuevo Tiempo. Un año después fue candidato a la gobernación del Estado Barinas.

José Luis Gutiérrez es un abogado especializado en Derecho Administrativo y hermano de Bernabé Gutiérrez, a su vez un militante de Acción Democrática.

Finalmente, el nuevo rector suplente, la designación del cirujano Luis Fuenmayor Toro fue doblemente polémica, primero por ilegal, y segundo por su controvertido historial, que incluye la negación del Holocausto y una denuncia de abuso sexual de su propio hijo.

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