El coronavirus no frenó el asesinato y tráfico de personas del ELN y los paramilitares en la frontera de Venezuela: registraron al menos 151 delitos

Los habitantes de la frontera saben que la guerrilla y los paramilitares avanzan, territorio adentro, cuando en una finca de la aldea El Salado, sector Alto Grande, a pocos kilómetros del pueblo de Rubio, capital del fronterizo municipio Junín del Táchira, y de un puesto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, asesinan el domingo, en plena celebración del día del padre, a Yelizmar Shymara Giménez Parra. La excusa es que la joven era lugarteniente del jefe de la guerrilla en la zona y que quienes la asesinan son paramilitares, quienes vestían de negro y tendrían brazaletes con el nombre “Los Rastrojos”.

Ese es apenas un hecho ocurrido, aun cuando hay medidas de seguridad y fuertes restricciones por las medidas sanitarias por el COVID-19. El profesor Javier Tarazona y su equipo de Fundaredes, lo alertaron en su más reciente informe “Restricciones por covid-19 no frenan acción de grupos armados irregulares en la frontera de Venezuela”. Las medidas ante el virus “no ha impedido a los grupos armados irregulares, que mantienen una pugna por el control de los territorios fronterizos en Venezuela, seguir actuando y causando zozobra en los habitantes de las comunidades ubicadas a lo largo de la frontera con Colombia”.

El mayor impacto lo está recibiendo la frontera, especialmente Apure, Táchira, Zulia y Bolívar que, en caso de los tres primeros, con el cierre de pasos formales con Colombia “se convirtió en el acelerador inmediato de la violencia en estas zonas limítrofes”, dice el director general de Fundaredes, profesor Javier Tarazona, quien destaca que durante la cuarentena se han registrado 151 hechos: enfrentamientos armados, desapariciones de personas, asesinatos, con desmembramiento de cuerpos, heridos y otros delitos como el tráfico de personas, extorsión y contrabando.

“Durante el tiempo de cuarentena ha habido más víctimas, por homicidios en las zonas fronterizas, a manos de grupos armados irregulares de origen colombiano, que personas muertas a consecuencia del coronavirus en todo el país”.

Destacan que a finales de abril el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos paramilitares retomaron la confrontación por el dominio del territorio en el Zulia. “FundaRedes documentó, mediante testimonios, que esa agrupación mantiene un batallón con más de 100 hombres fuertemente armados en las adyacencias de la hacienda El Catatumbo, controla el kilómetro 23 vía a Encontrados, El Guayabo, Casigua El Cubo, así como también los sectores Madre Vieja, La Motilona y Caño 14, donde incluso tomaron la escuela. Muchos productores abandonaron las tierras ante las incursiones violentas de esta célula guerrillera”.

En el caso de los paramilitares, el grupo “Los Rastrojos se instaló en 22 fincas de esa localidad, las cuales ya venía despojando a sus dueños progresivamente. Residentes señalan que existe una alcabala en el kilómetro 33 en esa misma jurisdicción donde se encuentran apostados efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército, quienes tienen conocimiento, incluso con demarcaciones en un mapa, de dónde están los asentamientos de estos irregulares; sin embargo, no ha habido acciones contundentes para impedir sus operaciones”.

Mentiras

En Táchira, voceros oficiales anunciaron el despliegue de 3.500 efectivos militares y reducción del 99% del paso ilegal a través de la frontera. Pero solo en abril y mayo, con mayor presencia militar y policial, dos personas fueron asesinadas en los pasos ilegales y otras 12 fueron reportadas como desaparecidas, entre ellos “el joven tachirense Michell Andrés García Flores, que fue, a La Parada (Colombia), a comprar un pollo para su familia, pero nunca regresó. Quienes iban con él contaron que eran hombres armados con aspecto de guerrilleros, según dijeron familiares al diario colombiano La Opinión”.

Otro hecho relevante fue el ocurrido el 8 de abril en Libertad, municipio Capacho Viejo, Táchira, cuando integrantes del ELN se presentaron en instalaciones del colegio Santa Mariana de Jesús para presionar a que se recibieran migrantes y uno de ellos apuntó con su fusil a una monja que lo enfrentó. El caso lo denunció Fundaredes el 6 de mayo del 2020 ante la Fiscalía General de la República.

“La organización pudo confirmar, mediante diversos testimonios recabados en abril del 2020 que, en el sector La Cristalina, que abarca parte de los municipios Capacho Viejo y Lobatera del estado Táchira, está establecida una célula del ELN bajo las órdenes de una mujer, Comandante Selva, quien extorsiona a productores agrícolas y demás habitantes pidiéndoles ganado, siembras y terreno para resguardarse a cambio de protección”, resalta el informe de Fundaredes.

“En el contexto de la cuarentena se han movilizado a esta zona cerca de 90 hombres fuertemente armados que han ocupado espacios en algunas fincas y presionan para pernoctar en las casas de las unidades de producción cercanas”.

Por otra parte, en la fronteriza población de Boca de Grita, municipio García de Hevia, Táchira, desde febrero “se han registrado enfrentamientos por el control de los pasos ilegales. Según testimonios recogidos por FundaRedes, en la disputa participan, además de la guerrilla y otros grupos armados irregulares, efectivos del Ejército venezolano (”los boinas rojas”) y la Guardia Nacional Bolivariana. La intensidad de los combates desplazó a unas 200 familias hacia la vecina población de Puerto Santander, en Colombia, el 22 de abril de 2020″.

“El 5 de mayo los habitantes de los barrios Cayetano Redondo, La Lagunita y La Invasión, en San Antonio del Táchira, municipio Bolívar, fueron afectados durante horas por una intensa balacera que dejó dos personas heridas. FundaRedes documentó los hechos mediante relatos y videos de testigos que no quieren ser identificados, pues temen por sus vidas ante las amenazas y advertencias de los grupos irregulares”.

Guerrilla e indígenas

“En Amazonas, la presencia del ELN es cada vez más evidente en Puerto Ayacucho, Puerto Páez y San Fernando de Atapabo, poblaciones ubicadas sobre los márgenes del río Orinoco, donde el índice de criminalidad es mayor al registrado oficialmente”.

“El diputado a la Asamblea Nacional y presidente del Parlamento Amazónico, Romel Guzamana, alertó el 2 de junio sobre la incursión de las FARC, ELN y Hezbollah en comunidades indígenas al sur del país. Denunció que estas organizaciones manejan el contrabando de combustible, minería ilegal y narcotráfico en la zona, y que tienen el control de la Amazonía”.

En el caso del estado Apure, “productores agropecuarios afirmaron que son víctimas de una nueva forma de violencia que surgió de alianzas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con algunos miembros de las etnias indígenas Yaruro y Cuiba quienes, con el uso de arcos y flechas, se han constituido como nuevos brazos armados de la guerrilla para amenazar, extorsionar e incluso asesinar con elevados niveles de crueldad a propietarios de fincas y productores venezolanos”.

Así ocurrió en abril con el caso de Claudio Ramón Calzadilla, propietario del fundo “La Fortaleza”, ubicado a un kilómetro del río Capanaparo, un curso de agua binacional en la frontera entre el estado Apure (Venezuela) y el departamento de Arauca (Colombia).

Calzadilla “fue interceptado por un grupo de entre 10 y 15 indígenas que lo atacaron con flechas. Pese a que intentó escapar, el hombre de 31 años de edad fue alcanzado, asesinado y descuartizado. Sus restos fueron lanzados a las aguas del río Capanaparo”.

En el estado Bolívar, “la pugna por el control de los yacimientos del Arco Minero del Orinoco mantiene enfrentados a los denominados ‘sindicatos', con los grupos de la guerrilla del ELN y las fuerzas policiales y militares. San Félix, El Callao, El Dorado y Tumeremo son algunas de las zonas asociadas a la guerra de bandas, ajustes de cuentas y presuntas ejecuciones extrajudiciales”, dice Fundaredes quien destaca que los crímenes registrados ahí evidencian altos niveles de violencia y crueldad.

FundaRedes solicitó a la Fiscalía General de la República, el 6 de mayo del 2020, que se investigue la situación en Apure, Bolívar y Amazonas. “No ha habido ninguna acción para evitar que los grupos armados irregulares de origen colombiano continúen actuando en los límites con Venezuela, así como no han sido atendidas las constantes denuncias interpuestas en los últimos años por la organización a fin de frenar estas incursiones y violaciones de derechos humanos a la población fronteriza”.

Además, el 29 de mayo de 2020, Fundaredes presentó “ante la Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas para la Determinación de los Hechos en la República Bolivariana de Venezuela un informe en el que se evidencian las violaciones de derechos humanos cometidas en el país por los grupos armados irregulares que operan con conocimiento, y algunas veces complicidad, de los cuerpos de seguridad del Estado, y cómo estos organismos a su vez actúan como fuerzas de exterminio contra la población vulnerable”.

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