El Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde rechazó este martes una maniobra del empresario colombiano Álex Saab, el presunto testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, para evitar su extradición a los Estados Unidos.
En concreto, desestimó una demanda de “hábeas corpus” interpuesta por la defensa de Saab, la cual alegaba un “encarcelamiento ilegal” en el marco de su detención el pasado 12 de junio.
Saab está acusado de lavado de dinero y tráfico de drogas, entre otros delitos, cometidos en Estados Unidos, de acuerdo a información publicada por la agencia caboverdiana Inforpress. Desde hacía tiempo era buscado por la Interpol.
El empresario colombiano, acusado también de ser testaferro del dictador Nicolás Maduro, había interpuesto el 18 de junio una demanda de “hábeas corpus” para lograr la libertad ante la Justicia de Cabo Verde, informó este martes a la agencia EFE su abogado, José Manuel Pinto Monteiro.
Según el abogado, “el detenido estaba cubierto por inmunidad de jurisdicción penal y tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde”.
Tras la detención de Saab, el régimen chavista reaccionó señalando que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno, que se encontraba “en tránsito” para volver al país.
Venezuela, recordó Pinto, "nunca eliminó el estatus de enviado especial al señor Saab, así que cuando hizo una escala en la isla de Sal, esa condición era válida y tenía inmunidad diplomática y no podía ser detenido bajo esas condiciones".
También se apoya el “hábeas corpus” en el “uso fraudulento de una alerta roja por parte de Interpol”, subrayó Pinto, que compareció este lunes ante el STJ en Praia en representación de su cliente, detenido en la norteña isla de San Vicente, adonde fue trasladado desde Sal para testificar ante una corte de apelación.
La defensa del empresario colombiano insistió en señalar la supuesta discrepancia entre la fecha del arresto de Álex Saab y la emisión de la alerta roja de Interpol, alegando que el arresto ocurrió el 12 de junio y la alerta roja se emitió al día siguiente.
Los mismos argumentos respaldan, según el letrado, el recurso presentado ante el Tribunal de Apelación en San Vicente contra la detención preventiva decretada por una corte de Sal para Saab.
El Tribunal de Apelaciones validó la semana pasada la detención preventiva del empresario, allanando así el camino para su posible extradición a solicitud de Estados Unidos, pero la defensa interpuso un recurso pendiente de contestación.
Según la ley de Cabo Verde, Estados Unidos tiene 18 días (a partir del 14 de junio, cuando se ordenó la prisión preventiva) para presentar una solicitud de extradición, según detalló el procurador general de la República, José Landim.
“Cabo Verde -añadió Landim- no tiene un acuerdo bilateral de extradición con Estados Unidos, pero está vinculado a las convenciones de Naciones Unidas que le obligan a cumplir con la solicitud, si se hace”.
Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
Saab, de 48 años, origen libanés y nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares”.
Washington también presentó cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
Por esa razón, Saab y Pulido tienen una causa abierta por conspiración para blanquear dinero desde 2019 en los tribunales federales del distrito sur de Florida, y el juez Robert N. Scola Jr. los declaró prófugos de la Justicia el 26 de agosto del año pasado.
Su detención ocurrió después de que el pasado día 9 la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de expropiación de ocho inmuebles que "harían parte del patrimonio ilícito" de Saab.
Según la Fiscalía, esos bienes tienen un valor de 35.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) y están en Barranquilla.
Con información de EFE
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